Como en las últimas tres presidenciales, el desenlace en Perú vuelve a definirse por un margen mínimo. Con el 92% de las actas escrutadas, el organismo electoral registra a Keiko Fujimori con 50,2% y a Roberto Sánchez con 49,7%, una diferencia tan estrecha que prolonga la incertidumbre.
El conteo rápido de la firma Ipsos —una proyección estadística basada en actas reales— coloca a Roberto Sánchez apenas adelante con una diferencia que se ubica en el rango de empate técnico: 50,3% frente a 49,7% de Keiko Fujimori. El resultado coincide con las encuestas a boca de urna.
“Es evidente que se trata de un empate estadístico muy ajustado”, declaró Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú. “Este resultado aún no nos permite sacar conclusiones sobre un posible ganador”.
El análisis de los sondeos confirma la división territorial: Fujimori concentra apoyos en las zonas urbanas, mientras que Sánchez se fortalece en los departamentos más apartados, donde predominan la pobreza y la precariedad.
Keiko Fujimori ha construido su carrera política como heredera de su padre, Alberto Fujimori, el líder que un sector de la población recuerda por haber derrotado a Sendero Luminoso y ordenado la economía, pero cuya gestión quedó marcada por violaciones a los derechos humanos y la consolidación de un régimen autoritario.
Para Fujimori se trata de la cuarta elección presidencial consecutiva en la que intenta convertirse en presidenta. Su camino hacia el poder comenzó en 2011, cuando fue derrotada por Ollanta Humala, un exmilitar que intentó un golpe de Estado. Luego perdería ante Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario. En las pasadas elecciones cayó por un estrecho margen frente a Pedro Castillo, maestro rural de izquierda que irrumpió como outsider y que, tras un año y cuatro meses de caótica presidencia, fue encarcelado al intentar disolver el Congreso.
Sánchez se presentó como sucesor de Castillo, fue su ministro de Comercio Exterior y Turismo, adoptó el sombrero que lo caracterizó y prometió indultarlo. Tras conocerse el resultado del conteo rápido habló en un mitin en la Plaza San Martín de Lima. “En esta noche bendita vamos a acabar con el pacto mafioso que se ha apoderado de nuestro gobierno”,
“Hoy, el conteo rápido muestra una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo. Como corresponde a quienes creemos en la democracia, este es el momento de la defensa del voto y de la transparencia electoral”, añadió Sánchez.
Keiko Fujimori habló desde un hotel en Lima y subrayó que aún no hay nada decidido. “Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Serán días largos hasta conocerlo. Se necesita contar cada una de las actas”, afirmó. Luego transmitió un mensaje de serenidad: “Les quiero decir que no pierdan la esperanza. Vamos a esperar con mucha fe y respetaremos los resultados finales, sean cuales sean”.
Dos visiones
En un país arrinconado por la criminalidad, donde las cifras oficiales reportaron 2.400 homicidios el año pasado —un promedio de 200 al mes— y los casos de extorsión se han multiplicado, Fujimori propone una política de mano dura: deportar a migrantes fuera de la legalidad, instaurar “jueces sin rostro” para proteger a magistrados que procesen a criminales de alto riesgo y reforzar los cuerpos policiales.
“Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Toda nuestra energía estará centrada en lo que sabemos hacer: mano dura contra el crimen”, ha repetido en sus intervenciones públicas. Asimismo ha prometido construir “cuatro penales y un megapenal para reos de alta peligrosidad, como es el penal El Cecot, en El Salvador”.
Ha dejado en claro su intención de sumar a Perú a la ola de gobiernos de derecha en América Latina, acercarse a Estados Unidos y reforzar una economía de mercado centrada en elevar la inversión extranjera y la estabilidad macro para impulsar el crecimiento. “La pobreza no se reduce con discurso, se reduce con empleo”, insiste en sus discursos.
En la primera etapa de su campaña, Roberto Sánchez consiguió atraer a los votantes que expresan su descontento con un modelo económico que, pese al crecimiento y la baja inflación, no ha logrado reducir una informalidad cercana al 70% ni recuperar los niveles de pobreza previos a la pandemia. El índice, que antes de la crisis sanitaria se ubicaba en 20%, el año pasado alcanzó el 25%.
Básicamente promovió la necesidad de una reforma constitucional para “recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales”, fortalecer el rol del Estado en la economía, revisar los contratos tributarios con las grandes mineras y los tratados de libre comercio.
Más que ajustar el modelo vigente, planteaba levantar una alternativa al capitalismo, al que describía como un sistema que en su versión neoliberal había profundizado la pobreza y la desigualdad. En sus planteamientos, el capitalismo aparecía como responsable de la degradación ambiental, la explotación de los recursos naturales y los conflictos que atraviesan al mundo actual.
Consciente de los límites de una candidatura sostenida únicamente en la izquierda, en la semana previa a la segunda vuelta Roberto Sánchez se desplazó hacia el centro y presentó un nuevo programa. Allí prometió una “economía de mercado abierta, respetuosa de los tratados internacionales de libre comercio”, garantizar “la autonomía y capacidad técnica del Banco Central” y “consolidar una senda de reducción del déficit fiscal”. La reforma constitucional, que antes aparecía como signo de ruptura, quedó planteada como el paso final de un amplio consenso nacional.
La turbulencia
Tanto Sánchez como Keiko Fujimori necesitarán negociar con un Congreso que después de 32 años vuelve a ser bicameral. El partido de Fujimori cuenta con 20 de 60 senadores y 41 de 130 diputados, Sánchez cuenta con 14 senadores y 32 diputados.
En Perú, el poder se ha vuelto un asiento efímero. En febrero, el Congreso destituyó a José Jerí —acusado de ocultar reuniones con empresarios chinos bajo investigación— y colocó en su lugar al veterano legislador José María Balcázar, de 83 años, hasta que concluya el proceso electoral.
La caída de Jerí ocurrió apenas cuatro meses después de la salida de Dina Boluarte, removida por “incapacidad moral permanente” en medio del auge del crimen urbano y el desplome de su popularidad. Boluarte había llegado al poder en 2022 tras la captura de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, luego de su intento fallido de disolver el Congreso.
Estos episodios son parte de una cadena de turbulencias que alcanza a casi todos los expresidentes vivos. Alejandro Toledo recibió 20 años de condena por sobornos; Ollanta Humala fue hallado culpable de lavar fondos de campaña vinculados a Odebrecht; Pedro Pablo Kuczynski pasó tres años bajo arresto domiciliario; Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido; y Alberto Fujimori, tras más de una década en prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, obtuvo un polémico indulto en 2023. Murió al año siguiente, a los 86 años.
