En las pasadas elecciones perdió por un estrecho margen frente a Pedro Castillo, un maestro rural de izquierda que irrumpió como outsider y que, tras un año y cuatro meses de caótica presidencia, fue encarcelado al intentar disolver el Congreso. Al menos 40 civiles murieron en las protestas de los días posteriores.
Sánchez se presenta como sucesor de Castillo. Fue su ministro de Comercio Exterior y Turismo, adopta el sombrero que lo caracterizó y promete indultarlo. Es una muestra de la cruda polarización geográfica de Perú: sus apoyos se concentran en los Andes y el sur, las zonas de mayor precariedad que durante años se han sentido relegadas. En la primera vuelta, Sánchez ganó en cinco de los siete departamentos más pobres del país.
Analistas consideran que el deseo de un nuevo orden económico y social en esta zona del país —donde apenas 7% de los hogares tiene un refrigerador— buscó en Castillo una vía de cambio que se cerró con su destitución. Sánchez, con un discurso de ruptura y reivindicación de su antecesor, se abrió paso hasta alcanzar la segunda vuelta, pero en un giro inesperado ha pasado de la izquierda hacia el centro e incluso hacia la derecha.
El nuevo plan de Sánchez
Sánchez, de 57 años, psicólogo de profesión y diputado, enarboló en su primera propuesta la necesidad de una reforma constitucional para “recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales”, fortalecer el rol del Estado en la economía, revisar los contratos tributarios con las grandes mineras y los tratados de libre comercio. También cuestionó a Julio Velarde, presidente del Banco Central durante dos décadas y considerado pieza clave en la estabilidad macroeconómica del país.
Dijo que usaría las reservas internacionales de Perú —cercanas a 100.000 millones de dólares— para financiar salud, infraestructura y educación. “Se necesita una buena caja fiscal para las grandes transformaciones que queremos hacer”, afirmó. En el debate con Fujimori buscó diferenciarse: “Yo vengo de abajo. No le voy a fallar a nuestro pueblo, sobre todo a los más pobres”, subrayó.
Más que ajustar el modelo vigente, planteaba levantar una alternativa al capitalismo, al que describía como un sistema que en su versión neoliberal había profundizado la pobreza y la desigualdad. En sus planteamientos, el capitalismo aparecía como responsable de la degradación ambiental, la explotación de los recursos naturales y los conflictos que atraviesan al mundo actual.
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El nuevo Sánchez plantea “ser un Estado de economía de mercado abierta, respetuoso de los tratados internacionales de libre comercio”, preservar “la autonomía y capacidad técnica del Banco Central” y “consolidar una senda de reducción del déficit fiscal”. Donde antes se hablaba de una Constituyente como signo de ruptura, ahora se propone un gran acuerdo nacional, de consenso.
En una elección polarizada, Sánchez busca aliviar los temores de los indecisos y de la élite empresarial que lo etiqueta como comunista. Francisco Belaunde, analista político y profesor de derecho internacional en la Universidad de Lima, explica: “Está haciendo un gran esfuerzo por ganarse el centro. Hay un nuevo plan de gobierno que contradice al anterior. Se rodeó de economistas de centro izquierda que no tienen las ideas extremistas de la primera propuesta”.
El orden, la propuesta de Fujimori
En un país arrinconado por la criminalidad, donde las cifras oficiales reportaron 2.400 homicidios el año pasado —un promedio de 200 al mes— y los casos de extorsión se han multiplicado, Fujimori propone una política de mano dura: deportar a migrantes fuera de la legalidad, instaurar “jueces sin rostro” para proteger a magistrados que procesen a criminales de alto riesgo y reforzar los cuerpos policiales.
“Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Toda nuestra energía estará centrada en lo que sabemos hacer: mano dura contra el crimen”, ha repetido en sus intervenciones públicas. Asimismo, ha prometido construir “cuatro penales y un megapenal para reos de alta peligrosidad, como es el penal El Cecot, en El Salvador”.
