18 de diciembre 2024 - 16:08hs

En las cárceles de Venezuela ya se registraron las muertes de tres detenidos en las protestas que se registraron en todo el país contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una ONG que defiende derechos humanos de personas privadas de su libertad, denunció esta semana la muerte de Osgual Alexander González Pérez, un hombre de 43 años que había sido detenido el pasado 1 de agosto en el estado Lara junto a su hijo de 19 años, que continúa en prisión.

González Pérez murió el lunes en la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito, en el estado Carabobo, donde terminaron muchos de los detenidos durante las protestas que le siguieron a las elecciones presidenciales. Según el OVP, su muerte se debió a la falta de atención médica adecuada luego de presentar problemas de tensión alta y un fuerte dolor abdominal que traía consigo una dolencia hepática. En un comunicado en conjunto con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), destacan que el prisionero, de acuerdo con lo que atestiguaron sus familiares, “había presentado síntomas de depresión” luego de ser llevado a prisión y posteriormente tuvo “un fuerte dolor abdominal” que recibió un diagnóstico equivocado.

"Durante el mes diciembre fue hospitalizado por presentar un fuerte dolor abdominal, que en el penal indicaron que se trató de un cólico nefrítico, pero todo parecía indicar que se trataba de una hepatitis", publicó el OVP en su cuenta de X. "Su familia denunció que la atención médica fue tardía y que además no le daban información precisa sobre el padecimiento", añadió. Hasta el momento las autoridades del gobierno no se pronunciaron sobre el caso.

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Tres muertes en un mes

Con González Pérez, ya son tres los detenidos por las protestas que mueren en las cárceles venezolanas en menos de un mes. Su caso se sumó al de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, detenido el 2 de agosto junto con su esposa y fallecido también en el penal de Tocuyito tan solo 72 horas antes.

Su hijo de 22 años, Jesús Álvarez, denunció que se enteró de la muerte de su padre porque le mostraron una fotografía del cadáver para su reconocimiento. “En aquella foto, Álvarez estaba irreconocible: demacrado, con barba, muy delgado, con signos de haber sido golpeado”, afirmaron desde el Observatorio Venezolano de Prisiones y el CLPP. El joven aseguró que su padre tenía buena salud antes haber sido capturado y denunció que recibió maltratos reiterados. El cuerpo de su progenitor le fue finalmente entregado, luego de haber recibido negativas.

Además, el 15 de noviembre se reportó la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, en la cárcel de Puente Ayala, en Barcelona, en el estado Anzoátegui. Martínez Medina era militante del partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado. Había presentado complicaciones con una diabetes y se deterioró muy rápidamente en la cárcel.

El Ministerio Público reconoció su muerte y en el comunicado afirmó que el prisionero “contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos que necesitaba”. Al conocer la noticia, Machado declaró que la muerte de Martínez fue una consecuencia de “las condiciones inhumanas en las que estuvo secuestrado”, tras ser detenido “sin orden de allanamiento y sin motivo”.

2.400 detenidos y denuncias de torturas y malos tratos

Más de 2.400 personas fueron detenidas en las horas posteriores a la proclamación de Maduro para un tercer mandato de seis años, que desató protestas que dejaron 28 muertos y casi 200 heridos, en medio de denuncias de fraude de la oposición, que reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia. Los detenidos, entre los que figuran más de un centenar de adolescentes, fueron acusados de "terrorismo" y llevados a cárceles de máxima seguridad. Para alojar a los presos, el gobierno de Maduro dispuso rápidamente de las ampliaciones de penales como Tocuyito o Tocorón, que habitualmente recibe presos comunes.

Los familiares de los detenidos han denunciado que sus parientes han sido víctimas de torturas y malos tratos, alertando además que muchos fueron arrestados sin orden de captura.

Frente al panorama de un nuevo muerto, los familiares se reunieron este lunes frente a las puertas de la cárcel de Tocuyito para reclamar por celeridad en la revisión de casos de cara a posibles excarcelaciones.

