Venezuela: la elección del nuevo fiscal es vista como una señal de que la justicia permanece bajo control político
ONG indican que la designación de Larry Devoe, quien ha defendido al régimen en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, genera serias interrogantes.
La designación de Larry Devoe como fiscal general, en un proceso cuestionado por su opacidad y falta de consenso, es interpretada por organizaciones civiles y sectores críticos como una señal de continuidad del control político sobre la justicia venezolana. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contará con un hombre de confianza al frente de la acción penal del Estado.
Haciendo valer su aplastante mayoría en el Parlamento —obtenida en unas elecciones en las que la oposición con mayor respaldo se abstuvo de participar tras los cuestionados comicios presidenciales de julio de 2024—, el chavismo ratificó a Devoe, quien había sustituido en calidad de encargado a Tarek William Saab, el fiscal que desde 2017 se mantuvo como una de las figuras más visibles del régimen en el aparato judicial.
Devoe saluda a Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional
EFE
Devoe estuvo al frente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, desde donde descalificó de manera sistemática los informes internacionales sobre persecución política en el país. Su cercanía con Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, quien es presidente del Parlamento, es ampliamente conocida.
Abogado con estudios superiores en derechos humanos en universidades españolas, Devoe integra la Comisión de Alto Nivel para la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados por fuerzas militares de Estados Unidos en el ataque del pasado 3 de enero y trasladados a Nueva York para ser procesados por narcotráfico.
Entre otros cargos ha sido asesor y representante de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En 2016 integró la delegación oficial en Ginebra durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde esos espacios rechazó la entrada de investigadores de la Corte IDH y sostuvo en foros internacionales que “Venezuela ha demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad”.
“Desde este momento, reafirmo mi compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de nuestro pueblo. Seguiremos trabajando con firmeza por una justicia accesible, transparente y eficiente para todos los venezolanos y venezolanas”, señaló Devoe en su cuenta de X después de su nombramiento.
Organizaciones civiles
Tras la designación, la Organización Justicia, Encuentro y Perdón afirmó en un comunicado que “es muy difícil que las víctimas sientan confianza cuando el nuevo Fiscal ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos bajo argumentos de defensa institucional”.
En paralelo más de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) afirmaron en un pronunciamiento que “en el caso del Fiscal General, su trayectoria institucional dentro del propio aparato que ha ejecutado la persecución y criminalización de la disidencia genera interrogantes serias sobre su capacidad de ruptura con ese patrón”.
La ONG Acceso a la Justicia cuestionó el procedimiento de selección por tres aspectos clave: el Comité de Postulaciones estuvo integrado únicamente por diputados, lo que desnaturalizó su carácter plural exigido por la Constitución y careció de publicidad, pues nunca se difundieron cronogramas, baremos ni lapsos de impugnación.
Además, señaló que tampoco se conocieron las puntuaciones de los aspirantes, lo que —según la organización— permite presumir que la selección de Devoe respondió a una decisión política más que a una competencia de méritos verificable por la ciudadanía.
La defensora
El Parlamento también designó a la abogada y profesora universitaria Eglée González como nueva defensora del pueblo, una institución que desde su creación en 1999 ha estado dominada por funcionarios leales al chavismo. Aunque González no pertenece al oficialismo, organizaciones civiles subrayan su falta de experiencia en la defensa de los derechos humanos
“La ausencia de una trayectoria reconocida en materia de derechos humanos representa un déficit que deberá ser compensado con apertura real hacia la sociedad civil especializada y con decisiones que demuestren independencia de criterio”, dice el comunicado.
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Egleé González
EFE
Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, indicó respecto al fiscal y la defensora que “tienen el compromiso ante todo un país de transformar ambas instituciones a su cargo, para que retomen su mandato como entes al servicio de la gente y no como brazos de un partido político o del Ejecutivo Nacional”.
Las exigencias
En su comunicado conjunto, las ONG piden a la Fiscalía que ponga fin de inmediato a los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos. Exigen sobreseimientos y la liberación de todas las personas detenidas por ejercer derechos como la libertad de expresión, asociación, participación política, reunión y manifestación pacífica, así como de quienes fueron excluidos arbitrariamente de los beneficios de la Ley de Amnistía.
También demandan investigaciones penales efectivas, independientes y objetivas contra funcionarios señalados por la Misión Internacional de la ONU como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Estas pesquisas, subrayan, deben garantizar acceso irrestricto a pruebas y archivos, además de medidas de protección para víctimas y testigos.
Venezuela - familiares piden liberación de presos políticos - AFP
Familiares piden la liberación de detenidos en El Helicoide
AFP
Las ONG insisten en la necesidad de cooperar de manera genuina con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y con otros mecanismos internacionales, en aras de combatir la impunidad. Finalmente, reclaman preservar y resguardar toda la evidencia vinculada a violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, especialmente aquella que pudiera encontrarse en centros de detención y dependencias estatales.
En el caso de la Defensoría del Pueblo, las ONG solicitan que se pronuncie públicamente por la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos o por ejercer derechos como la libertad de expresión, asociación, participación política, reunión y manifestación pacífica. También le reclaman revisar los casos excluidos o denegados en la aplicación de la ley de amnistía y actuar como garante de su reconsideración ante las autoridades competentes.
Asimismo, exigen que realice visitas a los centros de detención señalados por organismos internacionales y por la sociedad civil, y que publique informes periódicos, verificables y transparentes sobre sus hallazgos, recomendaciones y acciones de seguimiento.
