La administración de Donald Trump solicitó a una Corte de Florida que conceda inmunidad a Delcy Rodríguez en una demanda civil presentada en su contra, al reconocerla como jefa de Estado en funciones de Venezuela.
“El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad de la presidenta Rodríguez como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en este caso”, señaló el asesor jurídico Reed Rubinstein en una carta del 11 de julio dirigida al secretario adjunto de Justicia, Brett Shumate.
Delcy Rodríguez y el secretario del Interior Doug Burgum en marzo en Caracas
Tres estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela promovieron una demanda en Florida contra Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y otros altos dirigentes chavistas —entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el exministro de Defensa, Vladimir Padrino; el exfiscal general, Tarek William Saab; y el empresario Álex Saab— por presuntos secuestros, toturas y actos terroristas.
Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval permanecieron meses detenidos en Venezuela hasta que Nicolás Maduro ordenó su liberación, junto a otros siete estadounidenses, en un canje de prisioneros con la administración de Joe Biden en 2023. El acuerdo incluyó la excarcelación de Álex Saab, empresario colombiano que durante años facilitó operaciones financieras para el chavismo y que se encontraba preso en Florida acusado de conspiración para lavar dinero.
Entre los diez estadounidenses que aterrizaron en la base militar de San Antonio, Texas, uno bajó del avión en camilla: Edgar Marval. La abogada y activista Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, reveló que Marval fue torturado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar venezolana.
Maduro y Álex Saab tras su liberación
EFE
El año pasado Kenemore, Saad y Marval presentaron su demanda en Florida alegando que fueron sometidos a tortura física y psicológica con prácticas como descargas eléctricas, posiciones de estrés y golpizas que aún les generan angustias y traumas.
La semana pasada un juez federal en Miami ordenó una indemnización de 314 millones de dólares a favor de los demandantes. Sin embargo, la decisión excluyó a Delcy Rodríguez, quien asumió el mando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y su traslado a Nueva York para ser procesado por narcotráfico. También quedó fuera del fallo Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y actual presidente del Parlamento venezolano.
Rodríguez no fue incluida en el fallo después de que sus abogados comparecieran en abril para pedir la desestimación de la demanda. Argumentaron que, al ser reconocida como jefa de Estado, tiene inmunidad frente a acciones civiles en Estados Unidos.
La administración Trump respaldó la solicitud de inmunidad con una carta enviada el 11 de julio por el Departamento de Estado a la Corte de Florida.
Álex Saab, liberado en el intercambio acordado entre Maduro y Biden, fue extraditado en mayo por el gobierno de Rodríguez a Estados Unidos para enfrentar un nuevo juicio por presunto lavado de dinero. Colombiano con nacionalidad venezolana, Saab se convirtió en la mano que movía las finanzas del régimen de Maduro. Se desempeñó como ministro de Industria entre el 18 de octubre de 2024 y el 19 de enero de este año, cuando Rodríguez, ya al mando como presidenta encargada, lo destituyó con un breve mensaje en redes sociales.
La Corte penal Internacional
Las coincidencias en materia judicial entre la administración Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez incluyen también el respaldo de Washington a la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional.
Venezuela anunció el 26 de julio que inició su retiro definitivo de la CPI, organismo que investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 bajo el gobierno de Maduro.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, informó en su cuenta de X que, por instrucciones de Delcy Rodríguez, Venezuela notificó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI”.
Según Plasencia, la decisión se debe a que “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos”.
El Gobierno de Estados Unidos celebró la decisión de Venezuela y aprovechó para redoblar sus críticas contra el tribunal, al que calificó de “corrupto”, “sin valor” y carente de credibilidad.
“Estados Unidos acoge con satisfacción la decisión de la presidenta interina Delcy Rodríguez y de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional y la asociación del nuevo gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la corrupta e inútil CPI”, dijo el Departamento de Estado.
El tribunal internacional, creado en 2002, procesa a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, firmado por 125 naciones. Tampoco lo hicieron Israel ni Rusia.
La tensión entre Trump y la corte con sede en La Haya se remonta a su primer mandato. En 2018 dijo ante la Asamblea General de la ONU que la CPI no tenía “jurisdicción, ni legitimidad, ni autoridad” sobre Estados Unidos. Y después de que en 2020 la corte avanzara en una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, calificó al tribunal como “una institución política que no rinde cuentas y que se hace pasar por un organismo judicial”.
