Los archivos de Calarcá: el escándalo que expone infiltración en el Ejército colombiano y salpica al gobierno de Petro
Los documentos incautados a alias Calarcá revelan presuntos vínculos entre militares, inteligencia y disidencias de las FARC, elevan la presión sobre el presidente colombiano y reabren el debate sobre la viabilidad de la paz total en plena antesala electoral.
Los archivos incautados a Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe de una facción disidente de las FARC sacuden al Estado colombiano. Correos, cartas y chats revelan presuntos nexos entre un general del Ejército y un alto funcionario de inteligencia con esa estructura de la narcoguerrilla. La Procuraduría ya suspendió a los implicados, mientras el presidente Gustavo Petro vincula a la CIA y la oposición exige respuestas en medio del poco avance del plan de paz total.
Los documentos fueron revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que accedió al material incautado en un operativo en Antioquia. Según el reportaje, esas pruebas permanecieron más de un año en manos de la Fiscalía sin avances y contienen evidencias de reuniones, propuestas de empresas fachada y filtraciones de información militar que comprometen al general Juan Miguel Huertas y al funcionario de inteligencia Wilmar Mejía.
El origen del caso se remonta al 23 de julio de 2024, cuando una caravana con siete jefes de las disidencias, entre ellos el propio Calarcá, fue detenida en un retén militar en Anorí, Antioquia. Los guerrilleros portaban armas, dinero y viajaban con un menor de edad. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de la mayoría al considerarlos “gestores de paz”. En ese operativo se incautó un centenar de dispositivos electrónicos que, según reveló Noticias Caracol, contenían la información que hoy destapa la infiltración en instituciones del Estado.
En los documentos aparece el general Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Según los archivos incautados, propuso a este grupo de las FARC crear una empresa de seguridad fachada con las disidencias, ofreciendo permisos de armas y vehículos blindados para garantizar movilidad sin riesgo de ser detenidos en retenes militares.
La correspondencia incautada también hace referencia a la cercanía de Huertas con el presidente Petro, un vínculo que se remonta a la campaña electoral de 2022. Ese año, el oficial fue separado del Ejército por decisión del entonces comandante Eduardo Zapateiro, pero apareció en la escena política como parte del equipo que acompañó a Petro en su aspiración presidencial. Su reintegración al servicio activo en 2024 y el nombramiento al frente del Comando de Personal del Ejército refuerzan la polémica sobre el papel que habría jugado en las comunicaciones con las disidencias.
Un montaje
Huertas ha rechazado de manera tajante cualquier vínculo con las disidencias de las FARC. Asegura que jamás se ha reunido con integrantes de ese grupo armado y sostiene que todo obedece a un montaje en su contra. “Hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacerme un montaje. Es más, desde el 2020 hay una persona que se hace pasar por mí”, declaró el oficial a Noticias Caracol.
El otro nombre explosivo en los archivos es Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Licenciado en educación física, escaló posiciones dentro de la inteligencia del Estado durante el gobierno de Petro, hasta convertirse en una figura con influencia en traslados y ascensos de oficiales.
En las comunicaciones incautadas se le señala de participar en la propuesta de crear la empresa de seguridad fachada junto al general Huertas y de filtrar información reservada sobre operaciones militares en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar, lo que habría permitido a las disidencias evadir retenes y operativos de las Fuerzas Armada.
Colombia - Disidencias de las FARC - EFE
Disidencias de las FARC en Colombia
EFE
Mejía ha evitado dar explicaciones detalladas, alegando que la reserva de sus funciones dentro de la inteligencia del Estado le impide pronunciarse en profundidad. No obstante, calificó las acusaciones como un montaje orquestado por “oficiales corruptos” a quienes, según dijo, contribuyó a apartar de la institución.
