6 de julio 2025 - 10:14hs

El histórico derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos está inmerso en una batalla judicial sin precedentes que despierta grandes interrogantes. Después de que Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que restringe este derecho para los hijos de migrantes indocumentados, varios tribunales federales bloquearon su implementación mediante medidas cautelares.

No obstante, la semana pasada, el gobierno republicano logró una gran victoria cuando la Corte Suprema dictó un fallo que limita la facultad de los tribunales inferiores para bloquear órdenes ejecutivas en todo el país. Con esta decisión, el decreto del presidente podría entrar en vigor en al menos 28 estados donde no existen bloqueos judiciales, lo que pondría fin a más de un siglo de jurisprudencia.

Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas, con la latina Sonia Sotomoyor a la cabeza), la Corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores "probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales".

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Sin embargo, el máximo tribunal no se pronunció sobre si el decreto de Trump que elimina la ciudadanía por nacimiento es constitucional o no. Los tres jueces liberales, en desacuerdo con la postura mayoritaria, dijeron que la directiva del presidente es claramente ilegal.

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La nueva resolución restringe estos bloqueos nacionales, limitándolos solo a los estados que participaron en los recursos legales correspondientes. De este modo, en aquellos estados donde no existan tales bloqueos, la orden ejecutiva podría entrar en vigor en un plazo de 30 días a partir del fallo, salvo que se presenten nuevas acciones judiciales.

La suspensión de la ciudadanía por nacimiento afectaría inicialmente a Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia y Wyoming.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, le dijo a periodistas en la Casa Blanca que el gobierno está "muy confiado" en que la Corte Suprema finalmente se pondrá de su lado en cuanto a los méritos del caso.

¿De dónde surge la ciudadanía por nacimiento?

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Protesta frente a la Corte Suprema

Protesta frente a la Corte Suprema

La ciudadanía por nacimiento convierte a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país sin autorización.

La práctica se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la 14ª Enmienda de la Constitución, en parte para asegurar que las personas negras, incluidas las que solían ser esclavas, tuvieran ciudadanía.

"Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos", establece la enmienda.

En 1898, la Corte Suprema falló en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark y sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en el territorio del país eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno, así como los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil, las personas nacidas en barcos extranjeros y las nacidas de miembros de tribus nativas estadounidenses soberanas.

Así, el Tribunal Supremo dictaminó explícitamente que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres.

Estados Unidos está dentro de un grupo de unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, bajo el principio de “derecho de suelo”. La mayoría se encuentra en el continente americano, y Canadá y México están entre ellos.

"Un imán para la inmigración ilegal”

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Fue en enero, en su primer día al frente de la presidencia, cuando Trump firmó la orden ejecutiva con la que intentaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Su propuesta de negar este derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o con residencia temporal fue rápidamente impugnada y bloqueada por diversos tribunales. Ante esto, Trump recurrió a la Corte Suprema.

La medida forma parte de las estrictas políticas migratorias implementadas por Trump y su campaña masiva de deportaciones. El presidente sostuvo que la ciudadanía por nacimiento funciona como un “imán para la inmigración ilegal”.

"La ciudadanía por nacimiento no fue concebida para que los que se van de vacaciones se conviertan en ciudadanos permanentes de Estados Unidos y para que traigan a sus familias con ellos, ¡todo el tiempo riéndose de lo 'tontos' que somos!", había escrito en su red Truth Social.

Corte Suprema de Estados Unidos. AP.webp

Trump y sus simpatizantes interpretan de manera distinta la 14ª enmienda, enfocándose en la frase "sujeta a su jurisdicción". Según esta interpretación, la ley excluiría de la ciudadanía automática a las personas cuyas madres no estaban legalmente en EEUU y cuyos padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, así como a aquellas cuyo único progenitor legalmente presente en el país era su madre, pero de forma temporal, y cuyo padre no era ciudadano ni residente permanente legal.

Por su parte, los estados, inmigrantes y grupos de derechos que presentaron demandas para bloquear la orden ejecutiva acusan al gobierno de intentar desestabilizar la comprensión más amplia de la ciudadanía por nacimiento que fue aceptada desde la adopción de la enmienda.

Un mosaico de políticas dispares

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Protesta frente a la Corte Suprema

Protesta frente a la Corte Suprema

El reciente fallo de la Corte otorgó a los tribunales inferiores y a las partes involucradas un plazo de 30 días para determinar los próximos pasos. De esta manera, se mantiene abierta la posibilidad de que los grupos que impugnan la política puedan buscar una solución a nivel nacional mediante demandas colectivas y solicitar la certificación de estas demandas a nivel nacional.

A tan solo horas de conocer la decisión del máximo tribunal, ya se habían presentado dos demandas colectivas en Maryland y New Hampshire con el objetivo de bloquear la orden ejecutiva.

La jueza Sonia Sotomayor, quien redactó la opinión disidente de la Corte, instó a los tribunales inferiores a “actuar rápidamente sobre tales solicitudes de remedio, y a adjudicar los casos tan pronto como puedan con el fin de permitir la pronta revisión por parte de esta Corte” en casos “que impugnan políticas tan flagrantemente ilegales y dañinas como la Orden de Ciudadanía”.

Los opositores de la medida advirtieron que, de implementarse, el país enfrentaría un mosaico de políticas dispares, lo que provocaría caos y confusión sin un remedio a nivel nacional.

Los estados que demandaron y, por lo tanto, seguirán teniendo este derecho mientras se resuelve este caso son: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin.

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