El juez penal de Maldonado Juan Manuel Cabrera concedió al fiscal Jorge Vaz la prórroga para seguir indagando durante un año más a los ediles imputados el año pasado en el caso de corrupción por el que se pagó más de $ 1 millón por ocho obras que no constan como realizadas.
Los ediles del Partido Nacional Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alexandro Infante seguirán sometidos al proceso con medidas cautelares durante 90 días más, como se resolvió en una audiencia que se realizó este martes, informó el portal Puntanews. Esas medidas consisten en que debieron fijar domicilio y no podrán salir del país. Las medidas regirán hasta el 24 de noviembre para Infante y hasta el 27 de noviembre para Correa y Sánchez.
A pedido de Vaz, el juez dispuso también que el Tribunal de Cuentas envíe, en un plazo máximo de 20 días, el expediente administrativo de la auditoría para conocer su tramitación y las razones de la demora en concluir.
Los abogados Federico Graña y Nicolás Pereira, defensores de Infante, se opusieron a la prorroga mientras que su colegas Susana Sotto, por Correa, y Fernando Posada, por Sánchez, no plantearon reparos.
El fiscal Vaz fundamentó que la investigación depende de un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas y que es “indispensable para sostener con solidez técnica la acusación por los delitos de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público”.
“Las situaciones que a nuestro juicio existieron en esta investigación también permiten la plausibilidad de que exista otro tipo de irregularidades, dada la falta total de controles que existía en la Junta Departamental, a nuestro entender, y que es lo que surge de la investigación. Por eso fue que se solicitó esta auditoría”, afirmó el fiscal según consignó ese portal.
Los ediles fueron imputados en setiembre de 2025 luego de que se descubrieran ocho facturas del año 2023 por obras de reparación del edificio de la Junta Departamental de Maldonado que superaban $1,3 millones, autorizadas por el entonces presidente del organismo, el nacionalista Correa, y que habían sido encargadas a una misma empresa.
La investigación descubrió que ese dinero, equivalente a unos US$ 32.700, fue a parar a la cuenta bancaria del hijo del anterior presidente de la Junta Departamental, también del Partido Nacional Sánchez, y que el dueño de la empresa Ramón Sosa declaró que nunca trabajó para la junta. Además contó que conocía a Sánchez y este le había pedido unas facturas vacías prestadas.
Ello, sumado a que otros jerarcas de la junta declararon no tener conocimiento de esas obras o no recordar que se hubieran realizado permitió al fiscal Vaz pedir la imputación por los delitos de fraude (engaño a la administración en provecho propio o de terceros) y falsificación ideológica (por haber inventado las obras y los montos).
A esa estructura sumó “la ausencia total de expedientes administrativos, motivación, publicidad o concurrencia de oferentes en las contrataciones”, dijo el fiscal en la audiencia de este martes.
Vaz argumentó que se está ante “una maniobra concertada y sostenida en el tiempo entre funcionarios públicos y particulares, con pluralidad de imputados y de hechos”.
Al resolver, Cabrera consideró suficientemente acreditada la excepcionalidad exigida por el artículo 265. El juez entendió que Fiscalía había realizado “una alegación más que suficiente” para demostrar que la demora de la diligencia pendiente no obedecía a falta de actividad del Ministerio Público.
En relación al planteo de la defensa de Infante, respondió que se trata de determinar si el informe es pertinente, admisible y para qué puede utilizarse corresponde a una discusión posterior, eventualmente en la audiencia de control de acusación, y excede el objeto de la instancia en la que debía resolver sobre la extensión.