De los papeles triturados y reuniones clandestinas a otros trámites irregulares
La acusación de la fiscalía sostiene que el 1° de junio de 2020, el exfuncionario Gustavo Sorrentino ingresó de manera irregular a la Ursec y trituró documentación reservada. Esa noche el gerente de División Ingeniería de Telecomunicaciones de Ursec, ingeniero Leslie Green, le informó telefónicamente a la entonces presidenta del directorio Mercedes Aramendía que esa mañana Sorrentino había estado revisando armarios del área de la Secretaría General de Ursec y posteriormente destruyendo documentación en una máquina trituradora. Sorrentino era un funcionario del Poder Judicial que había cumplido funciones en pase en comisión en la Ursec entre 2015 y abril de 2020.
Mercedes Aramendía, presidenta de la Ursec
Diego Battiste
Álvaro Ferreiro, quien se desempeñaba como funcionario de informática de la Ursec es el testigo presencial clave que destapó las irregularidades, y declarará en el juicio. Según relata el juez en el auto de apertura al juicio, contó que en esa mañana se encontraba trasladando equipos informáticos en la oficina de la Secretaría Administrativa de la Secretaría General (en el segundo piso del edificio) debido a una mudanza que se estaba realizando. Aproximadamente a las 11:15 horas, advirtió la presencia en la oficina de Sorrentino, revisando armarios, muebles y documentación. "Momentos después de verlo registrar los armarios, Ferreiro escuchó el funcionamiento de la máquina trituradora de papel de la oficina y vio directamente a Sorrentino introduciendo papeles en ella para destruirlos", relata el juez.
El 3 de junio Aramendía realizó la denuncia penal.
La fiscalía afirmó que luego de que se descubrió el hecho, Cendoya, Varela y Mecol se concertaron para ganar tiempo y obstaculizar la investigación de urgencia, rechazando deliberadamente la convocatoria a una sesión extraordinaria de Directorio el 3 de junio de 2020 alegando motivos puramente formales del reglamento. Agregó que "por expresa oposición" de Cendoya, tampoco se habilitó la instrucción de una investigación administrativa, lo que recién se pudo concretar el 11 de junio, una vez que Cendoya fue cesado en el cargo.
Durante ese tiempo de retraso, Cendoya se reunió de manera clandestina en su vehículo cerca del Club Atenas con Mecol y posteriormente con Sorrentino para intercambiar información privilegiada y coordinar defensas. Además, Sorrentino accedió ilegalmente al parte policial de la denuncia penal a través de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (condenados judicialmente) y lo compartió con Cendoya.
Coincidentemente Aramendía había hecho declaraciones a El Observador, que se publicaron ese 1º de junio que se tituló “Presidenta de URSEC dijo que abrió ´una caja de pandora cada vez más oscura´", y cuya bajada ampliaba: “Mercedes Aramendía asegura que hay expedientes cajoneados y que se tomaron resoluciones irregulares y arbitrarias sin tener en cuenta informes técnicos”. Se refería aque había más de 450 expedientes, algunos con más de 10 años sin resolución.
La prueba que fue aceptada por el juez Baccelli e ingresará al juicio incluye las grabaciones de seguridad con una duración de una hora y diez minutos que será explicado en el juicio con el testimonio de Aramendía y otras funcionarias de la Ursec.
Los docuementos triturados: de qué se trataba
La reconstrucción de los papeles triturados permitió individualizar varios expedientes que se tramitaban en la Ursec.
El principal estaba referido a una transferencia de acciones de Comunicaciones Audiovisuales S.R.L. (servicio de televisión para abonados de la localidad de Aiguá, Maldonado) y a una intimación urgente por violar datos personales de los directores mayoritarios de Ursec, lo que exponía a estos últimos a responsabilidades penales y civiles.
La intimación urgente se había presentado en setiembre de 2019 y Cendoya y Gabriel Lombide, entonces presidente del Directorio de la Ursec, habían decidido remitirlo a la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) con la negativa de la directora opositora.
