A su vuelta a la Casa Blanca, en enero de 2025, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas con las que buscaba delinear su segundo mandato. Una de ellas era clave para la agenda del republicano: limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Después de meses de disputas judiciales, la Corte Suprema finalmente bloqueó el intento del mandatario de impedir que los hijos de inmigrantes indocumentados y residentes temporales nacidos en EEUU no fueran ciudadanos estadounidenses.
El decreto de Trump del año pasado, que se titulaba "Proteger el valor y significado de la ciudadanía estadounidense", hacía una interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución muy distinta a la que se sostuvo durante más de 100 años y aseguraba que no garantiza "que se extienda la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en Estados Unidos". El presidente sostuvo entonces que la ciudadanía por nacimiento funcionaba como un "imán para la inmigración ilegal".
Como muestra de la importancia que le daba al tema, Trump hizo algo inédito en abril pasado: fue el primer presidente de Estados Unidos en funciones en asistir a una audiencia de la Corte Suprema durante los alegatos orales.
En un fallo dividido, el máximo tribunal revocó este martes el decreto de Trump, que había sido impungado por tribunales inferiores, por 6 votos contra 3. Una mayoría de cinco magistrados consideró que que la Decimocuarta Enmienda, adoptada durante la Guerra Civil, otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país, con excepciones muy limitadas. Un sexto juez, el conservador Brett Kavanaugh, dijo que la orden violaba la ley federal, pero no la Constitución.
"La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a 'toda persona nacida libre en esta tierra'", escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, citando el debate del Congreso sobre la enmienda. "Hoy mantenemos esa promesa", apuntó.
Aunque la Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, no es la primera vez que falla contra una política clave del mandatario: ya lo hizo en febrero al anular la mayor parte de los aranceles establecidos por Trump, al considerar que excedió su autoridad al imponerlos. También frenó este lunes el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
El origen del decreto de Trump
La orden ejecutiva de Trump desafió uno de los elementos constitutivos de Eastados Unidos, que era que cualquier nacido en EEUU es ciudadano estadounidense. Y por eso enfrentó en su momento una avalancha de cuestionamientos, entre ellos de varias organizaciones latinas, así como la demanda de más de 20 estados por una medida que consideraron anticonstitucional.
La decisión se dio en el marco de su línea dura contra la inmigración y su campaña de deportaciones masivas y establecía que el derecho se limitaba a aquellos con al menos uno de sus padres con ciudadanía o residencia permanente. Esto dejaba afuera a los hijos de inmigrantes sin papeles y de residentes temporales.
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen", reza la 14 Enmienda, ratificada en 1868, cuando Estados Unidos intentaba recomponerse tras la Guerra Civil.
El objetivo en ese momento era garantizar que las personas negras, incluidas las que solían ser esclavas, tuvieran ciudadanía, aunque la cláusula estaba redactada de manera más amplia. Desde entonces, fue aplicada prácticamente a todos los nacidos en EEUU, salvo hijos de diplomáticos extranjeros y a los nacidos de una fuerza extranjera de ocupación.
La administración Trump sostiene que la visión común sobre la ciudadanía es errónea, al afirmar que los hijos de no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. El argumento del líder MAGA y los miembros de línea dura es que, en medio del fuerte crecimiento de la población migrante en el país, los recién llegados y sus hijos aprovechan recursos que de otra forma serían para la población ya establecida.
Las reacciones a la decisión de la Corte Suprema
Tras el fallo, Trump instó al Congreso a aprobar una ley que limite la ciudadanía por nacimiento. "¡No hace falta ninguna enmienda constitucional larga y engorrosa! El Congreso debería empezar HOY MISMO a trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, que resulta costosa e injusta para nuestro país", escribió en su red Truth Social. "¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!", apuntó.
Aunque en su momento el mandatario había dicho que Estados Unidos era "el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir" esta ciudadanía por nacimiento. EEUU está, sin embargo, dentro de un grupo de unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, bajo el principio de "derecho de suelo". La mayoría se encuentra en el continente americano, entre ellos Canadá y México.
El juez conservador Clarence Thomas, el único afroamericano en la Corte Suprema, mostró su desacuerdo con el fallo. Tras la Guerra de Secesión que los emancipó, "los negros tenían derecho a la ciudadanía porque eran estadounidenses. No tenían otra patria, no debían lealtad a ninguna potencia extranjera y no estaban sometidos a ninguna otra autoridad", explicó Thomas, según recogió la agencia AFP. A su juicio, esa no es la situación de extranjeros que entraron ilegalmente en el país, y que por lo tanto ya tienen otra ciudadanía que pueden pasar a su bebé.
Más de un cuarto de millón de bebés nacidos en Estados Unidos cada año se habrían visto afectados por la orden ejecutiva, según investigaciones del Migration Policy Institute y del Population Research Institute de la Universidad Estatal de Pensilvania.
Aunque Trump se ha centrado en gran medida en la inmigración ilegal en su retórica y sus acciones, las restricciones a la ciudadanía por nacimiento también se habrían aplicado a personas que están legalmente en Estados Unidos, incluidos estudiantes y solicitantes de la green card, o estatus de residente permanente.
Diversas organizaciones latinas, que habían cuestionado duramente el decreto de Trump, saludaron este martes la decisión del Tribunal Supremo. "Esta sentencia reitera, con toda justicia, nuestros derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad para todos los que hemos nacido en suelo estadounidense. Aunque esta decisión supone una importante victoria, debemos seguir trabajando para garantizar que estos derechos sigan estando protegidos", dijo la Hispanic Federation en un comunicado.
