En medio del desajuste fiscal, Petro enfrenta la rebelión de los gobernadores que se oponen al alza de impuestos
Las autoridades regionales se niegan a aplicar la carga tributaria decretada bajo la emergencia económica, mientras el ministro de Justicia advierte sanciones legales contra el desacato.
Con unas finanzas públicas desequilibradas por un gasto que desborda al ingreso, el presidente colombiano Gustavo Petro decretó una emergencia económica para aumentar impuestos por decreto. Sin embargo, al menos 17 de los 32 gobernadores se han levantado contra la medida, dando pie a un pulso institucional que fractura la relación entre Bogotá y las regiones.
En diciembre pasado, Petro presentó una reforma tributaria en el Congreso, pero la mayoría de los legisladores la rechazó al considerar que no corregía problemas estructurales como el aumento desmedido del gasto. En respuesta, el gobierno declaró la emergencia económica y, por esa vía, aprobó incrementos en los impuestos a licores, cigarrillos y al patrimonio, con el objetivo de cubrir un déficit estimado en unos 4.200 millones de dólares.
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Los gobernadores en rebelión, que han anunciado que no aplicarán el alza de impuestos —en especial los relacionados con licores y cigarrillos—, esgrimen argumentos jurídicos y económicos. En el plano legal sostienen que la emergencia económica no está concebida para resolver problemas estructurales ni para sustituir las herramientas ordinarias de gestión fiscal. Por ello esperan que la Corte Constitucional invalide la medida y, en consecuencia, no contemplan cobrar los impuestos hasta que el tribunal se pronuncie.
Legalmente, el aumento de impuestos sigue vigente mientras la Corte no se pronuncie en contra. Sin embargo, los gobernadores invocan la excepción de inconstitucionalidad, que les permite abstenerse de aplicar normas que consideren contrarias a la Carta Magna hasta que el tribunal emita su fallo.
En el plano económico, los gobernadores advierten que el diseño de la emergencia y el alza de impuestos supone un traslado de recursos desde los departamentos hacia el Gobierno central, una transferencia que consideran inconstitucional. Además, alertan que el incremento en las tasas de recaudación incentivará el contrabando de licores y cigarrillos, dos fuentes de ingreso esenciales para financiar la salud, la educación y el deporte.
"Vamos a dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, porque es un instrumento que tenemos para no aplicar esa norma que tanto afecta a las finanzas de nuestros territorios. Hay que recordar que el 47% de los ingresos tributarios de los departamentos lo constituyen, precisamente, los licores", señaló la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, en declaraciones a medios de comunicación.
Adriana Matiz - gobernadora de Tolima, Colombia - EFE
La gobernadora de Tolima, Adriana Matiz
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Otro elemento a considerar es que, a cinco meses de las elecciones presidenciales —en las que el movimiento que respalda a Petro buscará retener el poder—, el mandatario decretó un incremento sin precedentes del salario mínimo: un alza del 23% que impacta directamente las finanzas regionales. “Vamos a tener menos recursos y vamos a tener muchos más gastos”, advirtió la gobernadora Matiz.
La respuesta
Tras los anuncios de las gobernaciones, el gobierno de Petro afirmó que hará cumplir el decreto de emergencia económica y que no existen razones jurídicas para desacatarlo. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció en un video publicado en X que se tomarán medidas contra quienes desconozcan la disposición.
#ATENCIÓN | El ministro de Justicia (e), @Aidarragaf, confirmó que el decreto de emergencia económica se tiene que aplicar y desde el Gobierno del presidente @petrogustavo se desprenderán las acciones jurídicas necesarias para quienes lleven a cabo acciones administrativas… pic.twitter.com/vmPQ5SNQbn
“El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando. Desafortunadamente, hay gobernadores en este país que pretenden no solo usurpar funciones de la Corte Constitucional, sino además ¿defender a quiénes? El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar”, dijo Idárraga. Agregó que las actuaciones que desconozcan la Constitución darán lugar a las acciones jurídicas correspondientes por parte del gobierno.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también recurrió a un video en su cuenta de X para pronunciarse y afirmó: “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función; si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte”.
Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional estén quién tiene esa función, y si ellos dicen que no se acata la ley usurpan las funciones de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/Us0adklnWi
Además, advirtió que “puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían responder con sus propios bienes y recursos, su peculio, lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”.
Cuadro preocupante
La disputa con los gobernadores por el aumento de impuestos ocurre en un entorno en el que las finanzas públicas colombianas emiten señales inquietantes. El gasto supera en montos relevantes al ingreso, la deuda se expande y las calificadoras advierten sobre un creciente riesgo en financiar al Estado. El panorama anticipa que el próximo presidente heredará un cuadro fiscal frágil que demandará reformas estructurales para evitar una crisis que desestabilice la economía.
Un análisis del Banco de Bogotá, perteneciente a uno de los principales grupos financieros del país, proyecta que el desbalance entre ingresos y gastos del gobierno central alcanzó el año pasado el 6,2% del PIB, muy por encima del promedio histórico de 3,4% registrado entre 1990 y 2022. Al mismo tiempo, la deuda total se sitúa en el 65% del PIB, el nivel más alto de la historia contemporánea, mientras que la recaudación tributaria permanece muy por debajo de las metas oficiales.
Floricola colombiana Phytotec, exportadora de flores a EEUU. AP
Floricola colombiana Phytotec, exportadora de flores a EEUU.
AP
Las agencias calificadoras han reducido la nota de Colombia, enviando una señal clara a los inversionistas: prestar dinero al gobierno es ahora más riesgoso. Esa percepción tiene consecuencias inmediatas, pues cuando la confianza se debilita el país se ve obligado a endeudarse a tasas de interés más altas, lo que incrementa aún más el costo de financiar al Estado.
En junio de este año, las agencias S&P y Moody’s rebajaron la calificación de la deuda colombiana, reflejando el deterioro de las cuentas fiscales. S&P redujo la nota a BB desde BB+ y advirtió que “las preocupaciones sobre la trayectoria a largo plazo de la política fiscal podrían dañar el sentimiento de los inversores y contribuir a un pobre desempeño económico”. Moody’s, por su parte, bajó la calificación a Baa3 y señaló que “la dinámica fiscal de Colombia ha empeorado más de lo que esperábamos”.
El pasado 13 de enero, Colombia concretó la mayor emisión de bonos de su historia y obtuvo financiamiento por 5.000 millones de dólares. Aunque los inversionistas mostraron disposición a respaldar al país y las órdenes de compra sumaron 23.000 millones de dólares, analistas señalaron que la alta demanda responde a que Colombia paga una tasa del 5,9% en dólares, superior a la de otros países de la región, como Brasil.
