Fiscal de Delitos Económicos resolvió archivar la causa por irregularidades en fondo del Sunca en la que hay ocho condenados
La investigación había apuntado a otras personas, como la secretaria de Finanzas del sindicato, Laura Alberti, quien había negado su vinculación con esta estafa y al Partido Comunista pero no se pudo probar
24 de agosto de 2026 21:04 hs
Actividad del SUNCA en el Teatro de Verano / ARCHIVO
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, resolvió archivar el caso vinculado a los desvíos millonarios del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), por el que ya hay ocho personas condenadas, informó a El Observador el abogado denunciante Óscar López Goldaracena.
Rodríguez resolvió archivar las actuaciones porque entendió que no existían pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de más personas ni del vínculo con el Partido Comunista del Uruguay (PCU). Si bien algunos de los condenados apuntaron a que el dinero se entregaba a la secretaria de Finanzas del Sunca (e integrante del PCU), Laura Alberti y al PCU, eso no se logró probar.
Sin embargo, sigue abierta la investigación respecto a otro tema que también involucra al sindicato, referido a irregularidades en las horas solidarias, confirmó el defensor de Alberti, Miguel Mederos. El abogado dijo que está convencido de que esa causa también se archivará "en breve". De todos modos, destacó la noticia del archivo como algo positivo que reafirma lo que siempre sostuvo sobre la no participación de su defendida en la estafa.
Respecto a Fosvoc, las partes fueron notificadas en las últimas horas y el próximo jueves recibirán el dictamen oficial del fiscal, detalló López Goldaracena.
Hasta el momento, por el caso del Fosvoc fueron condenadas ocho personas responsables de las maniobras para desviar US$ 1 millón. Alberti declaró por esta causa el año pasado y había negado estar vinculada a la estafa.
La investigación descubrió dos tipos de maniobras con respecto al Fosvoc. Por un lado se realizaron 193 transferencias irregulares disfrazadas como “pagos a proveedores” y otros rubros.
Una vez que se les notifique a los denunciantes tendrán 30 días para pedir el reexamen del archivo si lo consideran pertinene. López Goldaracena dijo que lo analizará una vez que estudie los argumentos.
