A siete meses de concluir el mandato de Gustavo Petro en el Palacio de Nariño, las finanzas públicas de Colombia exhiben inquietantes señales de inestabilidad. El gasto desborda los ingresos, la deuda se expande y las calificadoras advierten un creciente riesgo en financiar al Estado. El panorama anticipa que el próximo presidente heredará un cuadro fiscal frágil que demandará reformas estructurales para evitar una crisis que desestabilice la economía.
El informe más reciente del Banco de Bogotá, perteneciente a uno de los principales grupos financieros del país, proyecta que el desbalance entre ingresos y gastos del gobierno central alcanzará este año el 6,2% del PIB, muy por encima del promedio histórico de 3,4% registrado entre 1990 y 2022. Al mismo tiempo, la deuda total se sitúa en el 65% del PIB, el nivel más alto de la historia contemporánea, mientras que la recaudación tributaria permanece muy por debajo de las metas oficiales.
Banco de Bogotá
Durante el gobierno de Iván Duque, la deuda pública colombiana dio su mayor salto en décadas: pasó de representar el 49% del PIB en 2017 a rozar el 60% en 2022. La pandemia obligó a un endeudamiento acelerado para financiar vacunas, subsidios y medidas de emergencia, y el intento de corregir el desequilibrio con una reforma tributaria en 2021 terminó en fracaso político y en un estallido social sin precedentes. Con la llegada de Petro, lejos de contenerse, el ascenso ha continuado.
Las agencias calificadoras han reducido la nota de Colombia, enviando una señal clara a los inversionistas: prestar dinero al gobierno es ahora más riesgoso. Esa percepción tiene consecuencias inmediatas, pues cuando la confianza se debilita, el país se ve obligado a endeudarse a tasas de interés más altas, lo que incrementa aún más el costo de financiar al Estado.
En junio de este año, las agencias S&P y Moody’s rebajaron la calificación de la deuda colombiana, reflejando el deterioro de las cuentas fiscales. S&P redujo la nota a BB desde BB+ y advirtió que “las preocupaciones sobre la trayectoria a largo plazo de la política fiscal podrían dañar el sentimiento de los inversores y contribuir a un pobre desempeño económico”. Moody’s, por su parte, bajó la calificación a Baa3 y señaló que “la dinámica fiscal de Colombia ha empeorado más de lo que esperábamos”.
En diciembre, Fitch —que junto a S&P y Moody’s integra el trío de las calificadoras más influyentes— también rebajó la nota de Colombia. La agencia justificó la decisión en los “persistentes déficits fiscales de gran magnitud”, que harán que la deuda continúe creciendo y se distancie del promedio de países con calificación similar.
Fitch advirtió además que “la falta de un ancla fiscal creíble, el aumento de las rigideces del gasto y las posibles limitaciones políticas para implementar medidas de ingresos” dificultarán cualquier intento de ajuste después de las elecciones de 2026.
FMI. EFE.webp
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en su último informe que Colombia necesita con urgencia un ajuste fiscal “decisivo y creíble” para recuperar la confianza, reducir los costos de endeudamiento y mejorar el manejo de la política económica. Según el organismo, el plan previsto para 2026-2028 exigirá un ajuste estructural superior a tres puntos del PIB, respaldado por reformas que permitan flexibilizar el presupuesto y trasladar parte del gasto a los gobiernos regionales.
El FMI subrayó además que será necesario mantener la disciplina fiscal más allá de ese periodo, dada la trayectoria ascendente de la deuda.
La jugada con Pimco
Ante las dificultades para cubrir los compromisos de fin de año, el gobierno de Petro recurrió a una operación excepcional de financiamiento. El 19 de diciembre, el Ministerio de Hacienda colocó de manera directa títulos de deuda pública por 23 billones de pesos (unos 6.000 millones de dólares) a un único comprador, en condiciones más costosas que las habituales. El adquirente fue Pimco, uno de los mayores gestores de inversión global, vinculado al grupo Allianz.
La transacción despertó críticas porque se hizo fuera del esquema habitual de subastas abiertas y con una tasa de interés más alta que la del mercado, lo que implica mayores pagos futuros para el Estado.
Organismos de control y analistas advirtieron que el acuerdo favoreció al comprador, mientras que para el país significó endeudarse en condiciones más costosas. En el sector financiero se interpretó como una señal de fragilidad fiscal y de falta de transparencia, lo que terminó reforzando la desconfianza sobre el manejo de las cuentas públicas.
Gustavo Petro - 17-10-25 - EFE
En un principio, el Ministerio de Haciendo no informó la tasa de interés a la que colocó las cuatro emisiones de bonos con vencimiento en 2029, 2033, 2035 y 2040 a una tasa de interés promedio de 13,15% superior a la del mercado.
Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, afirmó en su cuenta de X que “la urgencia fiscal no puede justificar el abandono del mecanismo de subastas que garantiza igualdad de condiciones y formación transparente de precios; este tipo de operaciones opacas erosionan la confianza del mercado y sientan un pésimo precedente”.
La emergencia
El lunes de esta semana, en una nueva señal de la gravedad de las finanzas públicas, el presidente Petro declaró la emergencia económica. Con esta medida, el gobierno busca aprobar directamente aumentos de impuestos sin pasar por el Congreso, con el objetivo de cubrir un faltante de 16 billones de pesos (equivalentes a unos 4.200 millones de dólares) en el presupuesto de 2026. La decisión refleja la urgencia de recursos y la dificultad de avanzar con reformas fiscales por la vía legislativa.
La emergencia económica puede aplicarse cuando existan hechos que alteren de manera grave e inmediata el orden económico, o cuando se agrave una situación ya existente. No está pensada para resolver problemas estructurales ni para reemplazar las herramientas ordinarias de gestión fiscal.
La declaratoria de emergencia y los decretos que se deriven de ella deben ser revisados por el Congreso, que evalúa su conveniencia, y por la Corte Constitucional, que analiza su validez jurídica. En este caso, el gobierno cuenta con un margen temporal, pues el Congreso y la Corte están en receso hasta mediados de enero.
El Ejecutivo enfrenta dos posibles escenarios en la Corte: que se suspenda de manera provisional la emergencia, lo que frenaría la expedición de decretos mientras se toma una decisión definitiva, o que se declare su inconstitucionalidad, si se concluye que los hechos alegados no cumplen con los requisitos de gravedad e inmediatez, o que pueden resolverse con las facultades ordinarias del gobierno.
La corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica. La actitud de las comisiones económicas del senado hundiendo dos veces la ley de financiamiento que subía los impuestos a los megarricos después de recibir más de 40 billones… pic.twitter.com/bhJziAx36z
En su cuenta de X, Petro advirtió que “si la corte constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza sino simple economía de primer semestre”.