Sin embargo, ese expediente fue "congelado" y quedó sin movimiento alguno en la bandeja de Sorrentino desde el 13 de setiembre de 2019 hasta el 1 de julio de 2020. Para la Fiscalía, la remisión a la Chasca fue una "grotesca excusa" o "burda chicana" para sacarse el tema de encima y no resolver la intimación de la abogada, evitando así asumir las eventuales responsabilidades civiles y penales que correspondían a los directores por haber expuesto los datos personales.
El juez Baccelli menciona que se reconstriuyó una firma ológrafa realizada con lapicera azul correspondiente a una funcionaria del MIEM que reconoció la firma como suya y admitió que actuó en el citado expediente.
Además "se logró ubicar entre los referidos restos, restos de actuaciones, dos códigos de barras vinculados a trámites destinados a la Ursec por antecedentes judiciales de dos interesados" que habían comparecido ante la Ursec, así como una declaración jurada.
Las otras irregularidades: radio Palmitas y radio Bemba
La fiscalía también acusa a Cendoya de ordenar de forma verbal y por correo electrónico la devolución inmediata de los equipos incautados a la radio clandestina Palmitas el 25 de febrero de 2015, el mismo día de su clausura.
Esta orden se emitió de manera informal y sin someter la resolución al Directorio completo (el tercer director no fue consultado). Según la fiscalía, esa decisión "amparó a un infractor contumaz, violó la veda electoral para habilitar nuevas frecuencias y minó la independencia técnica y la autoridad del cuerpo de inspectores de Ursec".
El otro hecho irregular, a juicio del fiscal Pérez, guarda relación con la radio Bemba operaba de forma ilegal con una potencia hasta 80 veces mayor a la permitida (3KW en lugar de 30W), utilizándose con fines comerciales no autorizados para radios comunitarias.
La fiscalía argumentó que Cendoya, con el apoyo directo de su secretaria Luján Varela, dio la orden expresa al jefe de inspectores de no fiscalizar ni inspeccionar dicha emisora. Cendoya incluso llegó a realizar una llamada directa a inspectores que estaban en Salto para controlar que no visitaran la radio, permitiendo que siguiera transmitiendo al margen de la ley.
Foto: Gastón Britos/FocoUy
Defensa de Cendoya: "Persecución política"
Los defensores Camaño y Martínez reivindicaron durante todo el proceso la inocencia de Cendoya y sostuvieron que la acusación fiscal es confusa, gramaticalmente deficiente, ininteligible en varios pasajes y que responde a una "persecución política" originada por sus críticas públicas a la gestión de la presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía.
"Los hechos que llevaron a la presidenta de Ursec a plantear la denuncia inicial ocurren en el marco de un enfrentamiento político con el Dr. Cendoya como consecuencia de sus declaraciones públicas, cuestionando la designación de una exejecutiva de Movistar y el talante autoritario de la Dra. Aramendía", afirmaron.
Cendoya negó rotundamente haber ordenado a Sorrentino destruir papeles. Afirmó que se opuso a la sesión extraordinaria del 3 de junio de 2020 porque el reglamento exige 48 horas de antelación y ya había una reunión ordinaria fijada para el día siguiente. Sus encuentros con Mecol y Sorrentino fueron lícitos y únicamente para informarse de lo ocurrido antes de la sesión ordinaria, sesión en la cual Cendoya terminó convalidando tanto la denuncia penal como el inicio de la investigación administrativa.
En relación a los señalamientos al fiscal afimaron que "la estrategia del fiscal ha sido 'a río revuelto ganancia del pescador', acumulando grandes cantidades de información sin orden lógico ni relevancia probatoria"
Los abogados penalistas Diego Camaño y Rodrigo Martinez defienden a Aparna Soni
Sobre radio Palmitas, la posición de la defensa es que recibió una llamada del subsecretario del MIEM, Edgardo Ortuño, advirtiendo que la regularización de la radio estaba avanzada y solo restaba la firma del Poder Ejecutivo (postergada por la veda electoral). La devolución se ordenó para evitar un daño ilegítimo a una radio comunitaria de una localidad pequeña que no tenía otro medio de comunicación, en consonancia con los principios de la Ley de Radios Comunitarias (N.º 18.232) y la Constitución.
