El exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya, planteó que los tres delitos de abuso de funciones que le imputaron en 2022 y por los que ya recibió la acusación, prescribieron, por lo que su defensa pidió que se clausuren las actuaciones en forma definitiva.
Los defensores Diego Camaño y Rodrigo Martínez Ruiz pidieron al juez de garantía Emilio Bacceli que en caso de no admitir su reclamo, establezca la fecha de prescripción de cada uno de los hechos y se suspenda la discusión sobre la admisibilidad de la prueba, según surge del escrito al que accedió El Observador.
Hasta el momento se han celebrado 68 audiencias en las que defensa y fiscalía vienen discutiendo qué prueba ingresará al juicio y cual no y faltan muchas audiencias más por lo que no existe ninguna previsión sobre cuando comenzará el juicio.
Además la defensa pidió que se celebre una audiencia para debatir un planteo de clausura del proceso por violación del plazo razonable ya que Cendoya lleva 44 meses desde que recibió la acusación por tres delitos de abuso de funciones a la pena de 22 meses de prisión.
Cendoya fue imputado en marzo de 2022 y en mayo de 2023 el fiscal Diego Pérez presentó la acusación por tres delitos. El último fue el que tuvo más repercusión mediática: la destrucción de documentación de la Ursec cuando el exsecretario de Cendoya, Gustavo Sorrentino, ingresó a las oficinas y metió en la trituradora los papeles.
El otro hecho corresponde a una decisión arbitraria de ordenar que se le devolvieran los equipos -para que siguieran en el aire- a la radio Palmitas FM que operaba sin habilitación y había sido clausurada por los inspectores de la Ursec. Por último, se lo acusó a Cendoya de darle una habilitación a una radio comunitaria de Salto de un ancho de emisión 80 veces superior a la autorizada por el Poder Ejecutivo, y que por disposición de Cendoya se resolvió no realizar inspecciones a la emisora.
El planteo de prescripción de la defensa
Los defensores Camaño y Martínez Ruiz plantearon que si se toma la pena solicitada por el fiscal de 22 meses de prisión y que el Código Penal establece que exista acusación "será la pena pedida (...) la que se tendrá en cuenta para la aplicación de las reglas que preceden”, se "fijó el término de prescripción en cuatro años".
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Los abogados penalistas Diego Camaño y Rodrigo Martinez defienden a Aparna Soni
De acuerdo con ello, apuntaron a que los hechos por lo que se acusa a Cendoya ocurrieron el 25 de febrero de 2015 (Radio Palmitas), el 6 de diciembre de 2018 (Radio Bemba) y el 1º de junio de 2020 (destrucción de documentos de la Ursec) teniendo en cuenta que el artículo 119 del Código Penal (CP) establece que "el término de prescripción empieza a correr desde el día de consumación”.
Asimismo, el CP establece que se “interrumpe la prescripción" con cualquier otro delito por lo que el hecho de 2015 se habría interrumpido con el de 2018, y este a su vez por el hecho ocurrido en 2020. Tomando ese criterio concluyen que "comenzó a correr de nuevo la prescripción el 3 de junio de 2020 y con la presentación de la denuncia los tres hechos prescribieron el 3 de junio de 2024", señalaron en base a una lectura "más perjudicial" para el imputado.
Agregaron que se podría tomar una interpretación más favorable si se toma la interpretación que sostiene que para que se interrumpa la prescripción por una nueva transgresión penal “cometida”, debería existir sentencia condenatoria. En ese caso al no existir sentencia de condena, los hechos habrían prescrito en 2019, 2022 y 2024.
Por este caso se han dictado otras condenas. En octubre de 2023 la justicia condenó al expresidente de la Unidad Reguladora de la Ursec, Gabriel Lombide a la pena 12 meses de libertad vigilada, una multa de 40 unidades reajustables (65 mil pesos) y dos años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.
En agosto de 2023 la justicia le dio una pena de cinco meses de libertad vigilada al exjefe del Departamento de Contralor de la Ursec, Luis Abascal, como coautor de abuso de funciones por su actuación en el proceso de la radio comunitaria Bemba FM, junto a una multa de $23.955 (15 unidades reajustables) e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por dos años.
Al exsecretario general de la Ursec Oscar Mecol el fiscal lo acusó por abuso de funciones a una pena de 14 meses de prisión, una multa de $ 2.379.000 e inhabilitación especial, mientras que para la secretaria de Cendoya, María Luján Varela solicitó dos delitos de abuso innominado de funciones y pidió su condena a 18 meses de prisión, el pago de una multa de $3.172.000 y dos años de inhabilitación especial.
