El organismo recaudador intensificó en las últimas semanas sus operativos de control fiscal tanto en Montevideo como en distintos puntos del interior del país
Gastón Lapaz en Todo un tema
Foto: captura YoutubeLa Dirección General Impositiva (DGI) puso en marcha un operativo a nivel nacional enfocado en detectar subfacturación y posibles incumplimientos fiscales en comercios.
Durante su participación en el programa Todo Un Tema del canal de streaming de El Observador, el abogado tributario Gastón Lapaz, del estudio Bragard, profundizó en los aspectos clave de estas fiscalizaciones, los márgenes de defensa legal y el impacto de la digitalización en la recaudación.
El organismo recaudador intensificó en las últimas semanas sus operativos de control fiscal tanto en Montevideo como en distintos puntos del interior del país. La estrategia responde a un análisis automatizado de datos y alertas tempranas sobre inconsistencias en la facturación de los contribuyentes, especialmente en sectores vinculados al consumo final.
Consultado sobre el trasfondo de estas medidas, Lapaz explicó que la administración actual ha priorizado la eficiencia en la recaudación mediante herramientas tecnológicas avanzadas, destacando que el sistema de facturación electrónica permite al fisco realizar cruces de información complejos de forma previa a la visita inspectiva.
El especialista señaló que las inspecciones actuales no surgen de manera azarosa, sino que se apoyan en un trabajo previo de análisis de riesgo fiscal.
"Hay mucha información que la DGI ya la tiene porque hoy, con la facturación electrónica que está al 100%, la DGI tiene armado un caso en lo previo porque ha cruzado información", indicó Lapaz durante la entrevista en El Observador. El experto añadió que el organismo cuenta con listados específicos de proveedores observados, lo que dispara alertas automáticas ante cualquier vínculo comercial irregular.
Asimismo, la DGI vigila de cerca aquellas situaciones donde los contribuyentes declaran precios por debajo de mercado o realizan operaciones marginales para mantenerse dentro de regímenes tributarios simplificados destinados a empresas de menor porte.
Uno de los ejes centrales de la exposición del abogado giró en torno a las garantías que asisten al contribuyente al momento de recibir una inspección. Si bien el fisco ha evolucionado hacia un perfil más garantista en comparación con décadas anteriores, Lapaz remarcó la importancia de contar con asesoramiento profesional inmediato.
"La posibilidad de decir: 'Mira, quiero esperar que venga mi contador, mi abogado, mi asesor', al menos que haya un tiempo prudencial para atender al inspector respetuosamente y con alguien que conozca de temas tributarios, es fundamental", señaló Lapaz.
En la misma línea, el especialista advirtió sobre los límites en el acceso a la información comercial sensible y los soportes informáticos. Aunque los inspectores cuentan con facultades para relevar datos digitales, el contribuyente tiene derecho a resguardar cuestiones amparadas en el secreto comercial o correspondencia ajena estrictamente al giro tributario.
Lapaz advirtió sobre los riesgos de responder apresuradamente a los requerimientos de los inspectores, especialmente cuando la atención recae sobre empleados o personal que no posee un dominio técnico de la contabilidad de la empresa.
"La persona que en verdad sabe de esto es otra que hoy no está, entonces el que va a responder porque es el que tiene injerencia tributaria es otra persona, por lo que se puede llegar a guardar silencio", explicó, estableciendo un paralelismo con el derecho a no autoincriminarse aplicado al ámbito administrativo y penal tributario.
El experto aclaró que la visita de la DGI no se traduce automáticamente en una sanción económica severa, sino que muchas veces constituye una instancia de regularización o una oportunidad para que el contribuyente presente descargos fundamentados.
El abogado tributario diferenció el comportamiento del contribuyente que atraviesa dificultades financieras coyunturales de aquel que diseña maniobras dolosas para eludir sus obligaciones fiscales.
"No es el mero no pagador que está complicado y que, como no le dan los números, no paga los impuestos; hay empresas que hasta se sofistican con software duplicado. Esos son el tipo de casos donde uno se prepara para no pagar", distinguió Lapaz.
En los casos donde se tipifica defraudación, las multas pueden ascender considerablemente —con recargos que varían entre una y quince veces el monto del tributo adeudado—, además de abrir eventuales escenarios de responsabilidad penal.
Finalmente, sobre las facilidades de pago vigentes, Lapaz reconoció que las normativas actuales contemplan planes de financiación de hasta 72 cuotas, aunque advirtió que el sistema uruguayo no suele instrumentar amnistías fiscales amplias de carácter excepcional, por lo que aconsejó mantener una estructura contable ordenada desde el inicio de la actividad comercial.
