Se espera que esta semana el estatuto sea presentado formalmente al Congreso para iniciar su discusión y aprobación como ley. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que entre las medidas más relevantes destaca la creación de un listado de organizaciones catalogadas como terroristas, del cual "se desprende una serie de normas especiales más severas en materia penitenciaria, en materia penal, en materia combate de rentas ilícitas y para quienes colaboren con esas organizaciones".
Rodrigo Lara ministro de Interior de Colombia
EFE
De la Espriella dio por terminada la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro, quien buscó desmovilizar a grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo a través de mesas de negociación sin mayor éxito. Según la Fundación Ideas para la Paz, las estructuras criminales sumaban en julio 28.802 integrantes, un aumento del 90% desde 2022. A ello se añade el récord histórico de 261.000 hectáreas de coca registradas por la ONU, que mantienen a Colombia como el mayor productor del planeta.
La propuesta
El núcleo del borrador, revelado por medios como Noticias Caracol, El Espectador y El Tiempo, describe un sistema con mayor poder para el gobierno. La ley daría origen al Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, un padrón público diseñado a imagen de la lista OFAC y las clasificaciones del Departamento de Estado de EEUU.
Para nutrirlo, el estatuto crea una Instancia Técnica dentro del Consejo de Seguridad Nacional, conformada por delegados de esa entidad, los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Tras la evaluación de este nuevo comité, el Consejo de Seguridad formalizará la inclusión definitiva en el Registro, lo que derivará en el congelamiento de activos y cuentas bancarias, sumado al veto para celebrar contratos estatales o recibir subsidios públicos.
El proyecto también crea un régimen penitenciario especial para los cabecillas de los grupos listados y la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, un funcionario adscrito a la Presidencia que De la Espriella designará por un período fijo de cinco años.
En el plano penal, la iniciativa endurece los castigos para quienes presten auxilio a estas estructuras, abarcando conceptos como la "colaboración intelectual", y multiplica las penas contra protestas que deriven en asonadas contra la fuerza pública.
Para los mandos criminales, el nuevo régimen carcelario contempla aislamiento en pabellones exclusivos, suspensión de comunicaciones y visitas limitadas a familiares directos, mientras que para quienes suministren información clave antes de la acusación formal se fijan rebajas de pena de hasta el 60%.
Las críticas
Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, el movimiento de izquierda que lidera Petro, calificó el mecanismo como una vía para perseguir a la oposición y advirtió que la inclusión de personas individuales vulnera derechos básicos sin mediar condena penal.
"Abre la posibilidad a todo tipo de violaciones de derechos individuales y libertades públicas: afectaciones irreparables al buen nombre, sanciones económicas y graves daños patrimoniales", señaló.
A estos reparos se sumó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), cuya subdirectora, Laura Bonilla, alertó que el Consejo de Seguridad Nacional concentrará facultades sancionatorias sobre expedientes clasificados a los que los investigados difícilmente tendrán acceso para ejercer su defensa.
Frente a los cuestionamientos, el ministro Lara negó cualquier intención de persecución. "Los únicos que deben temerlo son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer", aseguró.
Escudo y drones
El Estatuto Antiterrorista no surge de forma aislada. El pasado 22 de septiembre, Colombia formalizó su ingreso al Escudo de las Américas junto a otros 14 países alineados con la administración Trump, comprometiéndose a una acción colectiva que incluye la designación coordinada de 24 organizaciones criminales como grupos terroristas transnacionales.
Semanas antes, el 8 de septiembre, Abelardo De la Espriella se reunió con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y le presentó el Plan Patriota Siglo XXI para "modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, defensa aérea, inteligencia, fuerzas especiales", con el respaldo y la cooperación directa de Washington.
Abelardo de la Espriella y Marco Rubio
AFP
Como parte de esos acuerdos, la Casa Blanca comenzó el despliegue de armamento estratégico y dotará a Colombia, en calidad de préstamo, de tres drones MQ-9A Reaper —cuyo valor ronda los 50 millones de dólares por unidad—, mientras Bogotá contempla la compra de una cuarta aeronave con recursos propios.
El MQ-9 Reaper es un dron militar capaz de volar durante horas y transportar bombas y misiles. Equipado con cámaras térmicas y sistemas para interceptar comunicaciones, las fuerzas militares de Estados Unidos lo consideran un "cazador-asesino". Su letalidad se ha probado en operaciones de alto perfil, como el ataque que abatió al general iraní Qassim Suleimani en 2020, y en ofensivas contra al-Qaeda, el Estado Islámico y al-Shabaab.
Este armamento reforzará la ofensiva del gobierno contra las bandas armadas, que contempla un mayor uso de bombardeos y la próxima aprobación del estatuto.
El sábado pasado, De la Espriella notificó a través de su cuenta de X una incursión aérea contra las disidencias de las FARC: "Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como Frente 33, de las disidencias de alias Calarcá".
"¡Aquí no hay horarios para defender a Colombia, ni descansos cuando se trata de enfrentar a quienes siembran el terror!", recalcó.