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La Policía Federal de Brasil capturó a tres empresarios que mantuvieron en una situación similar a la "esclavitud" durante años a dos trabajadores uruguayos, a los que incluso obligaron a tatuarse sus iniciales.

El hecho fue descubierto por el Ministerio de Trabajo de Brasil en un operativo conjunto con la Policía y la Fiscalía de Trabajo realizado del 8 al 15 de abril en el municipio de Planura del estado de Minas Gerais, luego de una denuncia telefónica que reportaba "graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos" en una empresa, según informó la cartera del país vecino en un comunicado.

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En esa denuncia se reportaron "indicios de trabajos forzados, encarcelamiento injusto, explotación sexual y violencia física y psicológica".

Los oficiales a cargo del caso encontraron a dos uruguayos, un hombre homosexual y una mujer trans, en una cárcel privada. Ambos declararon que fueron contactados por sus empleadores a través de las redes sociales, desde donde los engañaron ofreciéndoles trabajo y vivienda.

Desde el ministerio brasileño indicaron que los empresarios utilizaban estas plataformas para acercarse a personas "en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y emocional", principalmente miembros de la comunidad LGBT, y les prometían "falsas oportunidades de trabajo" para "establecer lazos de confianza" y luego hacerlos trabajar en situaciones "abusivas y degradantes".

La cartera indicó que los uruguayos fueron sometidos a "jornadas laborales extenuantes, sin remuneración y en condiciones de vivienda precarias".

El hombre estuvo retenido nueve años, en los que fue empleado como trabajador doméstico "sin registro laboral formal", y en los que sufrió "diversos tipos de violencia, física, sexual y psicológica", además de que lo obligaron a "hacerse un tatuaje con las iniciales de sus jefes como símbolo de propiedad".

En tanto, la mujer también trabajó como doméstica y relató que vivió "en un entorno opresivo, sin un salario adecuado y bajo constante intimidación". Durante su tiempo trabajando en Brasil "sufrió un derrame cerebral", que desde el Ministerio de Trabajo entienden que posiblemente se debió al "estrés y la violencia" que vivió.

Los empresarios fueron detenidos y la justicia los imputó por un delito de "trata de personas con fines de explotación laboral en condiciones análogas a la esclavitud", según informó el medio G1.

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