Tamara Suju, directora del Instituto, presentó el informe el jueves en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acompañada por su secretario general, Luis Almagro. Durante su intervención, destacó que "los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han sido utilizados de forma transversal, como herramienta de control político y social ejecutándolos dentro y fuera del país. Todos los poderes tienen su responsabilidad en la planificación, inducción, omisión y ejecución de dichos crímenes".
En su exposición sobre los elementos más críticos del informe, que abarca el período 2024-2025, Suju afirmó que hay un uso sistemático de la violencia para controlar y reprimir a la población a través de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia extrema contra manifestantes y persecución contra opositores, activistas y periodistas.
"La Corte Penal Internacional debe actuar con urgencia ante tantos elementos presentados, acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso en funciones", dijo.
Al evaluar cuál es el rol que puede jugar el resto de los países en la crisis venezolana indicó que "es indispensable que no cese el esfuerzo. La comunidad internacional no puede abandonar a quienes están luchando para lograr un cambio democrático en Venezuela. Se necesita una respuesta coordinada, sostenida y multilateral, en la que converjan mecanismos internacionales de justicia, presión diplomática, acción regional conjunta y respaldo a las víctimas".
La postura de Trump
Al ser consultada sobre sus expectativas respecto a la administración de Donald Trump, Suju enfatizó la importancia de una postura firme: "Espero claridad en lo que está pasando en Venezuela, llamar al monstruo por su nombre: son una tiranía con vínculos directos al crimen organizado trasnacional".
Profundizando en este punto, enfatizó que “no es solo la responsabilidad de un país. Existe el principio de la responsabilidad que tienen todos los Estados de que estos crímenes no sigan sucediendo en Venezuela”.
Trump endureció las sanciones al régimen de Maduro y revocó las licencias que permitían a Chevron, la multinacional estadounidense, y a empresas europeas como Repsol, ENI y Maurel & Prom, producir y exportar petróleo desde Venezuela. El plazo para cesar las operaciones vence el 27 de mayo.
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"Lo que han hecho en estos días ha sido bueno porque los tiene presionados. Así hay que actuar contra el tirano. Ejecutar, hacer cosas, no dejar que pasen la página”, dijo Suju.
La red de espionaje
El informe del Instituto Casla detalla la organización interna del sistema de inteligencia del régimen venezolano, dividido en inteligencia civil y militar. Se destaca el uso de redes nacionales de espionaje y control social para vigilar, perseguir y neutralizar opositores y disidentes. Esta estructura ha evolucionado bajo el gobierno de Maduro, con inversiones en tecnología de espionaje y formación de agentes, incluyendo apoyo de Rusia, Irán y China.
"El suministro de información de inteligencia ha evolucionado ampliamente a través de los años y, en especial, con el gobierno de Nicolás Maduro, haciéndose más sofisticado, con grandes inversiones en equipos, en formación especial de agentes para la infiltración y seguimiento que incluye personal extranjero", indica el informe.
En cuanto a la inteligencia militar y policial, el documento destaca que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la División General de Contrainteligencia Militar han consolidado una amplia red de colaboradores encargados de vigilar activistas, defensores de derechos humanos, comunicadores, empresarios y estudiantes.
Inducción al suicidio
Antes y después de las elecciones de julio de 2024, el régimen intensificó la represión, llenando las cárceles con presos políticos. El informe del Instituto Casla señala que más de 2.500 personas han estado recluidas en centros penitenciarios como Tocorón y Tocuyito. Además, advierte que “centenas de ellos aún permanecen en dichas cárceles, sin consideración por su edad o condición física y mental. Muchos han sido víctimas de torturas físicas y psicológicas, aplicadas de manera colectiva o individual”.
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Las víctimas fueron sometidas a torturas físicas extremas, incluyendo golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, colgamientos prolongados, quemaduras y posiciones de estrés que causaban dolor agudo. Además, se documentaron casos en los que los detenidos fueron vendados y esposados durante semanas, mientras otros fueron amenazados con perros entrenados para generar terror psicológico.
El informe también expone que durante meses, cientos de prisioneros sufrieron desnutrición y deshidratación extrema debido a la falta de alimentos adecuados y atención médica. Se documentaron casos de víctimas que perdieron entre 20 y 50 kilos debido a la escasa alimentación, que en muchas ocasiones contenía gusanos.
Tamara Suju añadió que el Instituto considera que la tortura física y psicológica puede ser señalada de “inducción al suicidio, ejecutada como parte del terrorismo de Estado contra los detenidos”.
“El Instituto Casla no tiene ninguna duda de que las terribles condiciones carcelarias y los abusos verbales constantes, el sometimiento a torturas generales físicas y psicológicas, frases como 'nunca vas a salir de ahí' o 'nunca vas a volver a ver a tus hijos', la incomunicación con sus familiares, los cuadros severos de depresión y miedo provocaron una ola de intentos de suicidio nunca antes documentados en nuestro trabajo”, dijo Suju.
“Testigos afirman que durante los primeros tres meses en Tocorón, por ejemplo, llegaron a darse hasta ocho intentos de suicidio por día. El 4 de mayo, hace solo 11 días, el joven Lindomar Amaro se suicidó en Tocorón y Joandri Silva, su compañero de celda, también lo intentó”, resaltó.
Además, afirmó que a los detenidos se le suministraron sustancias para calmarlos. “Obtuvimos información sobre el suministro de Altram, un ansiolítico que empezaron a suministrar al principio, a personas con trastornos psiquiátricos o psicológicos, pero más adelante, en el mes de noviembre, empezaron a suministrarlo masivamente”.
“Incluso a todos los detenidos que estaban en una misma planta, cuando ellos consideraban que necesitaban calmarlos o mantenerlos durmiendo o atontados como por ejemplo, cuando iba una comisión del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, provocando que pasaran el día durmiendo o atontados”, añadió.
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Protesta de familiares de detenidos frente al penal de Tocuyito
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Militares detenidos
El informe señala que hay un seguimiento estricto a miembros de las Fuerzas Armadas e incluso son interrogados en sedes clandestinas.
“En el caso de los Militares, Casla ha obtenido la información sobre la detención de oficiales generales, coroneles, comandantes y otros oficiales de rangos medios y bajos, que se encontrarían en distintas cárceles del país”, dice el informe.
Añade que estos militares se encuentran en cárceles como el Centro Penitenciario Yare o celdas de la División General de Contrainteligencia Militar “y posiblemente en otras sedes clandestinas donde son llevados por días o semanas para interrogarlos”.
Suju afirmó que otra práctica irregular es la existencia de detenidos sobre los que no existe información alguna: “El Instituto obtuvo información confidencial de que en este momento existen más de 532 detenidos cuya identidad se desconoce que están en los sótanos de la División General de Contrainteligencia Militar”.
