"El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a estadounidenses. Por eso, hoy, Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegal, cortándole los recursos y paralizando su capacidad de operar", señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Rubio insistió así en el rechazo del gobierno de Trump a la idea de que la CPI, que juzga crímenes de guerra y genocidio, pueda procesar a ciudadanos, militares o líderes políticos estadounidenses. En los últimos años, la corte ordenó la captura del presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
"Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, que aseguró que tanto republicanos como demócratas coinciden en esta apreciación. "Ambos partidos están de acuerdo en esto, pero solo el presidente Trump tiene la determinación necesaria para tomar las medidas que se requieran para acabar con esta amenaza de una vez por todas", dijo.
"O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI", aseguró Rubio, que instó a los aliados de Estados Unidos que pertenecen al tribunal y "dependen de los militares estadounidenses para su defensa" a que lo controlen, advirtiendo que, de lo contrario, Washington seguiría trabajando para desmantelar la CPI "ladrillo por ladrillo".
La reacción de la Corte
La corte rechazó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos y afirmó que "la historia juzgará este momento". Las sanciones constituyen "un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley", declaró la CPI en un comunicado.
La administración Trump ya había sancionado anteriormente a funcionarios individuales de la CPI, incluido su fiscal jefe Karim Khan y varios jueces, por las investigaciones del tribunal que involucraban a Estados Unidos e Israel, que tampoco es miembro.
"La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en beneficio de las innumerables víctimas de delitos graves", afirmó su presidenta, Tomoko Akane.
La decisión se produjo el mismo día en que el Comité Noruego del Nobel otorgó el premio a Pillay, una jurista de 85 años que encabezó el tribunal para el genocidio de Ruanda, sirvió en la CPI y posteriormente dirigió una comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza.
Al anunciar el Nobel de la Paz para la sudafricana, el presidente de Comité, Jørgen Watne Frydnes, advirtió que el derecho internacional está sometido a una enorme presión y que cada vez gana más terreno lo que describió como una "política de poder". "Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad", añadió.
La jurista sudafricana Navi Pillay
AFP
Tras enterarse de que había ganado el premio, Pillay bromeó diciendo que al principio no estaba del todo convencida de que la noticia fuera cierta. "Esto debe ser una broma", dijo en un discurso improvisado ante un pequeño grupo de personas que aplaudían. "Sus aplausos significan todo para mí. Pero, como abogada y jueza, todavía quiero verificar esto", prosiguió.
"Si aplauden un poco más, tal vez comparta este premio con Trump", bromeó, en una aparente alusión a la decisión de la ganadora del año pasado, la opositora venezolana María Corina Machado, de entregarle su medalla al presidente estadounidense en enero. Trump, que dice desde hace tiempo que se merece el Nobel de la Paz, insistió esta semana en que debería recibirlo porque evitó "la destrucción total del mundo".
La disputa de Trump con la CPI
La tensión entre Trump y la corte con sede en La Haya se remonta a su primer mandato. En 2018 dijo ante la Asamblea General de la ONU que la CPI no tenía "jurisdicción, ni legitimidad, ni autoridad" sobre Estados Unidos. Y después de que en 2020 la corte avanzara en una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos por EEUU en Afganistán, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el tribunal era "una institución política que no rinde cuentas y que se hace pasar por un organismo judicial".
Pero el enojo del republicano se incrementó al volver el año pasado a la Casa Blanca, tras la decisión del fiscal jefe Karim Khan de iniciar una investigación en la CPI por crímenes de guerra en relación a las acciones de Israel en Gaza, tras la guerra desatada por el ataque de Hamás sobre territorio israelí de octubre de 2023. En el marco de esas pesquisas, la corte emitió a fines de 2024 órdenes de captura contra Netanyahu, aliado de Trump, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, así como contra un comandante de Hamás.
Pocas semanas después de asumir, durante una visita del premier israelí a Washington, Trump emitió una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional, acusándola de "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel". La Casa Blanca acusó a la CPI de imponer restricciones al derecho de Israel a la legítima defensa, y de ignorar a Irán y a los grupos antiisraelíes.
El gobierno impuso así restricciones financieras y de visado a las personas que colaboren en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados. Entre los sancionados estaban Khan, sus dos adjuntos y seis jueces del tribunal. Y unos meses más tarde también sancionó a Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, quien denunció a Israel por genocidio en Gaza.
