Para los críticos, se trata de un proceso que politizará al Poder Judicial y dará lugar a que haya candidatos sin la experiencia necesaria e incluso que puedan estar cooptados por grupos del crimen organizado, en un país marcado por la violencia.
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La elección se celebra entonces en medio del "desconcierto y mucha confusión", según apuntó la analista mexicana Guadalupe González a El Observador USA, que consideró que es muy difícil para los electores votar informados, debido a la gran cantidad de candidatos disponibles y la diversidad de cargos a ocupar. "Es muy importante entender que estamos ante el mayor experimento institucional en la historia política de México", dijo la investigadora del Colegio de México.
El principio: la reforma judicial
"Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial, está más que demostrado, no imparte justicia", dijo López Obrador el año pasado después de que el Congreso, donde su partido Morena cuenta con mayoría, aprobara la enmienda constitucional que había impulsado. AMLO lo hizo en el marco de su choque con la Suprema Corte, a la que acusaba de favorecer la corrupción y a grupos criminales, y de ser la trinchera de la oposición.
La impunidad en México, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y hay más de 100.000 desaparecidos, supera el 90%, según la propia Suprema Corte.
El máximo tribunal bloqueó reformas de López Obrador que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares, entre otras. A esa agenda la denominó Cuarta Transformación, porque busca cambiar "los cimientos de la sociedad mexicana", como la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910.
Para darle impulso a esa ambiciosa Cuarta Transformación, AMLO sostuvo que se debe acabar con las estructuras de poder "corruptas" que han dominado por décadas el rumbo del país, entre ellas, el Poder Judicial. Según dijo, su objetivo era establecer un verdadero Estado de derecho y que los jueces "no estén al servicio de una minoría".
La reforma judicial establece entonces los jueces y ministros serán elegidos por votación popular. Así se reemplazó el sistema previo, en el que los jueces ascendían internamente dentro del Poder Judicial. Con el voto directo "se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país", consideró Sheinbaum.
¿De dónde surgen los candidatos a ocupar los cargos?
Los miles de candidatos que se presentarán el domingo surgen de una preselección realizada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno con un comité que se encargó de revisar las solicitudes, verificar los requisitos y realizar entrevistas y evaluaciones de los aspirantes. El problema, según González, es que no hubo una estandarización de los requisitos, lo que llevó a que haya candidatos muy distintos.
"Lo que sí sabemos es que los jueces que vamos a elegir van a tener menor formación y experiencia profesional que los que ya teníamos", aseguró la especialista, que remitió a un análisis realizado por la revista Nexos. La publicación mostró que, en promedio, hay una diferencia de 20 años de experiencia entre los aspirantes y los que ocupan actualmente los cargos, y que el 63% de los jueces salientes tiene posgrados, mientras que sólo el 48% de los candidatos completó este tipo de formación.
Para la magister en Sociología, a la hora de votar, lo más probable es que los ciudadanos elijan a los candidatos que apoya su partido, un gobernador o las autoridades locales, lo que puede llevar a una politización de la elección. Pero, a la vez, advirtió que "hay un riesgo alto de captura de los jueces y sobre todo sobre todas las condiciones actuales en México, con la penetración que tiene el crimen organizado".
De hecho, en los últimos días una de las aspirantes a jueza despertó polémica por su pasado laboral: Silvia Delgado fue abogada defensora del notorio narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en Ciudad Juárez, donde el fundador del cártel de Sinaloa estuvo detenido antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2017. Ahora presenta su candidatura y espera que la gente de Juárez la elija como jueza penal.
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Silvia Delgado, exabogada del Chapo Guzman.
AFP
La suya es una de las postulaciones más cuestionadas y sus críticos dicen que su pasado defendiendo al narcotraficante debería descalificarla para ser jueza. Entre ellos se encuentra la organización de derechos humanos y transparencia de México llamada Defensorxs. La ONG la incluyó en una lista de 19 candidatos de "alto riesgo" en la elección, señalando nexos con el crimen organizado y otros delitos.
Entre los aspirantes que la ONG llama "riesgosos" figuran además un hombre que estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de drogas, el ex abogado de un sanguinario narco y un ex fiscal señalado de amenazar a dos periodistas que luego fueron asesinados.
El desafío de la participación
Más allá de la controversia por algunos aspirantes, en general la votación se celebra en medio de un fuerte desconocimiento sobre qué se vota y cuáles son los candidatos. De acuerdo con una encuesta de Enkoll para el diario El País, sólo un 18% considera que está muy informado y un 43% dice que está "algo informado". A la vez, la encuestadora estima que la participación será del 22,9%.
Guadalupe González consideró que el piso de legitimidad de los comicios será una participación del 7%, que es el promedio de lo que se vota en los plebiscitos en México. Como referencia, aunque no comparable, en las últimas elecciones intermedias votó alrededor del 52% del padrón, mientras que la última presidencial lo hizo el 61%. "Si se logra que llegue al 7%, ya va a ser un éxito", apuntó.
De todas formas, opinó que este "experimento" no es sostenible en el tiempo y dijo que cree que la próxima elección judicial, que será en 2027, cuando se voten otros 4.000 cargos, seguramente habrá una "modalidad muy distinta". "Yo no descartaría que hubiera algunas reformas, incluso constitucionales, para modificar el formato, porque simplemente no tiene cómo funcionar", opinó ante este medio.
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EFE
Los cuestionamientos a la reforma
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados advirtió en un análisis que la elección popular de jueces compromete su independencia e imparcialidad al alinear las decisiones judiciales con la opinión popular, en lugar de atenerse estrictamente a la ley.
"La demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende", dijo la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, antes de que se aprobara la reforma el año pasado, en medio de las protestas registradas en Ciudad de México contra el proyecto oficialista.
La reforma también fue cuestionada por Estados Unidos y Canadá, que advirtieron de un daño a la democracia y al acuerdo comercial T-MEC, así como por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.
Otro caso similar al de México en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura. Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario Evo Morales.
González también cuestionó que en México todos los cargos sean elegidos por voto popular y al mismo tiempo, y consideró que podría usarse como ejemplo lo que ocurre en otros países, como Estados Unidos, donde algunos jueces locales son decididos a través del sufragio.
De todas formas, manifestó que el Poder Judicial de México "requería de una reforma importante", aunque advirtió que "esta reforma en realidad abre más dudas". A la vez, destaca como positivo que se haya iniciado un debate al respecto. "Mi apuesta es que esto va a seguir en construcción, porque como está es muy difícil que pueda funcionar (...) Esto es un primer experimento, no es algo que llegó para quedarse", concluyó.
