A más de cuatro meses de asumir el poder en Chile, José Antonio Kast obtuvo una importante victoria. En medio de una caída en su popularidad, el presidente de ultraderecha logró que el Congreso aprobara la mayor parte de su megarreforma legislativa, con la que busca impulsar la economía y atraer más inversiones al país. El plan, que contempla reducciones de impuestos a las grandes empresas, es cuestionado por la oposición de izquierda, que considera favorece sólo a los más ricos.
La Cámara de Diputados dio el martes su visto bueno a las modificaciones que había realizado el Senado la semana pasada, con lo que el proyecto de ley de casi 50 puntos quedó aprobado en su casi totalidad, salvo por una norma que establece la forma de compensación a los municipios por la exención de contribuciones a las personas mayores de 65 años, que fue enviada a una comisión mixta. Una vez que esto se defina, se podrá promulgar la legislación.
"Valoramos el paso que se ha dado en pro de aprobar esta reforma", dijo Kast a la prensa desde Copiapó, donde se encontraba para acompañar la emergencia climática que avanza por el norte del país. "Espero la buena disposición de todos los sectores políticos para que ese punto que quedó ahora pendiente, se resuelva rápido", señaló.
Para el mandatario, su Plan de Reconstrucción Nacional "va a permitir mayor inversión en Chile, que es más trabajo, y que son más recursos para el Estado de Chile y poder ir en ayuda de las personas más necesitadas".
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también saludó el avance de la megarreforma y consideró que era "un gran día para Chile". "Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial", dijo a la prensa tras la votación. "Chile ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica, ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones", agregó el ministro, según recogió la agencia AFP.
Qué cambios implica la reforma
La megarreforma aprobada incluye varios beneficios tributarios, entre ellos una rebaja gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.
Esta disminución de impuestos representa a la vez menos ingresos para las arcas fiscales, en momentos de escasez de recursos. De todas formas, el gobierno argumento que representará un incentivo para que las compañías inviertan más, generen empleos y se produzca una expansión económica.
"Esto no es un impuesto que baja para los ricos. Es un impuesto que baja para las empresas, para que tengan más dinero para invertir", justificó Quiroz, en medios de los cuestionamientos a la rebaja impositiva. "El problema no es recaudar más, sino crecer", aseguró.
El ministro Quiroz celebra junto a legisladores la aprobación de la megarreforma en el Congreso
AFP
El plan también contempla la exención del IVA a viviendas nuevas, las restricciones a nuevas instituciones de educación superior para ingresar a la gratuidad, y el acceso de empresas privadas a indemnizaciones económicas en caso de paralizaciones de proyectos por cuestiones ambientales.
El proyecto busca además impulsar la economía de Chile, que se encuentra estancada, con una caída del producto interno bruto (PIB) del 0,5% en el primer trimestre y varios meses con cifras negativas en la actividad económica. Además, el país registró una tasa de desempleo de 9,4% en el trimestre móvil entre marzo y mayo, la cifra más alta desde junio de 2021.
Los cuestionamientos a la megarreforma
La megarreforma se da además en medio del ambicioso plan de ajustes de Kast, que se ha comparado con la "motosierra" de Javier Milei en Argentina, con el que aspira a recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses y reducir el déficit estructural, que en 2025 cerró en el 3,7%. El gobierno está impulsando "un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales", dijo el mandatario a comienzos de junio en su primera Cuenta Pública, el discurso anual ante el Congreso.
Los recortes, que afectaron a múltiples ministerios, tocaron el presupuesto de carteras como salud y educación, con lo que provocaron multitudinarias protestas en las calles de Santiago.
La izquierda había adelantado el lunes que presentará tres requerimientos en el Tribunal Constitucional (TC) para objetar aspectos fiscales de la megarreforma, que considera que beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales.
"Ha quedado demostrado que toda la preocupación que tenía Kast respecto a seguridad, empleo y migración era solo un 'caballo de Troya' para hacer avanzar el proyecto que realmente le importa: reducirle los impuestos a los más ricos", dijo Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, en declaraciones que recogió la agencia EFE.
La izquierda también critica el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares y la obligación de reembolsar gastos de inversión a las empresas a las que la justicia les revoque sus permisos ambientales.
La economista Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, consideró que la propuesta "es cara, con costos claros y beneficios inciertos". Va a generar una pérdida de recursos fiscales, porque "la recaudación no se recupera con el propio crecimiento", le dijo a BBC. Los recortes del gasto que busca hacer el gobierno para financiar el déficit, precisó, "arriesgan quitar recursos a programas que tienen valor para la ciudadanía".
A la vez, según la encuestadora Cadem, el 56% del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a empresas.
La reforma se da además en medio de una caída de la popularidad de Kast, de 60 años, que el 11 de marzo se convirtió en el primer presidente de ultraderecha de Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet. El líder del Partido Republicano basó su campaña en la "mano dura" contra la delincuencia y la migración irregular, en un país donde la inseguridad es la mayor preocupación de los chilenos. La falta de anuncios concretos y las dudas sobre la existencia de un plan de seguridad hicieron que su desaprobación subiera al 58%, según Cadem.
