El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dicta búsqueda y captura contra el empresario, amenazado con cadena perpetua mientras enfrenta causas judiciales en Francia y evade el bloqueo ruso.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha anunciado este miércoles la imputación formal y la declaración en busca y captura internacional de Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram.
La inteligencia rusa acusa al empresario de colaborar con actividades terroristas al negarse a eliminar de la plataforma canales, chats y usuarios que, según Moscú, son utilizados por los servicios de inteligencia ucranianos para coordinar ataques, atentados y actos de sabotaje en suelo ruso.
La acusación contra Dúrov conlleva penas severas. De acuerdo con el abogado ruso Vladímir Zherebenkov en declaraciones a la agencia TASS, la gravedad del delito imputado podría acarrear la pena de cadena perpetua en caso de que el empresario sea hallado culpable. Las autoridades rusas sopesan dictar su arresto en ausencia para formalizar la petición de extradición a través de la red de Interpol.
Por el momento, Telegram ha reaccionado a través de su cuenta oficial en la red social X publicando una icónica y desafiante fotografía del propio Dúrov haciendo un gesto obsceno hacia la cámara; una imagen utilizada originalmente en 2011 ante los intentos de absorción de su primera gran red social por parte del entorno empresarial afín al Kremlin.
Según los comunicados emitidos por el FSB, la negativa de Telegram a acatar las leyes locales ha permitido la proliferación de contenidos controlados por inteligencia ucraniana, organizaciones extremistas y redes de ciberdelincuencia. La entidad asegura que estas actividades han derivado en numerosas víctimas, incluyendo a mujeres y menores de edad, así como en daños materiales multimillonarios provocados por incendios y ataques a infraestructuras clave de transporte, energía y comunicaciones.
Entre los métodos descritos por la inteligencia rusa se encuentran diversos esquemas de extorsión donde agentes ucranianos utilizaban identidades falsas para recibir transferencias de dinero de las víctimas, para posteriormente chantajearlas con denunciarlas por financiar al enemigo si no ejecutaban sabotajes o ataques a agentes del orden. Paralelamente, la entidad señala el uso de plataformas de citas integradas en la red social; en particular, el FSB asegura haber detenido en el último año a 46 jóvenes de entre 18 y 22 años que terminaron involucrados en actos de sabotaje tras ser captados mediante el chatbot de citas Daivinchik/Leo.
Debido a estos y otros incumplimientos normativos, Rusia ha impuesto a la plataforma multas de hasta 100 millones de rublos (unos 1,1 millones de euros) desde comienzos de año y ha intensificado la ralentización y bloqueo de sus servicios desde agosto de 2025. Pese a estas restricciones, la población rusa continúa accediendo masivamente a Telegram mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), ignorando alternativas promovidas por el Estado como la aplicación nacional MAX.
Nacido en San Petersburgo hace 41 años y exiliado en Dubái —donde se ubica la sede central de Telegram—, Dúrov se ha consolidado como un referente de la ideología libertaria y de la defensa de la privacidad en internet. Su historial de desencuentros con el poder político comenzó en 2006 con la creación de Vkontakte (VK), el equivalente ruso a Facebook. En 2014, tras negarse a censurar a los grupos de la oposición que organizaron las protestas antigubernamentales de 2011, fue forzado a vender sus acciones a empresarios afines a Vladímir Putin.
Con la posterior creación de Telegram en 2013, que en la actualidad supera los 1.000 millones de usuarios mensuales a nivel global, Dúrov instauró un modelo basado en la neutralidad de la red y en estándares de cifrado desarrollados por su hermano Nikolái. No obstante, el estricto nivel de privacidad de la plataforma —que incluye chats secretos y supergrupos de hasta 200.000 personas— no solo ha servido de refugio a disidentes en Hong Kong o Bielorrusia, sino que también ha levantado recelos y restricciones legales en países como Alemania, España, Brasil, Irán, India o Países Bajos.
Esta férrea política de no intervención también le ha acarreado consecuencias judiciales en Occidente.
En 2024, el empresario —que ostenta la nacionalidad francesa desde 2021— fue arrestado al aterrizar en territorio galo bajo la acusación de no frenar la proliferación de redes criminales en su plataforma, vinculadas al tráfico de drogas, abuso infantil y fraude. Tras abonar una fianza de 5 millones de euros, Dúrov permanece actualmente en libertad condicionada bajo investigación en Francia, estando obligado a presentarse de forma periódica ante las autoridades judiciales de ese país mientras mantiene su postura firme contra la censura estatal y lo que califica como una "caza de brujas" contra las libertades digitales.