Con un escrutinio que avanza lentamente y aun no ofrece mayores certezas, Perú se encamina a una segunda vuelta. Keiko Fujimori, la candidata de derecha que por cuarta vez busca la presidencia, tiene asegurado su lugar en la contienda. La incertidumbre está en su rival: gracias al voto rural, el izquierdista Roberto Sánchez desplazó por apenas unas décimas al ultraderechista Rafael López Aliaga. El resultado, todavía abierto, eleva la tensión política en un país polarizado.
Con el 92,96% de las actas de la votación del domingo pasado escrutadas, Keiko Fujimori cuenta con el 17,06%, Roberto Sánchez con 11,97% y Rafael López Aliaga con 11,91%, una diferencia de unos 10.000 votos. El escenario de la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, varía por completo dependiendo de quién enfrente a Fujimori.
Sánchez representa al partido de izquierda Juntos por el Perú y reivindica la figura del expresidente Pedro Castillo, de quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo. Castillo, un maestro de escuela que en 2021 derrotó en segunda vuelta a Fujimori con la promesa de acabar con la desigualdad, fue destituido y arrestado cuando, en medio de una caótica presidencia, intentó disolver el Congreso.
En las últimas semanas, Sánchez comenzó a usar el sombrero típico de los campesinos del Perú, el mismo que Castillo convirtió en emblema durante la campaña anterior. Ha prometido indultar al expresidente, reformar la Constitución, nacionalizar recursos naturales, aplicar un plan de emergencia contra el hambre y promover el “desarrollo endógeno” de las distintas regiones.
Al conocer que se encontraba en el segundo lugar, expresó en su cuenta de X: “Gracias a Dios, a la Pachamama y nuestro Pueblo Milenario; Justicia restauradora para los mártires del sur andino”, en una clara referencia a los muertos en las protestas que siguieron a la destitución de Castillo y añadió que “o la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia”.
De avanzar a segunda vuelta Rafael López Aliaga, el escenario sería radicalmente distinto al de la polarización entre derecha e izquierda que se daría entre Sánchez y Fujimori.
En ese caso se enfrentarían dos propuestas de derecha, centradas en la mano dura contra la delincuencia —uno de los principales problemas para los peruanos—, el impulso al sector privado y el acercamiento con Estados Unidos. La diferencia es que López Aliaga plantea medidas más extremas: construcción de cárceles en la selva, acuerdos para que EEUU realice operativos contra el crimen organizado y una reducción drástica del tamaño del Estado.
División territorial
Mientras el escrutinio se concentró en las zonas urbanas, Sánchez permaneció lejos del segundo lugar. Pero al comenzar a contabilizarse el voto del interior del país, en especial las zonas rurales, comenzó a repuntar hasta emparejarse y desplazar por poco a López Aliaga.
Eduardo Dargent, profesor de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, explica que tradicionalmente el voto del sur del Perú ha sido favorable para un candidato de estas características y destaca que en esta oportunidad “hubo otro candidato antisistema, Ricardo Belmont, que también obtuvo parte de esta votación y afectó el crecimiento de Sánchez”.
López Aliaga tiene una votación importante en los principales centros urbanos como Lima y Arequipa, así como el voto del exterior. De esta forma, está por verse si el voto rural, que favorece a Sánchez, será suficiente para consolidarlo en el segundo lugar.
Cantar fraude
El pasado domingo la jornada electoral arrancó con demoras en la apertura de algunos centros de votación en Lima por falta de material electoral, mientras otros no estuvieron operativos durante todo el día. En esos locales, que en definitiva no abrieron, debían sufragar 52.000 ciudadanos. El Jurado Nacional de Elecciones autorizó que la votación se realizara el lunes.
Si bien la votación adicional se cumplió, López Aliaga, quien ha hecho del mote de “Porky”, nacido en las calles de Lima, su distintivo de campaña, sostiene que el retraso en la apertura de mesas del domingo tuvo un impacto elevado, pues hubo votantes que optaron por abstenerse y no regresar cuando los centros estuvieron operativos.
Desde su punto de vista, los retrasos en la apertura de mesas hicieron que 1,6 millones de personas quedaran sin votar. El lunes en la noche afirmó: “Les doy 24 horas para que declaren la nulidad absoluta de este fraude electoral”. Y agregó: “Si el fraude se consuma, convocaré a los peruanos para declarar la insurgencia civil”.
El Jurado Nacional de Elecciones denunció el lunes al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE), Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por delitos contra el derecho al sufragio. Uno de ellos fue detenido, informó la agencia AFP.
Keiko se distancia
López Aliaga no ha presentado pruebas que respalden sus estadísticas, y la misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una “narrativa de fraude”. En este entorno, Keiko Fujimori ha llamado a mantener el proceso dentro del cauce institucional.
“No podemos permitir que se convoque a una insurgencia. En una democracia y un Estado de derecho, quienes lideran partidos políticos tienen el deber, por encima de cualquier interés personal, de preservar el orden y canalizar sus reclamos a través de procedimientos y reglas establecidas”, señaló en una rueda de prensa. Y añadió que “la democracia se fortalece con hechos y con datos, no con relatos”.
03262f0272b5eff2c18db121a44b0be49765ab2fw (1)
Dargent subraya que el “fujimorismo está siendo como el adulto responsable de la situación, aunque en el pasado también ha hablado de fraude, pero ha dejado solo a López Aliaga y esto enturbia la segunda vuelta”.
La turbulencia
Todo apunta a que, una vez culmine el escrutinio, el país podría ingresar en una zona de mayor incertidumbre, en la que quien quede fuera de la segunda vuelta recurra al Jurado Nacional de Elecciones, cuyas decisiones serán decisivas en el proceso electoral.
Esto en un país que ha tenido ocho presidentes en los últimos 10 años. En febrero de este año, el Congreso votó a favor de la censura y destitución del mandatario José Jerí, acusado de ocultar reuniones con empresarios chinos bajo investigación gubernamental. En su lugar asumió el congresista de 83 años José María Balcázar.
La salida de Jerí llegó apenas cuatro meses después de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio del aumento de la delincuencia en las principales ciudades y la caída en barrena de su popularidad. Boluarte había asumido la presidencia en 2022, tras la captura de su antecesor Castillo —de quien era vicepresidenta— luego de que intentara disolver el Congreso.
