La fiscalía pide Cendoya una pena de 22 meses de prisión, una multa de 2.500 Unidades Reajustables y dos años de inhabilitación por tres delitos de abuso de funciones en reiteración real mientras que para los otros dos imputados, que son la exasesora de Cendoya, la abogada Luján Varela y el exsecretario general Oscar Mecol, pide 18 y 14 meses como coautores de abuso de funciones.
Los papeles triturados
El fiscal Pérez comenzó relatando el conocido hecho por el que el exfuncionario del Poder Judicial —con pase en comisión en Ursec hasta abril— Gustavo Sorrentino, ingresó en la mañana del 1 de junio a la Secretaría General y destruyó papeles en la trituradora del piso. Y relacionó ese hecho con una nota que ese día había publicado El Observador, del periodista Santiago Soravilla, en la que la entonces presidenta del directorio de Ursec Mercedes Aramendía afirmaba que se había abierto "una caja de pandora llena de arbitrariedades e irregularidades". La jerarca se refería a que había expedientes encajonados y a que se habían tomado decisiones sin tener en cuenta informes técnicos.
Según la acusación del fiscal a partir de esos dos hechos y de la denuncia penal que hizo Aramendía por la destrucción de los papeles, Cendoya —junto a los coimputados— puso trabas formales para evitar una reunión urgente del Directorio que ordenara una investigación administrativa, se reunió fuera de la institución con Sorrentino en su automóvil y recibió información sobre la denuncia penal a través de comunicaciones irregulares.
Pérez señaló que el 2 de junio Aramendía llegó temprano a la Ursec recogió los papeles triturados, los colocó en una bolsa y se los entregó a la abogada Massardjian, integrante de Jurídica, quien junto a la gerenta Graciela Coronel, al día siguiente radicaron la denuncia. La bolsa negra terminó siendo presentada en una dependencia policial, donde fue recibida. Y a partir del material reconstruido se logró reconstruir parte de un expediente vinculado a la empresa Comunicaciones Audiovisuales S.R.L. (un servicio de televisión para abonados de Aiguá, Maldonado), en el cual se había intimado a la Ursec por haber publicado datos sensibles y personales de los interesados.
En la vereda opuesta, la defensa de Cendoya, encabezada por el abogado Rodrigo Martínez junto a Diego Camaño, estructuró su alegato precisamente sobre la tesis de la legalidad de cada resolución adoptada por su cliente. De pie y apoyándose en imágenes proyectadas en sala, Martínez afirmó que el exjerarca "pensó como profesor de Derecho Administrativo" al tomar sus decisiones y que siempre "actuó conforme a derecho" con la información que disponía en cada momento.
Sobre los hechos del 1° de junio de 2020, mientras mostraba en la pantalla la foto de la trituradora y de la bolsa negra con los papeles triturados adentro, el defensor sostuvo que Cendoya estaba sentado en el banquillo por la conducta de un tercero —Sorrentino, quien no estaba en la sala y ni siquiera fue acusado en esta causa— que acudió a la Ursec el día de la despedida de un dirigente sindical que cumplía 70 años y se despedía y destruyó copias de papeles personales en una trituradora en el marco de una antigua política de "escritorios limpios" y digitalización.
Asimismo, justificó el rechazo a convocar de inmediato un directorio extraordinario alegando que el reglamento exigía 48 horas de antelación, y aseguró que Cendoya siempre estuvo dispuesto a acompañar la investigación administrativa y la denuncia penal, responsabilizando a Aramendía de haber actuado tres días a sus espaldas en medio de una "campaña mediática" con más de un centenar de noticias en diez días.
Las dos versiones sobre los equipos devueltos a radio Palmitas
El segundo hecho por el que la fiscalía pidió la condena de Cendoya ocurrió en febrero de 2015. Tras una tercera inspección que constató que la emisora emitía sin autorización e interfería con otras frecuencias, inspectores de la Ursec la clausuraron e incautaron su equipamiento. Sin embargo, el entonces presidente Gabriel Lombide —con copia a Cendoya— ordenó devolver de inmediato los equipos.
El fiscal recordó que en julio de 2020, Cendoya declaró en el programa Séptimo Día de Canal 12 que la devolución se debió a un error administrativo que habilitaba a la radio a seguir emitiendo, afirmación que la Fiscalía sostiene que es falsa y contraria a derecho.
Al hacer sus alegatos , Martínez explicó que Cendoya buscó evitar un "daño injusto" porque el trámite solo aguardaba la firma presidencial, y por eso instruyó al jefe de inspectores, Leslie Green, en nombre del Directorio, para que durante esos meses —hasta abril— no se revisara ni ejecutara ningún procedimiento contra la radio. Además, el abogado aclaró que Cendoya nunca conoció a quien la dirige ni había estado nunca en Palmitas.