"¡Quiero que le den la libertad a mi hijo!", dijo a la agencia AFP Yorimar Bermúdez, madre de Adrián Pachecho, de 22 años. "'Murió un señor', fue lo que nos dijeron, y acá estamos todos con nervios. Hoy es él y mañana no sabemos quién puede ser (...) Por favor, ya es tiempo que nos ayuden", añadió.

"No queremos más muertos aquí en Tocuyito, queremos la libertad de nuestros muchachos", expresó a su vez Mayra Rojas, quien también tiene un hijo bajo arresto en esa cárcel.

Familiares piden la liberación de los presos políticos.jpeg
Familiares piden la liberación de los presos políticos en Venezuela

Familiares piden la liberación de los presos políticos en Venezuela

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), oposición mayoritaria de Venezuela, hizo este martes un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) – que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país- a que documente las tres recientes muertes de los detenidos.

En un comunicado presentado el lunes, la PUD condenó "las muertes de ciudadanos bajo custodia del Estado que, lamentablemente, han sido verificadas, por la falta de atención médica oportuna". Según la alianza opositora, la situación que "sufren los presos políticos y comunes en las cárceles venezolanas son violatorias de los derechos humanos y se constituyen en delitos para quienes tienen la responsabilidad de brindar la debida y oportuna asistencia médica y no la garantizan"

"Esta denegación de acceso a la salud ha ocasionado la muerte de varios ciudadanos, a quienes se les negó la debida atención médica, a pesar de que, en muchos de los casos, han sido hechos públicos y notorios las solicitudes y denuncias de sus familiares", aseguró el bloque.

Excarcelaciones

El mismo lunes en el que se registró la muerte de González Pérez, la fiscalía venezolana anunció la excarcelación de 179 personas detenidas durante las protestas, con lo que van ya 533 liberaciones de entre más de 2.400 arrestos desde que comenzó el proceso. Luego de diversas presiones, el Gobierno venezolano había aceptado revisar varios procesos judiciales contra opositores y aprobar la liberación de varios detenidos, incluyendo una buena cantidad de adolescentes, de acuerdo con las cifras del Ministerio Público.

"El Ministerio Público informa al país que entre los días 10 al 14 de diciembre solicitó, y fueron acordadas por el Poder Judicial, 179 revisiones de medidas a procesados tras los hechos de violencia ocurridos tras la celebración de las elecciones presidenciales del día 28 de julio", informó el organismo en un comunicado.

"Estas excarcelaciones se suman a las 354 medidas solicitadas y acordadas previamente, para un total de 533, realizadas en el marco del debido proceso garantizado por la Constitución", añadió.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de "presos políticos", dijo a la AFP que está "verificando" la información. Uno de sus directores, Gonzalo Himiob, precisó que confirmaron la excarcelación de 328 personas desde el inicio del proceso de revisión de casos.

Asimismo, estas liberaciones se dieron en paralelo a nuevas detenciones, como las de dos miembros del partido Vente Venezuela; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia, Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz.

Familiares se juntan a protestar a fuera de la carcel de Venezuela donde falleció el tercer detenido 2.jpg

Retórica de deslegitimación

La OVP aseguró que el Gobierno amenaza a familiares de detenidos para que no declaren a los medios ni hablen con las organizaciones de la sociedad civil sobre sus casos. En una nota de prensa, el director de la organización, Humberto Prado, alertó que el Gobierno recurre a una retórica que deslegitima cualquier tipo de denuncia pública, como una herramienta de propaganda política para ignorar las raíces del problema carcelario: corrupción, desatención estatal y violación sistemática de derechos humanos.

“Las amenazas y el discurso del régimen buscan desviar la atención de las violaciones de derechos humanos, enmarcando las críticas como ataques organizados por opositores o agentes externos. De cara al próximo 10 de enero, las denuncias de familiares son presentadas como intentos de generar caos cuando en realidad se trata de legítimos reclamos por justicia, transparencia y respeto a los derechos fundamentales”, sostuvo Prado, en referencia a la fecha en la que debe asumir el próximo presidente.

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