La Corte suspende la emergencia económica en Colombia dejando a Petro con un déficit fiscal sin resolver
La medida de los magistrados deja sin efecto, hasta que haya una decisión de fondo, el cobro de impuestos con el que el gobierno buscaba cerrar la brecha entre ingresos y gastos en la caja del Estado.
La Corte Constitucional de Colombia suspendió el decreto de emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro, dejando sin efecto las medidas excepcionales que incluían un alza de impuestos destinada a financiar parte del déficit en las cuentas públicas.
El fallo suspende el cobro de los impuestos de manera temporal, hasta tanto la Corte tome una decisión definitiva sobre si el estado de excepción se ajusta o no a la Constitución. En diciembre pasado, Petro presentó una reforma tributaria en el Congreso, pero la mayoría de los legisladores la rechazó al considerar que no corregía problemas estructurales, como el aumento desmedido del gasto.
En respuesta, el gobierno declaró la emergencia económica y, por esa vía, aprobó incrementos en los impuestos a licores, cigarrillos y al patrimonio, con el objetivo de recaudar el equivalente a 3.000 millones de dólares y cubrir por esta vía parte de un déficit que asciende a 4.300 millones de dólares.
Parlamentario y gobernadores de oposición esgrimen que la emergencia económica no está concebida para resolver problemas estructurales ni para sustituir las herramientas ordinarias de gestión fiscal. Por ello esperan que la Corte Constitucional invalide la medida de manera definitiva.
Los ricos
El gobierno ha centrado su respuesta en el impacto que tendrá para la economía del país la menor recaudación de impuestos y en que la medida beneficia a los sectores de mayores ingresos que, al menos por ahora, no estarán obligados a pagar el tributo contemplado a los grandes patrimonios.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un video en su cuenta de X en el que afirmó: “La emergencia se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda, y la deuda se debe pagar por Constitución, lo mismo que los temas de seguridad social”.
¡Dejémonos de bobadas! Solo existen pobres o ricos, trabajadores o empresarios. La clase media no existe, la inventan para que te creas mejor que los pobres o para que creas que algún día puedes llegar a ser rico. Aquí en Colombia el 1% tiene el 20% de los ingresos, y de esos… pic.twitter.com/rHhID49LbB
Benedetti añadió que “aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables, porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales”.
El presidente Petro también recurrió a su cuenta de X y advirtió: “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo”.
En la acera de la empresa privada se defiende la decisión. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, indicó que “la corte constitucional básicamente está actuando de acuerdo con nuestra Constitución, indicando que es prudente suspender los efectos de la emergencia hasta tanto se tome una decisión sobre si el ejecutivo podía o no decretar una emergencia económica, evitando que se pueda producir daños irreparables, en caso de que se continuará con su aplicación”.
Datos preocupantes
La disputa ocurre en un entorno en el que las finanzas públicas colombianas emiten señales inquietantes. El gasto supera en montos relevantes al ingreso, la deuda se expande y las calificadoras advierten sobre un creciente riesgo en financiar al Estado. El panorama anticipa que el próximo presidente, a ser elegido en mayo de este año, heredará un cuadro fiscal frágil que demandará reformas estructurales para evitar una crisis que desestabilice la economía.
Un análisis del Banco de Bogotá, perteneciente a uno de los principales grupos financieros del país, proyecta que el desbalance entre ingresos y gastos del gobierno central alcanzó el año pasado el 6,2% del PIB, muy por encima del promedio histórico de 3,4% registrado entre 1990 y 2022. Al mismo tiempo, la deuda total se sitúa en el 65% del PIB, el nivel más alto de la historia contemporánea, mientras que la recaudación tributaria permanece muy por debajo de las metas oficiales.
Banco de Bogotá
Las agencias calificadoras han reducido la nota de Colombia, enviando una señal clara a los inversionistas: prestar dinero al gobierno es ahora más riesgoso. Esa percepción tiene consecuencias inmediatas, pues cuando la confianza se debilita, el país se ve obligado a endeudarse a tasas de interés más altas, lo que incrementa aún más el costo de financiar al Estado.
En junio de este año, las agencias S&P y Moody’s rebajaron la calificación de la deuda colombiana, reflejando el deterioro de las cuentas fiscales. S&P redujo la nota a BB desde BB+ y advirtió que “las preocupaciones sobre la trayectoria a largo plazo de la política fiscal podrían dañar el sentimiento de los inversores y contribuir a un pobre desempeño económico”. Moody’s, por su parte, bajó la calificación a Baa3 y señaló que “la dinámica fiscal de Colombia ha empeorado más de lo que esperábamos”.
El pasado 13 de enero, Colombia concretó la mayor emisión de bonos de su historia y obtuvo financiamiento por 5.000 millones de dólares. Aunque los inversionistas mostraron disposición a respaldar al país y las órdenes de compra sumaron 23.000 millones de dólares, analistas señalaron que la alta demanda responde a que Colombia paga una tasa del 5,9% en dólares, superior a la de otros países de la región, como Brasil.
