En una primera etapa, el Departamento del Tesoro aplicó a Gaesa sanciones financieras que eliminan las posibilidades de que opere con bancos, aseguradoras y, en general, compañías extranjeras —estadounidenses o de otros países— que no querrán poner en riesgo sus negocios en Estados Unidos.
El pasado martes anunció nuevas medidas que impactan a entidades asociadas a Gaesa “para restringir aún más la capacidad del régimen de mover dinero y materiales en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos y del bienestar del pueblo cubano”, según un comunicado del Departamento de Estado.
La medida golpea al Banco Financiero Internacional, integrado a Gaesa en 2016 y considerado el banco comercial más importante de Cuba, encargado de operaciones en dólares y euros con empresas extranjeras dentro y fuera de la isla. Además, impacta a Almacenes Universales, la empresa de logística de Gaesa para las operaciones portuarias.
Asimismo, Washington incluyó en la lista de sancionados a Geominera, una compañía del Estado asociada con Antilles Gold, con sede en Australia, para desarrollar proyectos de oro, plata, cobre y antimonio.
El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que “cualquiera que preste servicios a estos actores corre el riesgo de ser sancionado a su vez. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades deben suspender inmediatamente dichas actividades”. Recalcó que Gaesa ha facilitado que “las élites del régimen se apropien de los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiamericana y el espionaje”.
En paralelo está vigente una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que “directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba”, lo que ha generado una fuerte escasez de combustible. En este entorno comenzó un éxodo de empresas extranjeras: cadenas hoteleras como Meliá, Visa, Mastercard, la minera canadiense Sherritt y varias líneas aéreas han dejado de operar en la isla.
Pavel Vidal, economista y exanalista de la División de Política Monetaria del Banco Central de Cuba, escribe en un análisis que “la situación es insostenible. La contracción productiva, la crisis energética, la caída de las fuentes de ingresos externos, la inflación, el deterioro de los servicios públicos y el aislamiento internacional profundizado por las últimas sanciones de la Administración Trump han configurado un escenario que no puede extenderse por mucho más tiempo”.
Unidad revolucionaria
El 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó en La Habana para reunirse con Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro; el ministro del Interior, Lázaro Álvarez, y el jefe de los servicios de espionaje. La negociación no avanzó y pocos días después Washington anunció sanciones personales a miembros del régimen cubano.
En medio de la decisión de Estados Unidos de avanzar en su visión estratégica de mantener a América Latina como su gran esfera de influencia y reducir la presencia de China y Rusia, forzar cambios en La Habana está en la agenda. El régimen cubano, hasta ahora, ha planteado reformas económicas, pero sin abrir la posibilidad de modificaciones en lo político.
A comienzos de esta semana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó en una entrevista con el Grupo de Comunicación Corripio, de República Dominicana, que en Estados Unidos “tienen que estar convencidos de que en Cuba hay una unidad ideológica, hay una unidad revolucionaria, hay una unidad de pensamiento y hay una unidad de acción”.
Agregó que “la revolución siempre ha demostrado capacidad para transformar, para avanzar, pero siempre con un objetivo bien definido: perfeccionar el proceso socialista”. Centró el mensaje en lo económico e indicó que, no obstante, “hay un espacio para que empresarios norteamericanos inviertan en temas comunes en materia de cooperación”.
La apertura
En un intento por contener su peor crisis en la historia contemporánea, el gobierno cubano aprobó un plan de 176 medidas “urgentes” para ampliar la presencia del capital privado y atraer inversión extranjera, en lo que se perfila como el mayor giro desde que la Revolución tomó el poder en los años 60.
El plan incluye sincerar los precios y aplicar subsidios focalizados para los sectores más vulnerables, financiados con un fondo de protección social. En paralelo, se introduce un sistema de subasta de divisas y se prevén devaluaciones sucesivas para reducir la brecha cambiaria, con la advertencia de que las empresas que no resistan serán liquidadas.
En el ámbito laboral y financiero, las empresas podrán definir sus propias escalas salariales según su capacidad, se abre la posibilidad de crear bancos privados y desarrollar el microcrédito, y se flexibilizan las restricciones para pagos en divisas.
Las reformas también amplían la participación de la inversión extranjera: se autoriza a cubanos residentes en el exterior a invertir en la isla, se permite la compra de acciones en empresas estatales y se prevé entregar tierras en usufructo a empresas mixtas o privadas.
Sin credibilidad
La idea de impulsar un giro hacia un sistema con mayor presencia del mercado y menos control del Estado aparece como un objetivo difícil de alcanzar bajo el peso de las sanciones de Washington. A ello se suma que las reformas enfrentan un serio problema de credibilidad.
Oscar Grandío, historiador y politólogo, autor del libro Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba, explica a El Observador USA que “estas supuestas reformas anunciadas por el régimen cubano no son tales, son refritos de anteriores, que no han pasado más allá de ser meras declaraciones de intenciones reversibles”. Señala que, en cualquier caso, las medidas más recientes enfrentan restricciones externas sin precedentes desde Estados Unidos.
Desde su punto de vista, las medidas buscan atraer inversión extranjera y capital de la diáspora, pero lo hacen sobre una arquitectura institucional que Washington acaba de declarar como zona de alto riesgo de sanciones secundarias, “aislando a Cuba del sistema financiero global de manera similar a Irán o Corea del Norte”.
“Bajo esas condiciones, reformar la economía cubana sin tocar el poder político que la controla es como abrir ventanas dentro de una cámara de vacío”, concluyó Grandío.
