El Parlamento venezolano aprobó la Ley de Amnistía para presos políticos, con exclusiones y restricciones clave
El texto excluye a quienes hayan respaldado acciones armadas promovidas desde el extranjero, se limita a una lista cerrada de episodios y deja intacto el aparato represivo.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía, que abre la puerta para que presos políticos recuperen la libertad y opositores en el exilio regresen al país. La norma, sin embargo, excluye a militares y civiles vinculados con acciones armadas apoyadas desde el extranjero y mantiene intacto el andamiaje legal de la represión.
Aunque en las últimas semanas se han producido excarcelaciones, la organización no gubernamental Foro Penal señala en su más reciente informe que aún permanecen 644 personas detenidas por motivos políticos en las cárceles venezolanas. De ellas, 185 son militares.
Venezuela - familiares de presos políticos - 5-2-26 - AFP
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Con la ley, el Estado renuncia a castigar determinados hechos y no se aplica a personas concretas, sino a delitos. Básicamente, busca ser un mecanismo de pacificación y reconciliación que libere a opositores, disidentes y activistas. La medida excluye a quienes hayan cometido homicidios, violaciones graves a los derechos humanos, tráfico de drogas, delitos contra la corrupción y a militares o civiles involucrados en determinados hechos.
En concreto, la ley excluye a los militares que participaron en la insurrección de abril de 2019, liderada por el entonces presidente interino Juan Guaidó y el opositor Leopoldo López. También quedan apartados “las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza” impulsadas por “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.
Este artículo amenaza con dejar fuera de la medida de gracia a opositores en el exterior que podrían ser señalados de haber “promovido” o “invocado” el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una cárcel en Nueva York, donde será procesado por delitos de narcotráfico.
“Venimos de una experiencia catastrófica del pasado 3 de enero del año 2026”, afirmó el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, respecto a la acción militar de Washington y agregó que “nadie, ni opositores, ni chavistas, ni independientes, quieren eso para su país. Y quien lo quiera es un psicópata”.
Ley de Amnistía - Jorge y Delcy Rodríguez con Diosdado Cabello - 19-2-26 - AFP
El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, junto a Delcy Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, tras la aprobación de la ley
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Tras la caída de Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y pidió a la Asamblea la aprobación de la Ley de Amnistía para “reparar las heridas de la confrontación política”. En el Parlamento, el chavismo domina con una mayoría aplastante y comparte espacio con una bancada opositora en la que no está representado el movimiento de María Corina Machado, la dirigente con mayor respaldo popular.
Después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, marcadas por denuncias de fraude electoral, Machado y otros partidos opositores decidieron abstenerse de participar en los comicios parlamentarios.
La redacción de la Ley de Amnistía y la postura de Delcy Rodríguez dejan ver que no está previsto permitir el regreso de María Corina Machado, actualmente en el exterior, para hacer política en el país. “Tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?”, declaró la presidenta encargada la semana pasada en una entrevista con la cadena NBC, la primera a un medio estadounidense desde que asumió el cargo.
Lista de hechos
La ley establece que el beneficio será otorgado a quien “esté a derecho o se ponga a derecho”. Para quienes se encuentren en el exterior, se admite la representación de un abogado en el país. Con el fin de atenuar los temores que despierta un poder judicial cuestionado por su falta de imparcialidad, el texto dispone que al solicitar la amnistía la persona no podrá ser detenida.
Presos politicos Venezuela. AP
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“Esta ley no es perfecta, pero nuestro interés es que cese la persecución política”, reconoció la diputada opositora Nora Bracho y destacó que “tras un arduo debate, este artículo tiene grandes logros”. Entre ellos, la oposición consiguió que los tribunales estén obligados a revisar y otorgar la medida de amnistía en un plazo máximo de 15 días.
Aunque se planteó revisar todo el período del chavismo desde 1999, la ley terminó limitada a “hechos de violencia por motivos políticos” en 13 episodios concretos. Entre ellos figuran el golpe de Estado y el paro petrolero de 2002; las protestas y enfrentamientos de 2004 y 2007; los conflictos vinculados a las elecciones presidenciales de 2013 y 2024; así como las manifestaciones masivas de 2014, 2017 y 2019.
Además, se incluyó el período 2016–2021, cuando la Asamblea Nacional estuvo bajo control de la oposición. Durante esos años, su margen de acción se vio reducido por el Gobierno, que bloqueó gran parte de su funcionamiento e impulsó procesos judiciales contra decenas de dirigentes opositores.
Gonzalo Himiob, abogado y director de Foro Penal, destacó en su cuenta de X que “de los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera” y “de los otros 13 años que sí son considerados, sólo se abarcan meses y momentos puntuales”.
#18Feb Un primer punto sobre la Ley de Amnistía aprobada.
De los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera.
Al analizar el proyecto de ley, expertos advirtieron que resultaba un error limitar la amnistía únicamente a delitos políticos y conexos. Señalaron que esa restricción dejaba fuera otras formas de criminalización utilizadas contra opositores, como la civil, administrativa, laboral o disciplinaria.
En este aspecto, la oposición no logró mayor avance, salvo que se creará una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la ley en coordinación con el sistema judicial. Esta comisión podrá apoyarse en expertos para recibir asesoría y, en casos evaluados, recomendar medidas alternativas de rápida aplicación.
Delcy Rodríguez subrayó la importancia de esta labor y pidió “que se activen la revisión de casos no contemplados en la Ley de Amnistía y se den las recomendaciones pertinentes”.
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La líder opositora María Corina Machado
EFE
El sistema
Un artículo a evaluar es el que establece que las personas beneficiadas por la amnistía “que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable”.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela había advertido que “la Ley debe ir acompañada de reformas estructurales para desmantelar el marco legal y las prácticas que han permitido la persecución por motivos políticos, a fin de prevenir nuevas detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.
En este sentido la oposición y abogados han planteado la necesidad de derogar normas como la Ley contra el Odio, que establece penas de 10 a 20 años de prisión y la Ley Simón Bolívar, que impone castigos severos — la inhabilitación política permanente y la confiscación de bienes— a quienes promuevan o respalden sanciones como las que ha aplicado Estados Unidos a Venezuela.
Los llamados delitos de odio han sido utilizados para encarcelar a personas por difundir mensajes críticos contra el Gobierno en grupos de WhatsApp. El propio Jorge Rodríguez reconoció que en algunos casos esta normativa no se ha aplicado de manera adecuada y planteó la posibilidad de reformarla, pero sostuvo que es un instrumento “muy útil”.