En relación a radio Bemba, la defensa señaló que el exceso de potencia de las radios uruguayas fronterizas era una respuesta técnica necesaria frente a las interferencias de radios clandestinas argentinas que violaban la soberanía. En 2018, ante el planteo del inspector, acordaron que la radio iniciara el trámite formal de aumento de potencia, y Cendoya se desentendió del asunto asumiendo que los departamentos técnicos de Ursec y del MEC coordinarían los pasos legales.
Defensa de Varela: "Absurdo jurídico"
La defensa calificó el pedido de condena de abusivo e infundado y pide que sea absuelta. Alegó que nunca pudo acreditar un perjuicio económico al Estado. La defensora Gavazzo afirmó que la Fiscalía le atribuyó una participación secundaria (cooperación) en un concierto criminal cuya autoría material y principal se le adjudica a Sorrentino, pero este nunca fue formalizado ni acusado por estos hechos. Calificó como un "absurdo jurídico" la imputación, ya que jurídicamente no se puede juzgar a un coautor si el autor material del supuesto delito ha quedado exento de reproche penal.
Denunció también que la fiscalía deslizó en su escrito graves suspicacias y especulaciones sobre supuestas irregularidades en el pase en comisión de Varela desde la Udelar y respecto al trámite de aumento de potencia de Uni-Radio (la emisora de la Universidad) gestionado por el entonces rector Rodrigo Arim.
Aseguró que la comunicación de Varela con el MEC respecto a radio Bemba fue una mera solicitud de información rutinaria, inherente a su función de secretaria administrativa, totalmente legítima y carente de cualquier carácter arbitrario.
En relación al intercambio de mensajes con sus compañeros de trabajo tras la trituración, señaló que constituyeron comunicaciones personales normales ante un hecho que ya se había difundido masivamente en la prensa. Destacó que en el allanamiento realizado en su domicilio, no se incautó ningún tipo de documentación original de la Ursec.
Defensa de Mecol: "Víctima de la situación"
Las defensoras Agriela y Gavazzo piden también la absolución de Mecol. Afirmaron que mientras sucedieron los hechos el 1° de junio de 2020, él no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Señalaron que, lejos de ser un coautor, Mecol fue víctima de la situación, dado que se sustrajeron y destruyeron documentos de la oficina administrativa de la Secretaría General (bajo su jerarquía inmediata) sin su autorización ni consentimiento.
Argumentó que en las pericias científicas realizadas a los celulares incautados de Cendoya, Sorrentino y Corbo no existe ninguna mención, mensaje ni referencia que lo involucre en coordinaciones o estrategias de encubrimiento.
En relación a la destrucción física de los documentos del expediente de Comunicaciones Audiovisuales S.R.L. dijeron que no causó ningún perjuicio real a la administración pública ni a particulares, debido a que desde el año 2015 toda la documentación de la URSEC se gestiona y respalda en formato digital.
Afirmaron que el delito de abuso de funciones exige un actuar plenamente doloso y la intención específica de causar un perjuicio. Mecol argumentó que nunca infringió voluntariamente ninguna norma de su cargo ni persiguió un fin perjudicial para el Estado.
En relación al expediente cajoneado destinado a la Chasca, señalaron que Mecol no intervenía en esos trámites porque no eran de su competencia. Agregaron que la polémica publicación del expediente con datos patrimoniales y bancarios sensibles fue una resolución adoptada por la mayoría del Directorio (Gabriel Lombide y Nicolás Cendoya) en aplicación de la Ley de Medios. Mecol se limitó a cumplir órdenes de envío para su publicación y, tan pronto como el Directorio ordenó retirar los datos, él mismo dio la orden verbal de hacerlo.
La defensa señaló con extrañeza que en la primera página del escrito de acusación de la Fiscalía, por un error formal de plantilla del Ministerio Público se le acusa de participar en "un delito de riña con resultado muerte".
