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En el entramado de grupos armados que disputan territorios y economías ilegales en Colombia, el Clan del Golfo sobresale por su expansión acelerada. De acuerdo con el último informe de la Fundación Ideas para la Paz, entre 2022 y 2025 su número de miembros aumentó 140% elevándose desde 4.099 hasta 9.840 integrantes, consolidándose como la mayor organización criminal del país.

Un elemento clave es que el Clan del Golfo no se sostiene únicamente en su estructura armada. Dos tercios de sus integrantes, unos 6.500, pertenecen a redes de apoyo y un tercio, unos 3.300 hombres, conforman el grupo con armamento. Esta proporción lo distingue de otras organizaciones como el ELN o las disidencias de las FARC, donde la mayoría son combatientes.

El esquema del Clan se apoya en una red de “puntos” o “campaneros”, que en su mayoría actúan como informantes que reportan los movimientos de los cuerpos de seguridad y siguen de cerca el comportamiento de la población.

“Esta dinámica de control social y vigilancia le permite influir en la vida cotidiana de las comunidades sin necesidad de mantener una presencia armada constante, lo que facilita su injerencia incluso en zonas donde su capacidad militar es limitada”, dice el informe.

Con este funcionamiento, el Clan del Golfo duplicó su influencia territorial. Pasó de estar presente en 145 municipios de 13 departamentos en 2022 a 296 municipios de 17 departamentos en 2025, consolidándose como la organización armada con mayor alcance en Colombia.

La presencia en los municipios no es homogénea. En algunos territorios el Clan ha consolidado una gobernanza estable, mientras que en otros mantiene enfrentamientos con grupos rivales. Por ejemplo, la investigación de Ideas para la Paz destaca que en la Sierra Nevada de Santa Marta disputa el control con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y en el sur de Bolívar y el norte y nordeste de Antioquia combate contra el ELN.

ELN - Colombia - EFE

La nómina

El crecimiento del Clan del Golfo en los últimos años obedece a varias dinámicas. La organización ha sabido atraer perfiles estratégicos, entre ellos excombatientes de las FARC y el ELN, además de antiguos miembros de la Fuerza Pública. A esto se suma una política de incentivos y apoyo a las familias, que facilita la incorporación de nuevos integrantes, dice el análisis.

El aumento también está relacionado con las disputas territoriales que lo obligan a ampliar su pie de fuerza. En paralelo, tras la captura y extradición en 2021 de su máximo jefe, alias Otoniel, el Clan reorganizó su estructura bajo un Estado Mayor Conjunto y absorbió clanes locales, lo que le permitió crecer de manera más controlada.

Además de la fuerza militar, el grupo refuerza su influencia con trabajo sociopolítico en las comunidades: financia obras, entrega recursos y coopta liderazgos locales. Con ello amplía sus redes de apoyo y consolida una base social que sostiene su expansión.

Colombia - Extradición de Otoniel - AP.jpg

Alias Otoniel durante su extradición

El informe calcula que la nómina del Clan del Golfo asciende a unos 1,5 millones de dólares mensuales. Dentro de esa estructura, un comandante de frente recibe el equivalente a unos 4.500 dólares al mes, mientras que los “campaneros”, encargados de labores de vigilancia e información, perciben alrededor de 400 dólares mensuales.

El holding

El Clan del Golfo opera como una empresa con distintos departamentos enfocados en generar ganancias. Aunque la cocaína sigue siendo relevante, ha diversificado sus fuentes de ingresos: minería ilegal, extorsión, microtráfico, prostitución, contrabando y cobro de “vacunas” e incluso contratos públicos. Hasta comienzos de 2025 también obtenía beneficios con el tráfico de migrantes por el Darién, aunque esa vía se redujo drásticamente tras las medidas de Estados Unidos.

El informe resalta “su capacidad para intervenir en los distintos eslabones de la producción y el tráfico de cocaína, tanto dentro del país como en rutas internacionales. Hoy en día, el Clan es el único actor armado en Colombia con capacidad para influir de manera directa en las dinámicas del tráfico global de drogas”.

Añade que “su estructura organizativa y operativa —que combina redes locales de apoyo, control territorial y alianzas con actores ilícitos transnacionales— le permite administrar todos estos mercados ilegales con una lógica empresarial: diversifica riesgos, reinvierte ganancias y se expande en los territorios para proteger sus rutas y negocios”.

La negociación

Existe una mesa de negociación entre el gobierno y el Clan del Golfo como parte de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. El proceso incluye la discusión sobre una eventual desmovilización, con entrega de armas y sometimiento a un marco jurídico para responder por sus crímenes.

Clan del Golfo - negociación en Qatar - EFE

Representantes del gobierno de Colombia y del Clan del Golfo en Qatar

La agenda es concreta. Principalmente se centra en desmontar el sistema de extorsiones y cobros que el grupo impone en sus territorios y reemplazarlo por la presencia del Estado. Además, participan países mediadores: Qatar, Noruega, Suiza y España.

La Fundación Ideas para la Paz considera que el Clan tiene incentivos para negociar. Busca reconocimiento político como actor armado para lo cual se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia. Además, enfrenta el costo de sostener una organización con amplia presencia geográfica y tiene el riesgo de que sus mandos sean abatidos por los cuerpos de seguridad. Incluso, está la expectativa de aprovechar una fracción de sus ganancias tras una desmovilización.

Los retos

El informe indica que el proceso con el Clan del Golfo enfrenta varios desafíos. El primero es la capacidad del Estado para cumplir lo pactado en los 15 municipios priorizados en los acuerdos de Qatar. También pesa la necesidad de manejar con prudencia las tensiones internas en la estructura de mando del grupo, lo que exige un uso estratégico de la mesa y de los países mediadores.

Otro reto es definir, antes de que termine el gobierno de Petro, los elementos centrales de un marco jurídico que haga viable el desarme, la desmovilización y la reintegración. Todo esto ocurre en medio de la campaña presidencial y del cierre de gobierno, momentos en los que cualquier error podría poner en riesgo los avances alcanzados.

Pensar en una eventual desmovilización también abre la posibilidad de que surjan “disidencias”. El entramado del Clan, con sus economías legales e ilegales, ofrece incentivos para que algunos mandos medios decidan continuar con sus negocios y no abandonar la guerra. A ello se suman las llamadas “cabezas invisibles”, actores que desde la legalidad se articulan con el grupo y podrían mantener viva su estructura.

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