Sin embargo, según el relato de la defensa, Green nunca transmitió esa instrucción a los inspectores a su cargo y por eso los funcionarios concurrieron igualmente a Palmitas e incautaron los equipos. Martínez agregó que, posteriormente, los inspectores solicitaron una reunión con el Directorio —en la que participaron los directores de la época, el secretario general Oscar Mecol, el propio Green, Javier Lastelime y Luis Abascal— y fue recién en esa instancia que Cendoya se enteró de que Green no había bajado la orden al equipo inspectivo. Al ser consultado en esa reunión sobre por qué no había transmitido la directiva, respondió, según citó el abogado: "no, porque no me iban a dar pelota"
"Al final de este juicio va a absolver a Nicolás Cendoya porque es inocente", concluyó el abogado.
Radio Bemba y la clausura con la intervención del fiscal, según la defensa
El tercer eje de la acusación fiscal se centró en la situación de Radio Bemba FM de Salto, un episodio por el cual también resultó imputada la exasesora de Cendoya. Según expuso el fiscal Pérez, la investigación se abrió en diciembre de 2020 luego de que inspectores de la Ursec declararan en Fiscalía que Cendoya había ordenado no fiscalizar esa emisora.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, la radio había sido autorizada en 2015 como emisora comunitaria sin fines de lucro, pero sucesivas inspecciones constataron que transmitía con una potencia 80 veces superior a la permitida. A pesar de ello, en febrero de 2019 se emitió una resolución para enviar inspectores a Salto y Bella Unión que excluyó expresamente a Radio Bemba, mientras el expediente permanecía paralizado desde fines de 2018. Para la Fiscalía, detrás de esa protección se desnaturalizó el permiso comunitario, ya que la radio había sido alquilada por $50.000 mensuales y operaba con fines comerciales.
La defensa de Cendoya ofreció una versión radicalmente distinta de los hechos. Martínez explicó que, ante un planteo técnico en diciembre de 2018, Cendoya y el entonces jefe de inspectores Luis Abascal entendieron que la vía adecuada era consultar al Ministerio de Educación y Cultura sobre la posibilidad de solicitar un aumento de potencia, y aseguró que desde ese instante su defendido no volvió a tener noticias de la emisora hasta octubre de 2020.
Según el abogado, el desenlace se precipitó cuando funcionarios de la Ursec fueron a declarar a la Fiscalía y el propio fiscal les advirtió que, si la defensa de Cendoya accedía a la carpeta del caso, podían frustrar una inspección prevista. Ante ello, el gerente Green viajó de inmediato a Salto ese mismo día y, el 23 de diciembre de 2020, el área de Contralor procedió a la clausura de la radio, una medida que —remarcó Martínez— fue ejecutada por los inspectores y no por el Directorio.
Los otros acusados y el planteo de sus defensas: de Ultratón a
Junto a Cendoya enfrentan el juicio su exasesora en pase en comisión —para quien la Fiscalía pidió 18 meses de prisión, una multa de 2.000 UR y dos años de inhabilitación—, y el exsecretario general de la Ursec, Oscar Mecol, acusado únicamente por los hechos del 1° de junio de 2020 y con un pedido de condena de 14 meses de prisión y dos años de inhabilitación.
La defensora de Varela, Cecilia Salom junto a Rosana Gavazzo, cuestionó la imputación al señalar que el delito de abuso de funciones funciona como "una bolsa donde se pone todo lo que nadie sabe dónde ubicar, igual que la bolsa negra que Aramendía paseó por toda la Ursec". Salom sostuvo que las conductas atribuidas a su clienta son completamente ajenas al ámbito penal: explicó que Varela simplemente informó a Mecol sobre el plazo reglamentario de 48 horas para convocar al directorio —una norma que sigue vigente— e intercambió mensajes con compañeros en medio del revuelo mediático tras el cambio de gobierno en 2020.
Respecto a la fotocopia de un expediente hallada en su domicilio, la abogada ironizó comparando el asombro de la Fiscalía con el personaje infantil "Ultratón" por los niños que seguían usando chupete, recordando que el expediente electrónico existía desde hacía años y que tener una copia de consulta para sus tareas no constituye delito alguno.
Por su parte, la defensa de Mecol, a cargo de Rosana Gavazzo y Gabriela Agrela, calificó la acusación como "larga y confusa" y cuestionó que se pretenda responsabilizar penalmente a un funcionario de 69 años, sin filiación política y con problemas de salud, por la destrucción de copias ya digitalizadas que realizó un tercero sin su orden ni consentimiento.
Gavazzo objetó la cadena de custodia de la bolsa negra recolectada por Aramendía y justificó la reunión mantenida dentro de un automóvil con Cendoya recordando que los hechos ocurrieron en plena pandemia, cuando la gente evitaba el contacto en espacios cerrados. Finalmente, subrayó que Mecol no tuvo poder de decisión en el Directorio, que su intervención en el expediente de Aiguá —donde se habían publicado datos personales— se limitó a ejecutar lo resuelto por los jerarcas y que ya fue sancionado administrativamente por estos hechos antes de jubilarse.