El Frente Amplio y la oposición llegaron a un acuerdo en el Parlamento para votar el proyecto sobre el acceso de las mutualistas al Fondo de Garantías discutido en el marco de la compleja situación del Casmu.
La oposición, a impulso de blancos y colorados, logró imponer su mayoría y en comisión se le realizaron varias modificaciones al texto que fue votado por unanimidad. La idea es que sea votado por el plenario de Diputados en la tarde de este martes.
El proyecto plantea un fondo de acceso para el uso de garantías, que no vuelca recursos directamente a la institución sino que busca permitir un reperfilamiento de la situación financiera. Ese fondo, en la propuesta inicial, era por US$ 122 millones y el proyecto permitía al Poder Ejecutivo objetar a directivos de aquellas mutualistas que quisieran acceder.
Sin embargo, la oposición hizo valer su mayoría en la Cámara de Diputados y el texto tuvo varias modificaciones. En la sesión de la comisión de Salud integrada con Hacienda de la semana pasada, donde comparecieron el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, la oposición ya había dejado claro que había tres asuntos que pretendía modificar.
Por un lado el artículo 3 permitía al Poder Ejecutivo objetar la designación de cargos de dirección y gerencia de las mutualistas que accedan al fondo. Es decir, la iniciativa del gobierno decía que a “efectos de lograr una adecuada protección del interés público comprometido mediante las garantías otorgadas” las mutualistas que accedan a una garantía deberán “asegurar” que los integrantes de sus órganos de dirección, administración y conducción ejecutiva reúnan una serie de condiciones.
La persona tenía que poseer “idoneidad y experiencia adecuada”, reunir condiciones de “honorabilidad e integridad” y “no mantener conflictos de interés que resulten incompatibles con el adecuado ejercicio de sus funciones”, entre otros. El Poder Ejecutivo podría objetar alguna designación mediante resolución fundada y deberá “referirse exclusivamente al incumplimiento de las condiciones previstas”, decía el proyecto. La no objeción alcanzaba a los candidatos que se postulen para cargos de dirección que sean designados mediante elecciones.
Ese artículo finalmente quedó por el camino y será estudiado aparte en la comisión de Constitución.
La otra modificación tiene que ver con el aporte de los médicos capitalizadores del Casmu al Fondo de Garantía. Fue un planteo del senador colorado Pedro Bordaberry que no prosperó en la cámara alta pero que ahora fue retomado por sus diputados.
“También varios de nosotros hemos estado expresando la necesidad de que los médicos capitalizadores contribuyan desde su lugar. Estábamos hablando del ejemplo y de la propuesta que se había presentado en el Senado por el senador Bordaberry, que varios lo mencionaron, de que cada médico, en forma mensual, ponga su cuota de US$ 57, que no es inaccesible, ni mucho menos, para los sueldos que ganan”, planteó la diputada colorada Nibia Reisch. El objetivo es que los médicos cooperativistas aporten en total unos US$ 200 mil en diez años.
Finalmente, oficialismo y oposición acordaron reducir el fondo de unos US$ 122 millones a alrededor de US$ 110 millones y esa diferencia dependerá del aporte de los médicos capitalizadores.
"La suma referida en el inciso primero (los US$ 110 millones) podrá ampliarse hasta un total de 742.543.719 Ul ( unos US$ 122 millones) más intereses, sujeto a la aprobación previa del MSP de un plan de capitalización por parte de los Socios Capitalizadores del CASMU-IAMPP, con un aporte de capital a la institución equivalente al 8% (ocho por ciento) del monto garantizado, en un plazo máximo de hasta 48 (cuarenta y ocho) meses con destino a inversiones en infraestructura o tecnología. Dicho plan de capitalización se deberá contemplar en función del ingreso individual", dice el texto acordado.
La propuesta inicial de la oposición era que ese monto ascendiera al 10% mientras que el oficialismo planteaba 4%. La negociación derivó en un acuerdo por el 8%. El plazo de 48 meses era lo que planteaba el Frente Amplio ya que la oposición pretendía 24 meses.
Y finalmente el oficialismo también recogió otra inquietud de la oposición vinculado al uso del dinero. “En el plan que nos presentaron figura que el 10% de este fondo de garantía o de esta garantía concretamente, $480 millones; estamos hablando de unos US$12 millones estaría destinado a pagar el financiamiento no bancario, es decir, a los prestamistas. (…) Quizás sería prudente retirar ese pago a los prestamistas y que se les pague con otros fondos, por ejemplo, con fondos de Casmu, con fondos que provengan de los médicos capitalizadores o con otras alternativas financieras", planteó la semana pasada el diputado blanco José Luis Satdjian.
Finalmente, los prestamistas no figuran dentro del plan de reestructura vinculado al Fondo de Garantías. Y, por último, también incluyeron en el proyecto aprobado en comisión un apartado que obliga al Casmu, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía a remitir trimestralmente a la Asamblea General el "estado de avance del plan de reestructuración aprobado".
