Petro cuestiona la independencia del Banco de la República y desata una crisis inédita en Colombia

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que la decisión del ministro de retirarse de la junta implica un incumplimiento legal. “Evidentemente, cuando él dice que se retira de su asistencia de manera indefinida, está incumpliendo un mandato constitucional en el sentido de que la ley establece que debe asistir, que es el vocero del gobierno y que allí se hace la coordinación de políticas”, señaló.

Villar, quien ofreció una rueda de prensa, aclaró que no es abogado al ser consultado sobre las consecuencias de la ausencia del ministro, pero subrayó: “Yo espero que el ministro y el gobierno reconsideren esa decisión de no venir a la junta. Espero que lo que está establecido en la ley, lo que está establecido en la misma Constitución en donde el ministerio participa en la junta se mantenga”.

Fuera de la meta

El Banco de la República defendió su decisión como una medida indispensable para contener la inflación, que entre febrero de 2025 y febrero de este año acumuló un incremento de 5,2%, frente a una meta anual de 3%.

De acuerdo con el comunicado del organismo, la guerra en Medio Oriente “encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año”. A estas advertencias se suman las señales de recalentamiento que la presidenta del Banco, Olga Lucía Acosta, ha identificado en la economía: una demanda que supera la capacidad de producción.

Economistas han advertido que el aumento del 23% en el salario mínimo, un salto inédito anunciado en plena campaña electoral, incrementará la presión de la demanda interna. En su último reporte, BBVA proyecta que “la inflación cerrará 2026 en 6,5% y, aunque se moderará en 2027, terminará alrededor de 5%”.

El desencuentro

En el otro extremo, la posición del gobierno fue expresada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien tras el aumento de las tasas afirmó que “esta decisión va en clara contravía de la realidad económica" y "afecta los objetivos de crecimiento”.

En sus declaraciones, Petro fue más allá, al señalar que el aumento de las tasas de interés busca beneficiar a la banca, al elevar el rendimiento de los bonos que emite el gobierno para financiar el creciente desbalance fiscal.

“La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”, escribió en X.

Añadió que se trata de “una posición política de oposición” y sostuvo que la inflación responde más al precio de los alimentos que a la cantidad de dinero en circulación.

El gerente del Banco de la República rechazó que la banca obtenga beneficios con el aumento de la tasa de interés, porque tendrá que pagar más por los préstamos que solicita al emisor para financiarse.

“Es difícil argumentar que es el beneficio del sector financiero que se está haciendo un aumento de la tasa de interés a la cual se presta al propio sector financiero”, dijo Villar. Agregó un “no rotundo a la acusación de que hay intereses particulares detrás de una decisión que está tomada para cumplir un mandato constitucional y para generar el beneficio de la estabilidad de la inflación para todos los colombianos”.

Déficit creciente

La discusión ocurre en medio de una economía que comienza a emitir señales de alerta en algunos frentes. El gasto del gobierno supera en montos relevantes al ingreso, la deuda se expande y las calificadoras advierten un creciente riesgo en financiar al Estado. El panorama anticipa que el próximo presidente heredará un cuadro fiscal frágil que demandará reformas estructurales.

Un análisis del Banco de Bogotá, perteneciente a uno de los principales grupos financieros del país, proyecta que el desbalance entre ingresos y gastos del gobierno central alcanzó el año pasado el 6,2% del PIB, muy por encima del promedio histórico de 3,4% registrado entre 1990 y 2022. Al mismo tiempo, la deuda total se sitúa en el 65% del PIB, el nivel más alto de la historia contemporánea, mientras que la recaudación tributaria permanece muy por debajo de las metas oficiales.

Las agencias calificadoras han reducido la nota de Colombia, enviando una señal clara a los inversionistas: prestar dinero al gobierno es ahora más riesgoso. Esa percepción tiene consecuencias inmediatas, pues cuando la confianza se debilita, el país se ve obligado a endeudarse a tasas de interés más altas, lo que incrementa aún más el costo de financiar al Estado.