En un giro que busca estrechar la alianza con los empresarios y reducir el desequilibrio en las finanzas del gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro se dispone a transferir al sector privado la gestión y la propiedad, total o parcial, de una larga lista de empresas públicas.
A finales de noviembre, Luigi Pisella, presidente de Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada en Venezuela, adelantó que ya están disponibles unas 350 empresas. El esquema contempla la venta o alianzas para que de manera conjunta “se pongan a producir de una manera eficiente”.
“No está descartado nada, incluso que el Estado quede con una parte y el capital privado con otra”, dijo Pisella, pero precisó que la operación y la gerencia estarán en manos del sector privado, algo que desde su punto de vista, “va a generar mucha confianza”.
“Lo que está planteado es que esa inversión sea nacional, después no está cerrada a la inversión extranjera, pero lo ideal es que seamos nosotros”, añadió en una rueda de prensa en la que analizó la situación del sector industrial.
Del lado del gobierno reina la opacidad. Por ahora se desconoce el nombre de las empresas, los balances auditados y la valoración de las mismas.
Alejarse de Chávez
La decisión de iniciar un proceso de privatización rompe con la política económica que aplicó el ex presidente Hugo Chávez, que tenía como objetivo minimizar al sector privado y expandir el rol del Estado.
Bajo su mando, el Estado pasó a controlar bancos, líneas aéreas, cementeras, siderúrgicas y empresas de telecomunicaciones, de electricidad y transporte mediante una agitada agenda de confiscaciones, expropiaciones, nacionalizaciones e inversiones.
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Al menos cinco estatuas de Hugo Chávez han sido destruidas en cinco de los 23 estados que conforman Venezuela.
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En el sector de alimentos obtuvo el control de 283 empresas de café, arroz, carne, pescado, harina de maíz, lácteos, frutas, fincas y empaquetadoras, entre otras.
A la expansión del Estado se sumó el control de cambio, control de precios, control en la distribución de la mercancía y control sobre las exportaciones e importaciones.
Como un presagio de la ineficiencia y las pérdidas que caracterizarían a las diversas empresas públicas, quedó la anécdota de los helados. El 20 de octubre de 2012, Chávez inauguró la fábrica de helados Coppelia, pero dos semanas después admitió la paralización de la planta.
“Yo recuerdo que hicimos el pase y comimos helado ¡hasta Fidel Castro me mandó un mensaje!”, expresó malhumorado el ex mandatario, y apeló a la lógica: “Si se va a inaugurar una fábrica ¿cómo es que nadie pensó en la materia prima?”.
El déficit de Venezuela
Tras su ascenso al poder, Maduro persistió en la política económica heredada del fallecido Chávez, pero la erupción de la hiperinflación y una larga recesión, que redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte, lo obligó a permitir la libre circulación del dólar y a no aplicar los controles.
Esta apertura ha dado paso a una frágil mejoría, donde persisten desequilibrios severos. Daniel Cadenas, director de Oikos Research, considera que con la privatización el gobierno busca reducir la brecha entre ingresos y gastos en las finanzas públicas.
No hay cifras oficiales, pero el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica calcula que el déficit fiscal es de 13% del PIB. Todo apunta a que una parte relevante corresponde a la precaria situación de empresas públicas que producen poco y tienen elevados gastos de funcionamiento.
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Chávez y su vicepresidente Nicolás Maduro, en una foto de archivo en la que todavía era el canciller
La mayor parte del déficit se está cubriendo con emisión de dinero, que genera presión inflacionaria y un agresivo incremento de los impuestos. De acuerdo con Ecoanalítica, de cada 100 dólares que las empresas generan en ingresos operativos, pagan 60 al Estado, el doble del promedio en América Latina.
Los incentivos de Maduro para privatizar empresas
El entorno no es el más apropiado para un proceso de privatización. En promedio, la manufactura privada solo está utilizando 43,8% de la capacidad instalada, mientras que en Brasil emplea 81% y en Colombia 79%.
No obstante, Cadenas explica que el interés puede estar en incrementar la participación de mercado mediante la compra total o parcial de una empresa pública que esté operativa. "Puede haber interesados en adquirir empresas para incrementar su market share, de esta manera obtienes una mayor facilidad para aumentar los precios y compensar ineficiencias", apunta.
Una posibilidad latente es que, al igual que en la Rusia de Boris Yeltsin, Maduro avance hacia un proceso de privatización poco transparente que beneficie a grupos económicos, locales o extranjeros, cercanos al gobierno.
La Ley Antibloqueo otorga poderes al gobierno para que de forma opaca, con la potestad de catalogar como confidencial determinadas transacciones, privatice o transfiera la gestión de empresas estatales al sector privado.
Las transacciones pueden permanecer ocultas “por tiempo determinado” y las autoridades “podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia”, dice la Ley.