El escándalo alcanzó también a la vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en algunos de los chats atribuidos a cabecillas del Estado Mayor Central de las FARC. En esos mensajes se sugiere una supuesta coordinación política con las disidencias para financiar la campaña presidencial de 2022. “Todo se hizo a través de Francia Márquez”, escribió alias Iván Mordisco, quien añadió: “Tengo ganas de tumbar a Petro con las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña”.
En un comunicado, Márquez rechazó de plano las acusaciones y las calificó como “infamias” dirigidas a afectar su nombre y su integridad. “Jamás he recibido apoyo de criminales, jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia”, afirmó la vicepresidenta.
Petro apunta a la CIA
En su pronunciamiento a través de X, el presidente Gustavo Petro apuntó a la CIA como la fuente detrás de los reportajes de Noticias Caracol. Afirmó que la agencia estadounidense “tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses de su gobierno en todo el mundo” y recordó que en el pasado recibió de ella informes sobre oficiales corruptos que, según sus propias indagaciones, resultaron ser falsos.
"Hoy la CIA tiene razones para atacar a mi gobierno, desprestigiándolo, las órdenes vienen desde su gobierno”, agregó. Señaló además que no ha querido expulsar a la agencia del país, confiando en que el gobierno de Donald Trump advierta que los reportes que recibe provienen en realidad de redes del narcotráfico interesadas en fracturar las relaciones bilaterales.
Luego en una entrevista con CNN, Petro advirtió que “la CIA sigue aquí en Colombia mientras sepa que persigue narcos, pero si está conspirando contra la soberanía de Colombia, pues no va a poder ser nuestra juntura”.
Tras ese pronunciamiento, el presidente colombiano dio un giro en su postura. Durante un Consejo de Ministros transmitido por la televisión pública, ordenó practicar exámenes de informática forense a los correos y chats incautados a alias Calarcá. Petro admitió tener “muchas dudas” sobre el reportaje de Noticias Caracol y dejó en claro que sus decisiones dependerán de los resultados de esa revisión técnica.
Acción de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión temporal del general Miguel Huertas y de Wilmar Mejía. El organismo de control explicó que la medida busca evitar que, desde sus cargos de alto nivel, puedan interferir en el curso de la investigación o reiterar las conductas señaladas.
Según el organismo la permanencia de ambos hombres en sus cargos “posibilita su interferencia en el trámite de la investigación, además de la continuación o reiteración de las presuntas faltas, situación que debe valorarse conforme al comportamiento investigado, su relación con la función, y los elementos de juicio”.
Los colombianos acudirán a las urnas en mayo del próximo año para elegir nuevo presidente. En ese contexto electoral, el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, ha enfocado sus críticas, tras la crisis generada por los archivos de Calarcá, señalando al plan de paz total.
Gustavo Petro - 17-10-25 - EFE
Al inicio de su mandato, Petro presentó esta estrategia que dejó atrás el enfoque exclusivamente militar y abrió mesas de diálogo con grupos armados reconocidos como actores políticos. La iniciativa también ha incluido negociaciones con organizaciones criminales de alto impacto para facilitar su sometimiento a la justicia, pero hasta ahora no ha mostrado resultados concretos.
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró en entrevista con Caracol que el tema de los archivos es visto "con muchísima preocupación”, pues a su juicio la llamada paz total terminó siendo “una excusa para despejarle el territorio a los violentos”, una estrategia que, según dijo, ya no parece una coincidencia sino “casi que un plan de acción del gobierno”.
Claudia López, precandidata presidencial por un partido de centro, afirmó que los archivos demuestran que el gobierno de Petro pasó de “la corrupción a la traición a los colombianos. La información que presentó Caracol es verídica, está incautada por la Fiscalía General de la Nación y lleva engavetada más de un año. ¿Por qué? Eso es lo que tiene que explicarles a los colombianos”.
Agregó que es necesario “acabar las mesas de paz total con cualquier grupo criminal. Nada nos garantiza que esas mesas no se van a seguir usando para vender y poner en riesgo la seguridad de los colombianos”.
