4 de diciembre 2024 - 13:37hs

El caso judicial que enfrenta a Juana Rivas y su exmarido, Francesco Arcuri, ha dado un giro dramático tras las fuertes declaraciones de su hijo mayor, Gabriel, quien, en un vídeo publicado en redes sociales, ha hecho un desgarrador llamamiento para proteger a su hermano pequeño, quien sigue conviviendo con su padre a pesar de las denuncias previas de maltrato. Esta denuncia pone de nuevo en evidencia la complejidad del caso y la vulnerabilidad de los menores en situaciones de custodia compartida, especialmente cuando las acusaciones de abuso son recurrentes.

El Testimonio de Gabriel: "Mi Hermano Está en Riesgo de Muerte"

Gabriel, quien tiene 18 años, ha grabado un vídeo en el que relata con angustia la situación de su hermano menor, quien continúa viviendo con Francesco Arcuri, a pesar de las denuncias de maltrato que la familia ha interpuesto durante años. Según el joven, su hermano teme por su vida y está siendo expuesto a situaciones de abuso dentro de un hogar que, según él, sigue siendo peligroso. "Mi hermano está en riesgo de muerte", afirma Gabriel, señalando que su hermano está viviendo con el hombre al que ellos acusan de maltratarles en el pasado.

Este mensaje, cargado de desesperación, ha alcanzado gran repercusión pública, puesto que resalta la gravedad de la situación de los menores y pone en duda la eficacia de las decisiones judiciales en el caso. El vídeo, que ha sido difundido a través de las redes sociales, pone en evidencia la falta de protección efectiva para los niños en el contexto de una custodia compartida, incluso cuando existen denuncias previas de violencia doméstica.

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El hijo mayor de Juana Rivas

El Contexto Judicial: La Batalla por la Custodia

El caso de Juana Rivas y Francesco Arcuri lleva años siendo un tema controvertido en España e Italia. El conflicto comenzó cuando Rivas denunció a su exmarido por abuso físico y psicológico hacia ella y sus hijos. En 2017, Juana Rivas fue detenida por desobedecer una orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos a Arcuri, quien en ese momento tenía la custodia compartida. Este hecho desencadenó una gran batalla judicial y mediática que atrajo la atención internacional.

A pesar de las denuncias de maltrato y de la lucha constante de Juana Rivas por obtener una custodia exclusiva, los tribunales han mantenido la custodia compartida de los niños, una decisión que sigue siendo cuestionada por muchos, especialmente después de las recientes declaraciones de Gabriel.

La Fiscalia Italiana y las Nuevas Acusaciones de Maltrato

El vídeo de Gabriel coincide con una nueva acusación de la Fiscalía italiana contra Francesco Arcuri, quien ahora enfrenta cargos de maltrato hacia los hijos que tiene con Juana Rivas. Esta acusación ha revitalizado el caso, ya que pone de manifiesto la gravedad de las denuncias que han sido ignoradas por las autoridades judiciales en los años anteriores.

Según la Fiscalía, Arcuri continúa ejerciendo violencia contra los menores, una situación que, según los testimonios, no ha cambiado a pesar de los esfuerzos judiciales. La denuncia pública de Gabriel y la acusación de la Fiscalía subrayan la importancia de revisar las decisiones judiciales en este tipo de casos, donde el bienestar y la seguridad de los niños deberían ser la principal prioridad.

La Imposibilidad de la Madre y el Desamparo de los Niños

El testimonio de Gabriel refleja el sentimiento de impotencia que tanto él como su madre, Juana Rivas, han experimentado durante años. A pesar de las evidencias y denuncias de maltrato, los tribunales han optado por mantener la custodia compartida, lo que ha permitido que los niños sigan viviendo con su padre. Este hecho ha generado una sensación de desamparo entre los menores y un creciente clamor por parte de la sociedad para que se revise el sistema judicial en casos de maltrato infantil.

La denuncia de Gabriel, que describe a su hermano pequeño en una situación de constante vulnerabilidad, no solo resalta las fallas en el sistema judicial, sino que también plantea la urgente necesidad de cambiar las políticas de custodia en casos de violencia doméstica, garantizando que el bienestar de los menores sea siempre lo primero.

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