La inyección letal es el método de ejecución más común en Estados Unidos. También el que resulta en más ejecuciones fallidas o altamente problemáticas.
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Tras pasar tres décadas en el corredor de la muerte por cometer un brutal asesinato, Christa Pika iba a ser ejecutada este miércoles en el estado de Tennessee. Pero sobrevivió a dos dosis de la inyección letal y tuvo que ser trasladada al hospital.
Según el Departamento Correccional de Tennessee, se "siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General".
Por su parte, los abogados de Pike dijeron que las preocupaciones que tenía Pike sobre este método de ejecución "resultaron ser ciertas".
A Pike se le administraron dos dosis del fármaco pentobarbital; sin embargo, su equipo legal afirmó que estas no lograron detener su ritmo cardíaco y que aún se la podía oír respirar e incluso roncar.
El protocolo estatal no especifica claramente qué debe suceder si un recluso permanece con vida tras una segunda dosis, según la agencia de noticias AP.
Las autoridades aún no han explicado por qué la dosis administrada a Pike resultaron no ser mortales, aunque expertos médicos han planteado sus propias teorías.
El Dr. Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory —quien declaró a la BBC haber sido contratado por el equipo legal de Pike como experto médico—, afirmó que probablemente el pentobarbital nunca alcanzó en sangre un nivel suficiente como para provocar apnea y fallo cardiovascular.
El Departamento de Correccionales del estado añadió que Pike había sido trasladada a un centro médico externo.
Uno de sus abogados declaró que en el hospital se le estaban aplicando "medidas para salvarle la vida".
Hasta la mañana del jueves, se desconocía cuál era su estado de salud.
En comentarios enviados por correo electrónico a la BBC, Zivot señaló: "Es muy probable que, como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación, sufra una lesión cerebral".
El gobernador del estado, Bill Lee, ha ordenado una investigación independiente y ha anunciado que la última ejecución prevista para este año no se llevará a cabo según lo planeado.
May Martinez, madre de Colleen Slemmer —quien había abogado por que se llevara a cabo la ejecución de Pike—, declaró a NBC News que lo ocurrido había sido "un desastre".
Según The New York Post, Pike había solicitado ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento compuesto exclusivamente por mujeres, ya que temía sufrir una muerte dolorosa mediante la inyección letal, según sus abogados.
La inyección letal es el método de ejecución más común en Estados Unidos. También el que resulta en más ejecuciones fallidas o altamente problemáticas.
La mayoría de los estados que aplican la pena capital por inyección letal en EE.UU. lo hacen con una mezcla hecha de tres medicamentos, siendo común en este coctel el midazolam, un medicamento sedante de la familia de las benzodiazepinas que se utiliza para dejar al ejecutado inconsciente e impedir que sufra. Se le añaden otras sustancias como bromuro de vecuronio, para paralizar los músculos; y cloruro de potasio, para detener el corazón.
Pero en al menos 10 estados se usa una inyección letal con un solo compuesto, el pentobarbital. Fue el que se usó en el caso de Pike.
El pentobarbital es un sedante potente que ralentiza las funciones corporales, incluido el sistema nervioso. Los médicos a veces lo utilizan para tratar ciertas afecciones, pero en dosis elevadas también puede emplearse en inyecciones letales para provocar la muerte.
Tanto la mezcla de medicamentos como el uso exclusivo de pentobarbital han causado controversia. En el caso de este último, su uso en inyecciones letales volvió a ser objeto de escrutinio el año pasado, después de que una revisión del gobierno federal de EE.UU. —realizada durante la presidencia de Joe Biden— planteara dudas sobre el potencial del fármaco para causar "dolor y sufrimiento innecesarios".
Los que se oponen a la pena de muerte han reaccionado con rapidez
Maya Foa, directora ejecutiva de la organización jurídica internacional Reprieve, declaró: "No podemos saber exactamente qué salió mal, ya que gran parte del proceso ocurrió tras el telón; la inyección letal depende del secretismo en todas sus etapas para ocultar la violencia con la que el Estado acaba con una vida humana".
Las autoridades aún no han comunicado si intentarán ejecutar a Pike nuevamente. Existen precedentes históricos de autoridades que han realizado un segundo intento de ejecución con reclusos condenados a muerte.
En 2022, más de un tercio de las ejecuciones en EE.UU. resultaron fallidas o altamente problemáticas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), una organización que ofrece estadísticas e investigaciones sobre la pena capital pero que no adopta una postura moral al respecto.
Se considera que una ejecución es fallida cuando se rompe o se incumple el "protocolo" establecido para un método de ajusticiamiento concreto.
Así, según el DPIC, son aquellas que "implican problemas o retrasos imprevistos causantes de una agonía innecesaria para el recluso, o que reflejan una incompetencia flagrante por parte del verdugo".
Entre los ejemplos de tales problemas figuran, entre otros, que los reclusos se incendien durante la electrocución, que sufran estrangulamiento al ser ahorcados (en lugar de que se les rompa el cuello) o que reciban dosis incorrectas de los fármacos empleados en las inyecciones letales.
El DPIC afirma que la inyección letal presenta la tasa más alta de ejecuciones fallidas, sin distinción en sus componentes.
Por ejemplo, en mayo pasado, las autoridades penitenciarias de Tennessee desistieron de la ejecución de otro recluso llamado Tony Carruthers, tras no lograr localizar una vena adecuada.
Un incidente ocurrido en Oklahoma en 2014 cobró especial notoriedad. La ejecución de Clayton Lockett se suspendió al cabo de 20 minutos debido a que la inyección letal —compuesta por tres fármacos— no surtiera el efecto previsto al romperse una de sus venas, lo que provocó que el reo comenzara a retorcerse y a sufrir convulsiones incontrolables.
En los últimos años, a los estados les ha resultado más difícil conseguir algunos de los fármacos necesarios para las inyecciones letales, ya que las compañías farmacéuticas se han opuesto al uso de sus productos con tales fines.
Desde diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que, debido a que no es sencillo el acceso a los fármacos y a la falta de información sobre su origen, no es posible determinar si los medicamentos usados estaban en buen estado o no.
El Departamento Correccional de Tennessee no ha respondido específicamente a la alegación del equipo legal de Pike de que el pentobarbital utilizado estaba "degradado". Los fármacos pueden degradarse por diversas razones, por ejemplo, si han superado su fecha de caducidad y su potencia ha disminuido.
El departamento defendió su método en términos generales y declaró: "El producto químico utilizado en el protocolo de inyección letal ha demostrado ser eficaz sistemáticamente".
Otra de las causas por las que las ejecuciones con inyección letal fallan es por complicaciones a la hora de proceder y poner vías intravenosas.
Por ejemplo, en febrero de 2024 en Idaho, el equipo de ejecución intentó sin éxito en ocho ocasiones colocar una vía intravenosa funcional a Thomas Creech, tratando de insertar el catéter en sus "brazos, piernas, manos y pies". Tras 58 minutos de intentos fallidos, el director de la prisión finalmente suspendió la ejecución y Creech fue devuelto a su celda.
Los abogados de la organización Idaho Federal Defender Services declararon: "Esto es lo que sucede cuando se asigna a personas desconocidas, con una formación desconocida, para llevar a cabo una ejecución".
Como denuncia el DPIC, los estados dependen de fármacos de fuentes a menudo poco confiables y, además, "administrados por personal penitenciario con formación insuficiente, mal preparado para la tarea y que la lleva a cabo amparado en un creciente velo de secretismo".
FUENTE: BBC
