Bombardeos del Ejército colombiano y 15 menores muertos: el giro militar que pone al gobierno de Petro en la mira

“Quiero insistirle al Presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y sobre todo el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños”, agregó Marín.

El gran viraje

Durante sus primeros años en el poder, Petro se distanció de las doctrinas de seguridad que criticó como opositor. Restringió al máximo los bombardeos en zonas con presencia de menores reclutados, medida anunciada por Iván Velásquez, su primer ministro de Defensa. La suspensión respondió a una realidad persistente: el uso de niños y adolescentes por parte de múltiples estructuras armadas, desde las disidencias de las FARC hasta el Clan del Golfo y el ELN.

Esta política comenzó a revertirse en un contexto marcado por el deterioro de la seguridad, el desgaste de la estrategia de paz total y la presión por mostrar resultados ante aliados internacionales como Estados Unidos. En respuesta al pronunciamiento de la defensora del pueblo, el presidente Petro escribió en su cuenta de X: “Si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores”.

La distancia con el Petro opositor es evidente. En 2019, el entonces presidente Iván Duque autorizó un bombardeo en una zona rural del Caquetá en el que murieron siete menores de edad. Petro, por entonces senador, reaccionó con dureza: “Si el Gobierno sabía que allí había menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir un crimen contra la humanidad”.

Fuego amigo

El giro hacia una política de seguridad más militarista encontró resistencia entre figuras influyentes del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que respalda al mandatario. El senador Iván Cepeda, precandidato presidencial, expresó en su cuenta de X que, al igual que en el pasado, no podía "dejar de condenar el bombardeo en Guaviare en el que murieron siete menores de edad”.

Cepeda recordó que en 2021, tras una investigación basada en datos oficiales, concluyó que al menos 22 menores murieron en bombardeos ordenados durante el gobierno de Duque. En ese momento, sostuvo que tanto el reclutamiento forzado como los ataques indiscriminados violaban el Derecho Internacional Humanitario y el Código Penal.

Agregó que desde su punto de vista “las niñas, los niños y los adolescentes son víctimas del conflicto armado. Su condición de reclutados a la fuerza les priva de la condición básica de un combatiente: su voluntad libre y su capacidad de participar en las hostilidades”.

El ministro de Defensa ha señalado respecto a los adolescentes muertos que “lo que le da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumple dentro de una organización criminal. Y en este caso, cumplía una función de combatiente, es decir, era combatiente”.

A este respecto, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro indicó en su cuenta de X que “existe un consenso global sobre la gravedad del reclutamiento forzado. Si bien la responsabilidad primordial y la condena absoluta recae sobre los grupos armados ilegales. La responsabilidad inquebrantable de este y cualquier gobierno, comprometido con los derechos humanos, es otra: desplegar todas las medidas a su alcance para prevenir esta vulneración”.

Las investigaciones

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar para establecer si las Fuerzas Militares incumplieron protocolos del Derecho Internacional Humanitario durante los bombardeos recientes. La indagación avanzará en tres frentes: el análisis de los hallazgos en los campamentos atacados, la revisión de los procedimientos aplicados y la evaluación del reclutamiento forzado de menores por parte del grupo armado liderado por alias “Iván Mordisco”, señalado por la Defensoría del Pueblo como el principal responsable de esta práctica en el país.

En paralelo, la Justicia Penal Militar y Policial anunció la apertura de una investigación relacionada con la operación militar en el Guaviare. Principalmente este organismo determinará si las acciones “se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”.

La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado donde señaló que “reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional”, pero añadió que “cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos e imponer, si fuere del caso, las sanciones disciplinarias correspondientes”.

Moción de censura

La presión política sobre el ministro de Defensa se intensificó con la radicación de una moción de censura en la Cámara de Representantes. La solicitud fue promovida por la congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y recibió el respaldo de 30 legisladores, incluidos varios miembros del Pacto Histórico.

El debate obligará al ministro a responder cerca de un centenar de preguntas sobre los protocolos del Ministerio de Defensa para garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y los mecanismos utilizados para evitar la presencia de menores en zonas de operación. Para que la moción prospere, se requiere el voto favorable de al menos 94 de los 188 parlamentarios.

Mientras en el ámbito institucional avanza el debate sobre el uso legítimo de la fuerza y la protección de la población civil, el líder del Estado Mayor Central, “Iván Mordisco”, difundió un video en el que amenazó directamente el proceso electoral de 2026. “Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios”, afirmó.

En el mismo mensaje, se refirió a los menores muertos en los bombardeos recientes y los reivindicó como combatientes: “A los amigos y familiares de los 15 niños asesinados y demás combatientes ordenados por Petro, enviamos nuestro abrazo solidario. Que estos jóvenes que han ofrendado la vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante de este país sean recordados como dignos luchadores por la liberación de nuestro pueblo”.