Donald Trump habló recientemente de un "resurgimiento de la amenaza comunista" en Estados Unidos. Y su administración designó el año pasado a Antifa, un movimiento formado por activistas antifascistas, como "organización terrorista nacional", al responsabilizarlo por la violencia política en el país. En ese marco, el secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a delegaciones de más de 60 países esta semana para hablar sobre lo que considera un grave peligro: el "terrorismo transnacional de extrema izquierda".
El gobierno de Trump publicó en mayo pasado un plan antiterrorista que se enfocaba en la "neutralización" de amenazas hemisféricas y en desarticular las operaciones de los cárteles, pero que también identificaba como objetivo a "grupos políticos violentos y seculares cuya ideología es antiestadounidense, radicalmente transgénero o anarquista, como Antifa".
Ahora busca sumar a aliados de países de Latinoamérica, Europa o Asia a esta lucha. En su convocatoria al encuentro ministerial de este jueves en Washington, el Departamento de Estado señaló que los especialistas en seguridad y antiterrorismo identificaron una "tendencia clara" de que "los terroristas conectados en redes globales y con motivaciones políticas -en particular, los de extrema izquierda-" recurren cada vez más a "la violencia organizada y letal para promover sus objetivos políticos", según documentos a los que tuvo acceso ABC News.
"Durante demasiado tiempo, esta amenaza ha sido un punto ciego en la estrategia antiterrorista de la comunidad internacional, subestimada y con recursos insuficientes, a pesar del peligro que representa", indicó la nota.
La convocatoria al encuentro
La reunión sentará las bases para una "acción coordinada" destinada a contrarrestar a las organizaciones internacionales que "buscan implementar una visión política extrema mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror", señaló el documento en el que se invitaba a la reunión, en la que se espera a representantes de unos 60 países. Por Argentina, por ejemplo, irá su canciller Pablo Quirno, según confirmaron fuentes de la Cancillería a El Observador.
El Departamento de Estado aseguró el viernes pasado que había un "interés abrumador" en la reunión ministerial y que por eso ampliaría la convocatoría a más países que "trabajan para combatir la creciente amenaza internacional de la violencia de extrema izquierda".
"El terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza que existe desde hace mucho tiempo, pero que no se ha abordado. Nos estamos asegurando de resolver ese problema", dijo el portavoz Tommy Pigott, del Departamento de Estado, a Fox News.
Los cuestionamientos al enfoque de la administración Trump
Diversas organizaciones y especialistas han cuestionado el enfoque del gobierno de Trump, porque no coinciden en la evaluación de la amenaza. Incluso algunos funcionarios estadounidenses le dijeron a The Washington Post que les preocupa que esto forme parte de un esfuerzo por utilizar las herramientas de la lucha contra el terrorismo para avanzar contra activistas estadounidenses a los que consideran extremistas de izquierda.
Hay, a su vez, otros que creen que si se implementan medidas de este tipo podrían ser utilizadas en un futuro contra activistas conservadores. Y en diversas agencias hay analistas que se han negado a informar sobre Antifa porque no lo consideran una amenaza seria en el marco de la lucha contra el terrorismo, según dijeron fuentes familiarizadas con el tema al medio.
Ante la consulta del Washington Post sobre estas preocupaciones, un funcionario de la administración Trump dijo que "no representan el sentir predominante en la Casa Blanca" y acusó a los demócratas de haber utilizado herramientas de seguridad nacional como arma contra sus opositores conservadores.
Un análisis realizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en 2025 reveló que, si bien la violencia de izquierda en Estados Unidos ha aumentado durante la última década, "ha partido de niveles muy bajos y sigue siendo mucho menor que los niveles históricos de violencia perpetrada por atacantes de derecha y yihadistas".
El informe del CSIS concluyó que era "importante destinar recursos a todas las dimensiones de la amenaza terrorista". "El terrorismo de izquierda es una prioridad para la administración de Trump, pero el terrorismo yihadista también sigue siendo motivo de preocupación, aunque haya disminuido", afirmó. "El terrorismo de derecha podría resurgir con fuerza, especialmente si en 2028 surgen denuncias de una 'elección robada' o afirmaciones incendiarias similares", añadió.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también criticó varias medidas adoptadas en el marco de la estrategia antiterrorista de la administración Trump, acusándola de perseguir a activistas y donantes pacíficos, pero con opiniones políticas opuestas, "con el pretexto de combatir la violencia política y el terrorismo interno".
Antifa como objetivo
Trump designó a Antifa como "organización terrorista nacional" en septiembre del año pasado, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El sospechoso por el ataque se "había vuelto más político" y dejó mensajes antifascistas grabados en las balas, pero no se presentaron evidencias de que tuviera vínculos con el movimiento.
Antifa, que es una abreviatura de "antifascistas", es un término general para grupos activistas de extrema izquierda y no constituye una entidad única. Generalmente se le identifica más como un movimiento poco definido, sin líderes, formado por manifestantes y activistas.
El movimiento, que en algunos casos se originó en las luchas contra los fascistas europeos en las décadas de 1920 y 1930, se ha movilizado históricamente contra los neonazis, el neofascismo, los supremacistas blancos y el racismo, y más recientemente contra la extrema derecha y lo que consideran como "un autoritarismo creciente" en la administración Trump.
En 2020, el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray, afirmó que Antifa era una ideología más que una organización formal.
Los críticos del gobierno consideraron en su momento que Trump había utilizado el asesinato de Kirk como pretexto para reprimir a sus opositores. Y algunos académicos y expertos argumentan que la medida de designar a un grupo o movimiento doméstico como organización terrorista carece de fundamento legal y viola la Primera Enmieda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.
