Elecciones bajo amenaza en Colombia: 69 municipios en alto riesgo por la presión armada y la escasa respuesta estatal
La Defensoría del Pueblo emitió un informe donde señala que la gobernanza de los grupos armados se traduce en amenazas de muerte, restricciones de movilidad y normas que distorsionan la libertad del voto.
A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, en las que los colombianos elegirán el nuevo Parlamento y participarán en las consultas que definirán la lista de candidatos presidenciales, la Defensoría del Pueblo publicó un informe que advierte cómo en numerosos municipios la acción de los grupos armados limita la acción política y condiciona la libertad del voto.
“Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país", explicó la defensora del pueblo, Iris Marín. "El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, añadió.
La Defensora del Pueblo, @MarnIris, presentó el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Especial Electoral 2025-2026.
El objetivo de este informe es actualizar los riesgos que puedan seguir afectando el libre ejercicio electoral en los procesos que están en curso durante… pic.twitter.com/EGUPxGpAc2
El informe identifica como principales fuentes de amenaza al Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia; a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; al Ejército de Liberación Nacional (ELN); y a los grupos disidentes de las extintas FARC. A ellos se suman organizaciones como Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente 57, además de estructuras de criminalidad organizada que operan en distintas regiones del país.
La coacción electoral se concentra en las regiones del Caribe, Noroccidente y Suroccidente, donde las comunidades enfrentan amenazas, restricciones de movilidad y la imposición de normas de conducta que distorsionan la libertad del voto.
“Los grupos armados definen en algunas zonas reglas donde se condiciona el comportamiento electoral de la población civil. Por ejemplo, en el noroccidente, como en Córdoba y en Antioquia, el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral”, aseguró Marín.
El estudio precisa que la presión de los grupos armados y la limitada respuesta del Estado obligan a intervenir rápidamente en dos frentes: 69 municipios con acciones inmediatas y 168 con acciones urgentes de cara a las próximas elecciones. En un país con 1.122 municipios, esto significa que el 21% requiere medidas especiales para contener el impacto de la violencia armada.
Colombia - Disidencias de las FARC - EFE
Disidencias de las FARC en Colombia
EFE
En octubre de 2025 la Defensoría pidió acción urgente del Estado. Cuatro meses después, el panorama es más crítico: los municipios que necesitan intervención inmediata crecieron en 7 y los que requieren medidas urgentes en 6.
Entre los datos más graves de este nuevo informe destaca que entre octubre y diciembre de 2025 se contabilizaron 457 amenazas de muerte contra actores políticos, servidores públicos y ciudadanos vinculados al proceso electoral, concentrándose la mayor gravedad en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Más allá de la cifra global, el informe subraya que los principales blancos son líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos, además de periodistas y funcionarios electos, lo que dibuja un escenario de intimidación que condiciona la libertad del voto.
Democracia bajo presión
El informe advierte un fortalecimiento sostenido de las gobernanzas armadas en diversas zonas del país. Los grupos ilegales no solo ejercen violencia para el control territorial, sino que, como señala la Defensoría, “ejercen funciones de regulación social, política y territorial, suplantando funciones esenciales del Estado”. En este entorno, definen reglas, autorizan o prohíben expresiones de participación política y llegan incluso a vetar candidaturas o cerrar territorios al proselitismo.
Aunque públicamente han negado su intención de interferir en los comicios de 2025 y 2026, la Defensoría subraya que sus acciones recientes han impactado de manera significativa las dinámicas políticas locales, condicionando lo que pueden o no hacer candidatos y electores.
Esta incidencia indirecta se manifiesta en amenazas, estigmatización y violencia ejemplarizante, como lo describe el informe: “En la macrorregión Caribe se registran amenazas mediante panfletos, mensajes telefónicos y redes sociales para limitar o direccionar actividades proselitistas, así como prohibiciones de publicidad política en determinadas zonas”. En Nororiente y Noroccidente, añade, se documentan intimidaciones selectivas y hostigamientos durante eventos electorales, pese a los pronunciamientos públicos del ELN de que no interferirá en los comicios.
Unos rebeldes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN patrullan en el río Baudo, en la provincia colombiana de Chocó - AFP.jpg
Unos rebeldes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN patrullan en el río Baudo, en la provincia colombiana de Chocó.
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Estas prácticas cumplen una función autoritaria: envían un mensaje de costo y riesgo a quienes se desalinean del orden armado territorial, generando abstención forzada o renuncias silenciosas. Finalmente, la Defensoría advierte que la incidencia también opera a través de afectaciones estructurales: “Desplazamientos forzados, confinamientos, cierres de corredores viales y control de accesos estratégicos”, lo que configura progresivamente condiciones territoriales que limitan la libertad política antes, durante y después de los comicios.
“La gobernanza se extiende a la presión sobre administraciones municipales, como se observa, por ejemplo, en la subregión de Sabanas en Sucre, donde los grupos armados buscan impulsar candidaturas afines a sus intereses estratégicos”, manifestó Marín.
Las recomendaciones
Ante este panorama crítico, la Defensoría formuló recomendaciones. El organismo pide que se armonicen los planes de acción, se aseguren presupuestos medibles y se evite la duplicidad de esfuerzos que, según advierte, “genera vacíos operacionales”.
Defensora del Pueblo de Colombia - Iris Marín - AFP
La defensora del pueblo, Iris Marín
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Insta al Ministerio del Interior a garantizar el funcionamiento real de las comisiones de seguimiento electoral y a capacitar a los entes territoriales sobre sus responsabilidades de protección. En materia de seguridad, el llamado es al Ministerio de Defensa para que diseñe e implemente una estrategia integral que asegure el traslado del material electoral y la custodia de los puestos de votación en zonas rurales y de difícil acceso.
A la Fiscalía General de la Nación le solicita fortalecer la investigación y judicialización de los responsables de lo que podría constituirse en constreñimiento electoral, evaluando la creación de centros de mando y el despliegue de fiscales itinerantes en municipios con riesgo inmediato.
La Defensora del Pueblo exhorta a la Procuraduría General de la Nación a verificar el cumplimiento de estas recomendaciones y, en sus propias palabras, “activar las acciones disciplinarias correspondientes contra funcionarias y funcionarios que omitan sus deberes de prevención y protección ante las amenazas advertidas”.
