Seis preguntas clave de la posible reestructuración de la deuda de Venezuela: el análisis de un think tank de banqueros

Estimaciones más recientes de Transparencia Venezuela (organización no gubernamental venezolana dedicada a prevenir, investigar y exponer la corrupción en el país) aportan cierta claridad, situando el saldo de la deuda externa pendiente en más de 164.000 millones de dólares a finales de 2024. Los bonos en circulación, incluyendo los bonos soberanos y de PDVSA, representan aproximadamente el 58% del total. Los bonos soberanos y de PDVSA están en manos de gestores de activos con sede en EEUU, seguidos por gestores de activos con sede en Luxemburgo, con alrededor del 15%.

Venezuela no tiene deuda con el FMI. Los acreedores oficiales bilaterales y multilaterales representan cerca del 18% de la deuda venezolana en impago, y China representa alrededor del 10%.

2) ¿Cuáles son las principales necesidades de inversión en infraestructura de Venezuela y en qué medida su satisfacción podría requerir financiamiento externo, incluyendo el de acreedores privados externos?

Las necesidades más urgentes de inversión en infraestructura de Venezuela se concentran en el sector petrolero, fundamental para cualquier recuperación económica a corto plazo. Si bien la diversificación económica será importante con el tiempo, el petróleo sigue siendo la fuente más rápida y escalable de ingresos públicos, divisas y financiación para la reconstrucción. De hecho, las perspectivas macroeconómicas y la estabilidad política dependerán de la restauración de la capacidad de producción petrolera. Dadas las reservas internacionales agotadas, el margen fiscal extremadamente limitado y la gran deuda externa, satisfacer estas necesidades de inversión requerirá un financiamiento externo sustancial, incluyendo el de acreedores privados.

Venezuela posee una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que incluyen petróleo extrapesado, yacimientos convencionales maduros y gas natural. Las estimaciones actuales sugieren que la producción de petróleo podría aumentar a 2,5-3 millones de barriles diarios durante la próxima década. Esto requeriría una inversión sostenida de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares anuales, más de 100.000 millones de dólares en total. Es probable que la recuperación sea gradual.

¿La vuelta del FMI?

3) ¿Una reestructuración convencional, respaldada por el FMI y con todos los acreedores, se enfrentaría a complejidades particulares o plazos más largos?

Venezuela no ha recibido una misión formal del FMI desde 2004, y desde entonces no se ha realizado ninguna consulta estándar del Artículo IV. Además, el FMI no ha mantenido contactos oficiales con Venezuela desde 2019. Si bien el papel del FMI sería crucial —y el Fondo podría, en principio, actuar con rapidez para ampliar su colaboración tras una solicitud formal con el respaldo de sus miembros—, la grave falta de datos casi con certeza ralentizaría el proceso. Estas limitaciones añadirían tiempo al personal técnico del FMI para preparar un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD) previo, evaluar el alcance total de las garantías de financiamiento requeridas y, en última instancia, sentar las bases para una posible reestructuración de la deuda en el futuro.

Cualquier proceso respaldado por el FMI que incluya a los acreedores oficiales probablemente buscaría reunir a los acreedores del Club de París y a los que no lo son. Dado el singular contexto geopolítico de Venezuela y su importancia en la competencia estratégica más amplia entre Estados Unidos y China, alcanzar un consenso entre los acreedores oficiales podría llevar un tiempo considerable y podría no producir resultados inmediatos.

4) ¿Podría un enfoque secuencial para la interacción con los acreedores, comenzando potencialmente con los privados, ofrecer una vía más pragmática?

Existen precedentes de reestructuraciones de deuda soberana con acreedores privados al margen de un programa formal de préstamos del FMI, lo que sugiere que un enfoque secuencial que comience con los acreedores privados podría ser viable en el caso de Venezuela.

• Argentina (2020) reestructuró su deuda en bonos privados sin un acuerdo de financiamiento respaldado por el FMI, recurriendo en cambio a negociaciones basadas en el análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI, donde el Fondo solo desempeñó un papel limitado en la asistencia técnica.

• Belice (2017) completó una reestructuración del sector privado sin un paquete de financiamiento del FMI ni un Acuerdo de Sostenibilidad de la Deuda (ASD) formal del FMI.

• Un enfoque similar se observó en la República Chad (2018), donde se alcanzó un acuerdo con los acreedores privados sin la participación de los acreedores oficiales.

Precedentes de reestructuración de deuda

5) ¿Existen lecciones de casos de reestructuración de deuda, tanto pasados como actuales, que puedan ayudar a fundamentar las consideraciones para Venezuela?

Irak, Puerto Rico y Líbano se citan ampliamente como casos comparables al de Venezuela, pero cada uno presenta diferencias importantes.

La reestructuración de Irak posterior a 2003 fue posible gracias a circunstancias excepcionales, incluyendo importantes cancelaciones de deuda para acreedores oficiales y comerciales, respaldadas por medidas del Consejo de Seguridad de la ONU. Los reclamos del sector privado fueron relativamente pequeños, representando aproximadamente el 15% de la deuda externa total, y mecanismos legales y políticos extraordinarios ayudaron a neutralizar a los holdouts.

Estas condiciones no se aplican a Venezuela. Los acreedores privados representan una proporción mucho mayor de la deuda venezolana y, dada la dinámica geopolítica actual, el apoyo a un enfoque estatutario respaldado por la ONU similar al de Irak parece muy improbable.

En consecuencia, el precedente de Irak ofrece una orientación práctica limitada para Venezuela. La reestructuración aún sin resolver del Líbano tras su impago de 2020 subraya la importancia de la estabilidad política interna y la coherencia de las políticas. La prolongada incertidumbre política ha retrasado considerablemente el progreso. Un riesgo similar podría surgir en Venezuela si no se percibe claramente que un gobierno interino tiene la autoridad para negociar con los acreedores o emitir nueva deuda. La continuidad jurídica es fundamental para una renegociación exitosa: los futuros gobiernos no deben poder invalidar una reestructuración ni las nuevas obligaciones emitidas.

6) ¿En qué medida podrían las medidas políticas de EEUU, incluyendo las órdenes ejecutivas, influir en el ritmo o el diseño de una futura reestructuración de la deuda venezolana?

Las recientes medidas políticas de EEUU, en particular la orden ejecutiva del 9 de enero, ofrecen indicios preliminares sobre el enfoque emergente de la administración Trump para la reestructuración de la deuda venezolana. La orden establece los principios rectores que rigen las transacciones comerciales relacionadas con el petróleo venezolano, incluyendo medidas destinadas a proteger los flujos de efectivo relacionados con el petróleo del embargo de los acreedores. Si bien el enfoque inmediato es salvaguardar los ingresos petroleros y facilitar la renovación de la inversión de las compañías petroleras, la orden también parece diseñada para limitar los riesgos de litigio durante un posible proceso de reestructuración de deuda.