17 de mayo 2024
29 de marzo 2024 - 16:29hs

Dos personas enviadas a la prisión cántabra de El Dueso, acusadas de contratar a un sicario para matar a un hombre, se han cambiado de sexo y han sido ingresadas en un pabellón mixto del centro penitenciario

A su llegada al penal, estas dos personas se negaron a ser cacheadas por un hombre, alegando que eran mujeres, como así constaba en su DNI En ese momento, al no disponer aún de un protocolo para estos casos, surgió la duda de si enviar a estas personas al pabellón masculino o al femenino. Finalmente, se decidió que fueran a un pabellón mixto, que acaba de ser inaugurado tras una rehabilitación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander decretó la semana pasada prisión provisional incondicional para estas dos personas, detenidas en la capital cántabra por su presunta implicación en una tentativa de homicidio, por una agresión que tuvo lugar en Madrid.

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Según informaron a EFE fuentes judiciales, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, que sigue un procedimiento por delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves, obstrucción a la justicia y amenazas, entre otros.

En el marco de esta investigación hubo un tercer detenido, que fue puesto en libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente en el juzgado

Qué establece la ley trans

La norma que regula el módulo en el que deben encontrarse las personas trans es la instrucción 7/2006 de Integración Penitenciaria de Personas Transexuales. Además, esta es la que decide quién realiza los cacheos, cambios de nombre o el acceso a las instalaciones de uso colectivo, entre otros.

La petición de cambio se realiza en el Registro Civil por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y tiene que ser ratificada en un plazo máximo de tres meses.

La ley permite que en seis meses una persona trans puede solicitar volver a su sexo original de la misma manera que lo pidió. En el caso de que quisiera modificarlo por tercera vez, entonces tendría que pasar por un juez, quien dirimiría si hay visos de un fraude de ley.

EFE

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