10 de julio 2024 - 18:57hs

La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de votar una propuesta para exigir prueba de ciudadanía estadounidense a los que quieran votar. Es una iniciativa a la que los republicanos le dieron prioridad, en contra del argumento que muestra que la cantidad de no ciudadanos que se registran y votan ilegalmente es menor.

Aprobada en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, es poco probable que la legislación avance en el Senado, liderado por los demócratas. La votación fue de 221 contra 198, con cinco demócratas a favor de la medida. Ahora se dirige al Senado con pocas chances de conseguir la aprobación que le falta.

Según se indicó en un informe de AP, el gobierno del presidente Joe Biden también ha manifestado que se opone rotundamente porque afirma que ya existen salvaguardias para verificar la elegibilidad de los votantes y hacer cumplir la ley a los no ciudadanos que intentan votar.

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Sin embargo, la votación en la Cámara dio a los republicanos la oportunidad de llamar la atención sobre dos de sus temas centrales en la carrera de 2024: la frontera y la seguridad electoral.

También están utilizando la oposición demócrata al proyecto de ley como combustible para las afirmaciones del expresidente Donald Trump de que los demócratas han alentado la oleada de migrantes para poder conseguir que se registren y voten, lo que sería ilegal. A los no ciudadanos no se les permite votar en las elecciones federales, ni en ninguna elección estatal.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, uno de los principales defensores del proyecto de ley, dijo en una rueda de prensa a principios de esta semana que los demócratas se oponen porque “quieren que los ilegales participen en nuestras elecciones federales, quieren que voten”.

Durante un discurso pronunciado el miércoles como anticipo del esperado debate en la Cámara de Representantes, calificó la votación de “momento decisivo para una generación”.

“Si sólo un pequeño porcentaje, una fracción de una fracción de todos esos ilegales que Joe Biden ha traído aquí para que voten, si votan, no sólo cambiaría una contienda electoral”, dijo, “podría cambiar potencialmente todas nuestras contiendas”.

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Estados Unidos, en año electoral.

Estados Unidos, en año electoral.

Trump y la presión de los demócratas

En su plataforma Truth Social esta semana, Trump sugirió que los demócratas están presionando para dar a los migrantes no ciudadanos el derecho al voto e instó a los republicanos a aprobar la legislación –la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE– o “irse a casa y llorar hasta dormirse.”

La fijación con el voto de los no ciudadanos conecta con la puesta en duda de la validez de las elecciones, en caso de que pierda. El mes pasado, en Las Vegas, Trump dijo a sus partidarios: “La única forma de que nos ganen es haciendo trampas”. También forma parte de una estrategia de campaña republicana más amplia, con legisladores republicanos en todo el país que aprueban leyes estatales y ponen medidas sobre el voto de los no ciudadanos en las papeletas estatales para noviembre.

Los demócratas y los defensores del derecho al voto han dicho que la legislación es innecesaria porque ya es un delito grave que los no ciudadanos se registren para votar en las elecciones federales, castigado con multas, prisión o deportación.

Toda persona que se inscriba debe declarar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense. Los no ciudadanos tampoco pueden votar a nivel estatal. Un puñado de municipios les permiten votar en algunas elecciones locales.

“A pesar de toda su retórica histérica en torno a la Ley SAVE, los republicanos tienen un objetivo real: seguir erosionando la confianza de los estadounidenses en nuestros sistemas electorales”, declaró el representante Joe Morelle, de Nueva York, principal demócrata de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes.

También han señalado encuestas que muestran que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a pruebas documentales actualizadas de su ciudadanía, como un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización o un pasaporte, y por lo tanto el proyecto de ley podría inhibir a los votantes ciudadanos estadounidenses que no pueden seguir demostrando su estatus.

Si se aprobara el proyecto de ley, “no salvaguardaría la elegibilidad de los votantes estadounidenses, sino que privaría inmediatamente del derecho al voto a millones de ciudadanos estadounidenses”, afirmó Sean Morales-Doyle, director de derecho al voto del Centro Brennan para la Justicia.

Trump y Biden
Elecciones en EEII: Trump y Biden mano a mano.

Elecciones en EEII: Trump y Biden mano a mano.

La oleada de migrantes

Sin embargo, los republicanos que apoyan el proyecto de ley afirman que la reciente oleada sin precedentes de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México crea un riesgo demasiado grande de que los no ciudadanos se cuelen por las rendijas.

Podrían infringir la ley a propósito o sin darse cuenta para emitir votos que influirían en las elecciones por márgenes estrechos.

Si se aprueba, el proyecto de ley obligaría a eliminar a los no ciudadanos de los censos electorales estatales y exigiría a los nuevos solicitantes que presenten pruebas documentales de su ciudadanía estadounidense.

También obligaría a los estados a establecer un proceso para que los solicitantes que no puedan demostrarlo aporten otras pruebas además de su declaración de ciudadanía, aunque no está claro qué pruebas podrían incluir.

Las investigaciones y auditorías realizadas en varios estados demuestran que ha habido casos de no ciudadanos que se han registrado con éxito para votar y han emitido su voto, aunque ocurre raramente y suele ser por error. Los estados tienen mecanismos para comprobarlo, aunque no existe un protocolo estándar que sigan todos.

Por ejemplo, el secretario de gobierno de Ohio, Frank LaRose, descubrió recientemente 137 sospechosos de no ser ciudadanos en el censo del estado —de un total aproximado de 8 millones de votantes-- y dijo que estaba tomando medidas para confirmarlos y eliminarlos.

En 2022, el secretario de gobierno de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, llevó a cabo una auditoría de las listas de votantes de su estado buscando específicamente a no ciudadanos. Su oficina descubrió que 1.634 habían intentado registrarse para votar durante un periodo de 25 años, pero los funcionarios electorales habían detectado todas las solicitudes y ninguno había podido registrarse.

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