De qué se trata la Ley de Amnistía que se debate en Venezuela: alcance y exclusiones marcan la discusión
Diversas ONG y la Misión de la ONU señalan que el proyecto en discusión es incompleto y, sin cambios de fondo, tendrá un impacto limitado sobre la persecución política.
Tras aprobar por unanimidad los artículos menos polémicos de la Ley de Amnistía, la Asamblea Nacional venezolana decidió diferir la discusión para la próxima semana en un intento por sostener el consenso. El proyecto llega, no obstante, marcado por las advertencias de la Misión de la ONU y de diversas ONG, que señalan vacíos y limitaciones, además del riesgo de que se convierta en un instrumento ineficaz frente a la persecución política en el país.
La ley supone que el Estado renuncie a castigar determinados hechos, borrando procesos y sus efectos como si nunca hubieran existido. No se aplica a personas concretas, sino a delitos, y busca ser un mecanismo de pacificación y reconciliación que libere a opositores, disidentes y activistas detenidos por razones políticas. También está concebida para favorecer la “reintegración a la actividad pública” de los beneficiados.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, respaldó esta demanda de la oposición y solicitó al parlamento la aprobación de la ley con el objetivo de “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” y “reencausar la convivencia entre los venezolanos”. No obstante, los detalles del texto han desatado un intenso debate.
Delcy Rodríguez habla ante la Asamblea -15-1-26 - AFP
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Luego de aprobar por unanimidad los primeros seis artículos, surgieron diferencias entre oficialismo y oposición en torno a la disposición que exige que el beneficiado por la amnistía “esté a derecho o se ponga a derecho”. Esa redacción obliga a quienes se encuentran en el exterior a regresar al país y presentarse ante un tribunal, una condición polémica en un régimen donde el poder judicial está cuestionado por su falta de imparcialidad.
La diputada Nora Bracho explicó que la propuesta del partido de gobierno se traduce en “que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera”. En la otra acera, la diputada oficialista Iris Varela señaló que quien “no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía” y añadió: “Aquí pareciera que alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido”.
Esta posición coincide con la de Diosdado Cabello, ministro del Interior y una de las figuras más poderosas del régimen, quien en su programa de televisión advirtió: “Alguien que no se puso a derecho, participó en el golpe de Estado y se fue. ¿Cómo tú vas a dar amnistía si no se puso a derecho? Revisen. La ley de amnistía no es abierta”.
La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos por razones políticas en las cárceles venezolanas, la mayoría de los cuales defiende su inocencia. Según datos del Gobierno, en paralelo a la iniciativa de amnistía se han producido 800 excarcelaciones. No obstante, la mayoría de los beneficiados quedó sujeto a medidas cautelares que los obligan a presentarse semanalmente en tribunales y les prohíben declarar a los medios o ejercer actividad política. Otros permanecen bajo arresto domiciliario.
Venezuela - familiares de presos políticos - 5-2-26 - AFP
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Lista de eventos
Aunque el proyecto de amnistía plantea revisar todo el período del chavismo, desde 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley, el beneficio —salvo cambios en las próximas sesiones del Parlamento— quedará circunscrito a “hechos de violencia por motivos políticos” ocurridos en momentos específicos.
La norma se circunscribe a episodios de conflictividad política como el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año; las protestas y enfrentamientos de 2004 y 2007; los hechos vinculados a las elecciones presidenciales de 2013 y 2024; y las manifestaciones masivas de 2014, 2017 y 2019.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Provea, una de las ONG que trabaja por los derechos humanos, advierten en un documento que esta fórmula limita el objeto de la ley “obviando varios años en los que se produjeron hechos de confrontación política, por lo que no señalar los años 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023 sería desconocer la verdad e invisibilizar a los detenidos que registramos en esos años”.
Presos políticos en Venezuela - EFE
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María Eloísa Quintero, miembro de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, advirtió en un análisis que “preocupa que la amnistía se conceda únicamente respecto de delitos políticos y conexos, dejando fuera otras formas de criminalización, como la civil, administrativa, laboral o disciplinaria”.
Añadió que “una amnistía de alcance limitado corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos”.
Los límites
El beneficio de la amnistía excluye a quienes hayan cometido homicidios, violaciones graves a los derechos humanos, tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio público. En esta especificación también hay advertencias.
La Misión de la ONU señaló que “tal como está redactada actualmente, la ley no podría aplicarse a personas que hayan sido acusadas o condenadas por motivos políticos en virtud de delitos que, en apariencia, no son políticos como delitos contra el patrimonio público”.
Provea concuerda con esta advertencia e indica que bajo el chavismo ha habido “imputaciones de delitos contra el patrimonio público por motivos políticos, contra opositores o personas que no han actuado conforme a las expectativas gubernamentales”.
El sistema
Otro aspecto polémico es que el proyecto contempla eliminar archivos de registros y antecedentes de las personas beneficiadas por la amnistía. Según Provea, aunque esa medida pareciera favorecer a los beneficiados, la supresión de la documentación dificultaría probar los delitos cometidos contra quienes han sido perseguidos por razones políticas y, en consecuencia, víctimas de la instrumentalización del sistema de justicia.
La policía detiene a manifestantes que protestan contra el anuncio oficial de resultados electorales que dio la victoria a Nicolás Maduro, un día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el 29 de julio de 2024.
La policía detiene a manifestantes que protestan contra el anuncio oficial de resultados electorales que dio la victoria a Nicolás Maduro, un día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el 29 de julio de 2024.
AP
Por su parte, Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, ha subrayado que la amnistía debe acompañarse de reformas estructurales que desmantelen el entramado legal que sostiene la persecución política, para evitar nuevas detenciones arbitrarias.
En esa línea, plantea derogar normas como la Ley contra el Odio, que establece penas de 10 a 20 años de prisión y la Ley Simón Bolívar, que impone castigos severos — la inhabilitación política permanente y la confiscación de bienes— a quienes promuevan o respalden sanciones como las que ha aplicado Estados Unidos a Venezuela.
El pasado 12 de febrero, Delcy Rodríguez advirtió en una entrevista con la cadena NBC que si María Corina Machado, principal líder de la oposición, regresa al país “tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?”.
