16 de noviembre 2025 - 10:13hs

Golpeados, incomunicados y sometidos a abusos, los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador fueron víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones carcelarias inhumanas y, en alguno casos, violencia sexual. Así lo documenta un informe conjunto de Human Rights Watch y Cristosal, que acusa a ambos gobiernos de violar el derecho internacional.

Entre marzo y abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos deportó a 252 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Muchos de ellos eran solicitantes de asilo. La mayoría fueron acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que Washington designó como grupo terrorista. Sin embargo, el informe señala que solo el 3% de los deportados había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento, y que cerca de la mitad no tenía antecedentes penales.

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Migrantes deportados por EEUU en el Cecot de El Salvador

Migrantes deportados por EEUU en el Cecot de El Salvador

“Human Rights Watch y Cristosal no han podido identificar ninguna base legal real o siquiera supuesta para la detención de migrantes venezolanos en el CECOT”, dice el informe, y añade que el pasado 5 de abril se solicitó información sobre la identidad de los detenidos, sus condiciones y la base legal para su encarcelamiento al comisionado presidencial para los derechos humanos en El Salvador. La respuesta oficial fue que no disponía de la información solicitada.

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La investigación se basó en entrevistas realizadas entre marzo y septiembre de 2025 a 40 exdetenidos y a otras 150 personas con conocimiento directo de los hechos, incluidos familiares, abogados y allegados. El equipo también examinó fotografías de lesiones, antecedentes penales, documentos migratorios y datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Las denuncias fueron corroboradas mediante análisis forenses independientes y una investigación de fuentes abiertas realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.

La investigación pudo avanzar porque, a mediados de julio, el gobierno de El Salvador trasladó a los detenidos a Venezuela como parte de un intercambio por diez ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos que habían sido arrestados por el gobierno de Nicolás Maduro, en muchos casos de forma arbitraria.

Testimonios del horror

“Cuando llegamos a la entrada del CECOT, los guardias nos hicieron arrodillar para afeitarnos la cabeza”, dijo Gonzalo, uno de los entrevistados por Human Rights Watch. “Uno de los oficiales me golpeó en las piernas con un bastón y caí al suelo de rodillas”. Según su testimonio, todos fueron sometidos al mismo trato. “El director de la prisión nos dijo: ‘Llegaron al infierno’”.

Durante su reclusión en el CECOT, los guardias y la policía antimotines golpearon y maltrataron constantemente a los venezolanos. “Los custodios me dieron muchos golpes, en el pasillo del módulo y en la celda de castigo”, dijo Gonzalo. “Nos golpeaban casi todos los días”.

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“La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Goebertus añadió que el gobierno de Estados Unidos “ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas”.

Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, afirmó que “el gobierno de Estados Unidos no ha estado vinculado a actos de tortura sistemática a esta escala desde Abu Ghraib y la red de prisiones clandestinas durante la guerra contra el terrorismo”.

Tres exdetenidos contaron que fueron víctimas de violencia sexual durante su tiempo en la cárcel. Uno de ellos afirmó que este tipo de abuso era más frecuente de lo que se denuncia, pero que muchas víctimas prefieren callar para evitar el estigma.

Uno de los testimonios más crudos relata que cuatro guardias abusaron sexualmente de él. “Jugaron con sus bastones en mi cuerpo”, dijo. “Me metían los bastones dentro de mis piernas y me los rozaban por mis partes íntimas”. Luego lo obligaron a practicar sexo oral a uno de los guardias, lo manosearon y lo llamaron “maricón”.

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Además de los golpes y la violencia sexual, los exdetenidos denunciaron insultos homofóbicos, amenazas constantes —“nadie sabe que están aquí”, “nunca saldrán con vida”— y condiciones de reclusión inhumanas. Fueron mantenidos incomunicados durante semanas, sin acceso a abogados ni contacto con sus familias.

El agua disponible era amarilla, con gusanos visibles, y la alimentación consistía en raciones mínimas, repetitivas y a veces crudas. Los detenidos dormían sin ropa de cama, vestían uniformes que no podían lavar adecuadamente y recibían apenas una ración semanal de jabón en polvo para limpiar, bañarse y asear su ropa. Varios reportaron pensamientos suicidas, y al menos uno intentó quitarse la vida.

“Para usar el baño no teníamos jabón, ni papel higiénico, nada. Teníamos que asearnos con agua y con las mismas manos que luego usábamos para comer. El trato era degradante, peor que si fuéramos animales”, dijo uno de los entrevistados.

Recomendaciones clave

El informe insta al gobierno de Estados Unidos a suspender de inmediato cualquier traslado o expulsión de personas en riesgo hacia El Salvador, dada la evidencia de tortura y malos tratos en sus cárceles. También recomiendan detener las deportaciones a terceros países sin vínculos reales con los migrantes, revelar los acuerdos bilaterales que sustentan estas prácticas y derogar la proclamación que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones masivas.

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Exigen que se garantice el retorno voluntario de los venezolanos deportados al CECOT, para que puedan continuar sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Asimismo, piden que se respete el derecho de toda persona a solicitar asilo en territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio o el punto de ingreso.

A El Salvador, el informe le exige adoptar medidas urgentes para prevenir la tortura y los malos tratos en sus centros de detención, mediante supervisión independiente, formación adecuada del personal, acceso efectivo a defensa legal y atención médica, y mecanismos reales de rendición de cuentas.

También le reclama investigar de forma creíble los abusos sufridos por los venezolanos trasladados al CECOT desde Estados Unidos —incluidas golpizas, violencia sexual y desnudez forzada— y procesar a todos los responsables, incluidos mandos superiores.

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