"Los Estados soberanos por encima del globalismo". Con esa definición, Marco Rubio lanzó una campaña para "desmantelar" la Corte Penal Internacional (CPI), a la que calificó de una "amenaza" para la soberanía de Estados Unidos. El secretario de Estado dio así un nuevo paso en la avanzada de la administración de Donald Trump contra el tribunal que juzga crímenes de guerra y genocidio, que en los últimos años ordenó la captura del presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
"La CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional", afirmó Rubio en un video publicado el lunes pasado en sus redes sociales. "El peligro que representa este tribunal internacional no ha dejado de crecer. Hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y jurídico", prosiguió.
"Los agentes de la Patrulla Fronteriza que expulsan a los delincuentes violentos de nuestro país. Los marines estadounidenses que arriesgan sus vidas para defender nuestra nación. (…) Si no hacemos nada, todos ellos quedarían a merced de jueces extranjeros a miles de millas de distancia", apuntó el secretario de Estado, que dijo que su país le mostrará al tribunal "lo que significa realmente la determinación estadounidense".
En un comunicado, el Departamento de Estado detalló las acciones con las que busca llevar adelante esta política, que incluyen presionar a países aliados para que no reconozcan a la CPI. El tribunal internacional, creado en 2002, procesa a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, el tratado internacional que instituyó la CPI, firmado por 125 naciones. Tampoco adhirieron Israel ni Rusia.
Uno de los puntos de la declaración establece que EEUU prevé un "mayor escrutinio de los países que se nieguen a rechazar la falsa autoridad de la CPI a la vez que dependen de la ayuda estadounidense".
"Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro gobierno, trabajando codo a codo con todos los aliados con los que podamos hacer causa común, desmantelaremos la CPI, ladrillo a ladrillo, si es necesario", escribió Rubio en una columna de opinión publicada el lunes en The Wall Street Journal. Esas herramientas incluyen posibles prohibiciones de viaje, revocaciones de visas y sanciones más severas.
Rubio acusó a la CPI de estar "respaldada y dirigida por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo, unidos por su enemistad hacia Estados Unidos".
La disputa de Trump con la CPI
La tensión entre Trump y la corte con sede en La Haya se remonta a su primer mandato. En 2018 dijo ante la Asamblea General de la ONU que la CPI no tenía "jurisdicción, ni legitimidad, ni autoridad" sobre Estados Unidos. Y después de que en 2020 la corte avanzara en una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos por EEUU en Afganistán, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el tribunal era "una institución política que no rinde cuentas y que se hace pasar por un organismo judicial".
Pero el enojo del republicano se incrementó al volver el año pasado a la Casa Blanca, tras la decisión del fiscal jefe Karim Khan de iniciar una investigación en la CPI por crímenes de guerra en relación a las acciones de Israel en Gaza, tras la guerra desatada por el ataque de Hamás sobre territorio israelí de octubre de 2023. En el marco de esas pesquisas, la corte emitió a fines de 2024 órdenes de captura contra Netanyahu, aliado de Trump, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, así como contra un comandante de Hamás.
Pocas semanas después de asumir, durante una visita del premier israelí a Washington, Trump emitió una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional, acusándola de "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel". La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
El gobierno impuso así restricciones financieras y de visado a las personas que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Entre los sancionados estaban Khan, sus dos adjuntos y seis jueces del tribunal. Y unos meses más tarde también sancionó a Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, quien denunció a Israel por genocidio en Gaza.
Karim Khan, fiscal jefe de la CPI
EFE
El mes pasado, tres juezas de la CPI demandaron a Trump y altos funcionarios de su gobierno en una corte de Nueva York, al considerar que las sanciones en su contra buscan "ejercer presión extrajudicial" y exigieron que se levanten. "La imposición de tales sanciones draconianas contra jueces internacionales no tiene precedentes", indicaron en el documento judicial. Y consideraron que las medidas son "equivalentes a la pena de muerte financiera", ya que no pueden utilizar tarjetas de crédito, acceder a servicios bancarios ni usar plataformas como Amazon y Google.
Las reacciones al anuncio de EEUU
Tras el anuncio de Rubio, la Unión Europea (UE) expresó su "apoyo inquebrantable" a la corte y llamó a preservar y proteger su independencia, imparcialidad y funcionamiento eficaz. Anouar El Anouni, portavoz de la UE, destacó el papel del tribunal en la persecución de los autores de algunos de los crímenes más graves del mundo y dijo: "Recordemos también que la CPI no tiene como objetivo a los Estados soberanos, ni constituye una amenaza para su soberanía".
Sede de la CPI en La Haya
AP
Diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos cuestionaron las últimas acciones del gobierno de Trump, así como la base de las acusaciones vertidas por el secretario de Estado.
"La CPI no está reclamando jurisdicción sobre conductas ocurridas en Estados Unidos", afirmó Kenneth Roth, exdirector ejecutivo de Human Rights Watch. "Rubio está disfrazando su búsqueda de impunidad para los crímenes de guerra estadounidenses bajo el pretexto de la soberanía nacional, lo cual ignora el derecho soberano de otras naciones a recurrir a la CPI por crímenes cometidos en su territorio", dijo a The Guardian.
Roth se refería así al hecho de que la corte sólo puede investigar crímenes cometidos en estados que sean signatarios del Estatuto de Roma, por lo que no podría avanzar en investigaciones de hecho ocurridos en territorio estadounidense. "Trump quiere poder cometer crímenes de guerra en el territorio de los países que han aceptado la jurisdicción de la corte, de eso se trata", dijo.
Algunos analistas apuntaron también que el objetivo del gobierno republicanos es impedir que la CPI investigue posibles crímenes cometidos en el marco de los ataques de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico en los que murieron más de 200 personas, apuntó Time. A la vez, grupos de derechos humanos llamaron a investigar si las deportaciones de migrantes a El Salvador no violaron el derecho internacional humanitario.
"El reprochable ataque de Marco Rubio contra la CPI es el último de una serie de ataques cada vez más intensos y existenciales por parte de la administración Trump contra la idea misma de la justicia internacional y un orden basado en normas, así como contra las instituciones internacionales que se han ido estableciendo con gran esfuerzo a lo largo de los últimos 80 años para garantizar la paz y la estabilidad mundiales", dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
En un comunicado, Allamand apuntó que la CPI existe "para impartir justicia a las víctimas y sobrevivientes de atrocidades en todo el mundo y para responsabilizar a los perpetradores más poderosos por sus crímenes". "Al amenazar con aumentar las sanciones contra la CPI y organizaciones afiliadas, revocaciones de visas y prohibiciones de viaje para el personal de la CPI, y una mayor presión diplomática sobre otros estados para que se retiren de la Corte y se opongan a ella, el gobierno de EEUU está intensificando su campaña por un mundo sin reglas y sin justicia", añadió.
Para Kai Ambos, experto en derecho internacional de la Universidad de Gotinga, en Alemania, el tema se reduce a "la cuestión fundamental de la rendición de cuentas", ya sea en Ucrania, Irán o Gaza. "No puede ser que se cometan crímenes tan graves, independientemente del conflicto, y que los principales responsables, sobre todo los líderes gubernamentales y otras figuras en el poder, queden impunes. Que no pase nada. Eso es inaceptable para las víctimas, pero, en última instancia, para todos nosotros", declaró el jurista alemán a Deutsche Welle.
