Tras la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos delineó un plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— para Venezuela, pero la última etapa quedó en suspenso, relegada a un futuro incierto mientras la atención se concentró en asegurar el acceso al negocio petrolero. Ahora, por primera vez, esa transición política comienza a esbozarse con el anuncio de incipientes negociaciones para acordar reformas institucionales que abran paso a elecciones presidenciales en el país sudamericano.
Después del ataque relámpago con el que EEUU capturó a Maduro el pasado 3 de enero y lo trasladó a Nueva York para procesarlo por narcotráfico, la vicepresidenta que él mismo había designado, Delcy Rodríguez, quedó al mando. En 2024, Maduro resultó reelecto en unas elecciones empañadas por contundentes evidencias de fraude electoral.
Maduro es trasladado al tribunal donde es juzgado en Nueva York
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En este escenario de ilegitimidad, Delcy Rodríguez se ha concentrado en cumplir las reformas económicas exigidas por la administración de Donald Trump, dejando de lado cualquier posibilidad de avanzar hacia nuevas elecciones.
Pero Estados Unidos introdujo en el tablero el tema político, impulsando una negociación entre dos parlamentos: el elegido en 2015, donde la oposición obtuvo mayoría pero fue anulado por Maduro, y el instalado en 2025 tras un proceso marcado por el fraude electoral de 2024, en el que la mayoría opositora decidió no participar.
Dinorah Figuera, presidenta del parlamento elegido en 2015, y Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente del parlamento elegido en 2025, emitieron comunicados por separado anunciando el inicio de negociaciones a partir del 1 de agosto.
Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera reunidos el pasado 18 de junio
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Figuera ha señalado en entrevistas de radio que el objetivo es avanzar en reformas que permitan una eventual transición política: elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, conformar un Tribunal Supremo de Justicia confiable, garantizar el retorno de la libertad de expresión e incluso discutir las inhabilitaciones que impiden a líderes opositores ser candidatos presidenciales.
Jorge Rodríguez, quien apenas tres días antes había asegurado que tras los terremotos que sacudieron a Venezuela no había espacio para discutir temas institucionales, afirmando que era “un irrespeto” con las víctimas “estarse reuniendo entre políticos para estar decidiendo quién va para el Consejo Nacional Electoral o quién va para el Tribunal Supremo de Justicia", cambió de parecer y en su comunicado habló de una “hoja de trabajo conjunta” con miras al “fortalecimiento de la democracia”.
Tutor en acción
La administración de Donald Trump, que ejerce un tutelaje sobre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición, dejó en claro su respaldo al paso dado por Dinorah Figuera, en una señal que también apunta a que está detrás del cambio de parecer de Jorge Rodríguez.
El Departamento de Estado emitió un comunicado afirmando que Estados Unidos “acoge con satisfacción los anuncios realizados” y aplaude “el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política”.
"Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por los venezolanos que generen avances concretos hacia una transición electoral pacífica y democrática", añadió.
El 14 de julio, el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, abordó en una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos el tema de cuándo habrá elecciones en Venezuela y dejó ver que en el gobierno de Trump comienza a consolidarse la idea de que solo bajo un gobierno legítimo el país podrá lograr una recuperación económica sólida.
Kozak señaló: “No queremos elecciones demasiado pronto, cuando no se puedan hacer porque hay que cambiar muchas cosas; pero tampoco queremos elecciones tan lejos. La gente no va a invertir a largo plazo si no hay un gobierno democrático”. Y añadió: “No estamos pensando en dejar que esto se prolongue indefinidamente más allá de la administración. Pero tampoco queremos hacerlo en un momento inadecuado”.
El rol de Machado
El parlamento elegido en 2015 se ha mantenido con cierta vigencia porque, a raíz del gobierno interino de Juan Guaidó, tiene a su cargo la administración de activos del país en el extranjero y cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos. Sin embargo, en este momento solo funciona una pequeña comisión de parlamentarios liderada por Figuera.
Está planteado que se conforme un grupo de 12 negociadores por parte del parlamento de 2015 y otros 12 por parte del legislativo bajo control del gobierno, que se espera esté liderado por Jorge Rodríguez. En el lado de Figuera ya habría seis nombres definidos y falta elegir otros seis para completar su grupo, pero este paso ha puesto de manifiesto las fisuras internas y los movimientos de Washington al margen de María Corina Machado, principal líder de la oposición.
Al anunciarse el diálogo previsto para comenzar el 1 de agosto, Machado convocó a la Plataforma Unitaria —la alianza de partidos que la respalda— para “reunir información sobre este acuerdo publicado en redes sociales y definir una posición pública al respecto”. Está por verse si Machado, quien según sondeos como el de AtlasIntel de junio es la figura con mayor aceptación e imagen positiva en el país, logrará designar directamente algún representante en la comisión que participará en las negociaciones. Al mismo tiempo, los partidos que integran la Plataforma reclaman también tener presencia en la mesa.
Un punto clave es que la Plataforma Unitaria se reunió con Machado en Panamá el 28 de mayo y acordó impulsar una negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez bajo su conducción. Esa posibilidad, sin embargo, fue ignorada por la presidenta encargada.
Fichas en el tablero
Fuentes cercanas al proceso señalan que Washington —y en particular el secretario de Estado Marco Rubio, quien concentra la toma de decisiones—, al introducir como actor a Dinorah Figuera, evidenció su intención de apartar a Machado del liderazgo de la negociación destinada a sentar las bases de una eventual transición.
Explican que, para el chavismo, Machado representa el ala más radical de la oposición y, por tanto, Estados Unidos busca un actor que polarice menos y avance de manera progresiva en una negociación en la que inevitablemente habrá que hacer concesiones al gobierno para alcanzar acuerdos.
El politólogo Jesús Castellanos destaca que el parlamento elegido en 2015 “para Estados Unidos es una instancia con legitimidad, el único cuerpo electivo con esa condición en Venezuela. Además, es una instancia no vinculada directamente con el gobierno de los Rodríguez y tampoco se percibe públicamente cómo afecta a Machado. Estas son ventajas para una negociación”.
Machado se encuentra fuera del país desde diciembre, cuando viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. Se ha señalado que Estados Unidos desaconseja su regreso por considerar inconveniente un proceso de movilización política en este momento. Consultado sobre el tema en el Congreso, Michael Kozak afirmó: “Nosotros no nos oponemos a su regreso. Ella no es una prisionera. Pero al mismo tiempo dejamos claro que en estas circunstancias estamos tratando de lidiar con el terremoto”.
El escepticismo dentro de las filas opositoras es profundo. La estrategia de los Rodríguez ha sido clara: estirar los plazos para ganar oxígeno. A ello se suma que una negociación atravesada por la descoordinación y las fisuras internas terminaría jugando a favor de la continuidad del régimen.