Ha dejado en claro su intención de sumar a Perú a la ola de gobiernos de derecha en América Latina, acercarse a Estados Unidos y reforzar una economía de mercado centrada en elevar la inversión extranjera para impulsar el crecimiento. “La pobreza no se reduce con discurso, se reduce con empleo”, insiste en sus discursos.
Entre los principales obstáculos que debe sortear Fujimori se encuentra el “antifujimorismo”, la división que la figura de su padre, quien falleció en 2024, genera entre los peruanos y que lleva a un sector de la población a votar en su contra, aunque este factor se ha reducido en vista de que los votantes jóvenes tienen menos cuestionamientos a un mandatario que solo conocen de referencia.
Pero el voto anti Fujimori también se nutre de eventos recientes. Sus críticos afirman que, a través de alianzas políticas y la influencia de su partido, Fuerza Popular, ha socavado la estabilidad de la democracia al impulsar la destitución de mandatarios como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
La inestabilidad
El poder en Perú se ha transformado en un asiento efímero. En febrero de este año, el Congreso votó a favor de la censura y destitución del presidente José Jerí, acusado de ocultar reuniones con empresarios chinos bajo investigación gubernamental. En su lugar asumió el congresista de 83 años José María Balcázar, quien estará al frente hasta que concluya el proceso electoral.
Manifestante pide destitución de José Jerí
La salida de Jerí llegó apenas cuatro meses después de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio del aumento de la delincuencia en las principales ciudades y la caída en barrena de su popularidad. Boluarte había asumido la presidencia en 2022, tras la captura de su antecesor Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, luego de que intentara disolver el Congreso.
Estos episodios son pequeños eslabones de una larga cadena de turbulencias. Casi todos los expresidentes vivos de Perú han terminado bajo procesos judiciales. Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, recibió una condena de 20 años por sobornos; Ollanta Humala, presidente entre 2011 y 2016, fue hallado culpable de lavar fondos de campaña vinculados a Odebrecht.
Pedro Pablo Kuczynski pasó tres años bajo arresto domiciliario, mientras que Alan García se suicidó en 2019, momentos antes de que un fiscal llegara a su casa para detenerlo. Alberto Fujimori pasó más de una década en prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, antes de obtener un polémico indulto en 2023. Murió al año siguiente, a los 86 años.
A pesar del vértigo institucional, Perú se mantiene como una de las economías de mejor desempeño en América Latina. La moneda conserva estabilidad, la inflación figura entre las más bajas de la región y el crecimiento no se ha detenido. Analistas atribuyen este desempeño a la independencia del Banco Central y a la extraordinaria gestión de Julio Velarde.
Julio Velarde condecorado en el palacio de gobierno
Julio Velarde condecorado en el palacio de Gobierno
Futuro incierto
Tanto Sánchez como Keiko Fujimori necesitarán negociar con un Congreso que, después de 32 años, vuelve a ser bicameral. El partido de Fujimori cuenta con 20 de 60 senadores y 41 de 130 diputados, Sánchez cuenta con 14 senadores y 32 diputados.
Juan José Arteaga, exembajador de Uruguay en Perú e historiador, subraya que la estabilidad económica convive con una precariedad social persistente. “El poder económico puede más que el Estado”, afirma, al recordar que cerca del 70% de los trabajadores permanece en la informalidad porque no se cumple la ley. Añade que ningún gobierno ha procurado formalizar y que el poder judicial arrastra “un grado de politización y de corrupción, como pasa también en el poder político”.
Desde su punto de vista, un eventual triunfo de Fujimori implicaría mayor estabilidad política. “Sería un gobierno más conservador, que seguiría el mismo camino que hay hasta ahora. No habría grandes cambios”.
“El triunfo de Sánchez me genera más dudas respecto a la estabilidad”, añade. Aunque reconoce que ha presentado un equipo de gobierno con economistas de centroizquierda “que daría seguridad”, advierte que ese perfil podría implicar cambios incómodos para el mundo empresarial “que son los reyes del Perú, porque no tienen límite de ningún tipo”.
