La jueza Gabriela Azpiroz entendió que la fiscalía logró acreditar los hechos e hizo lugar al pedido de imputación. Se resolvió que por 90 días los ediles del Partido Nacional deban fijar domicilio, se presenten semanalmente en la seccional policial más cercana y tengan prohibido salir del país. Además el fiscal Vaz pidió que se notifique la resolución a la Corte Electoral para que se evalúe la suspensión de la ciudadanía.
Vaz fundamentó en que no había sospechas de que puedan obstaculizar la investigación, ni existía peligro de fuga.
Los defensores Fernando Posada, en representación de Sánchez, y Álvaro Garcé, en defensa de Correa, apelaron la imputación pero estuvieron de acuerdo con las medidas cautelares dispuestas.
Las pruebas de la corrupción: "Se inventaron montos, se inventaron obras"
El fiscal Vaz concluyó que Correa y Sánchez "montaron una operativa para engañar y dañar económicamente a la administración". Responsabilizó a Sánchez de conseguir las facturas de una empresa que "llenaron a piacere, se inventaron montos, se inventaron obras. Correa aprobó las obras y ordenó los pagos sin controles de ningún tipo y terminaron en el bolsillo del señor Sánchez".
Además de cometer delitos, los acusó de cometer corrupción, "ya que hicieron uso indebido del poder público para obtener directa o indirectamente un provecho para sí o para cualquier otro".
En la audiencia penal, que fue transmitida por el canal de Youtube de la Asociación de la Prensa, el fiscal Vaz relató que los presidentes de la juntas departamentales son los ordenadores primarios, lo que significa que tienen la potestad de contratar y pagar por trabajos. En ese marco fue que Correa, siendo presidente entre noviembre de 2022 a noviembre de 2023, dispuso la contratación de la empresa Ramón Sosa para realizar ocho obras que totalizaron $1.191.913.
Ediles de la Junta de Maldonado imputados
Las obras que autorizó Correa fueron desde febrero a julio de 2023 y consistieron en: servicio de luminaria, reparación de luminarias externas, cambio y preparación de luminarias exteriores del estacionamiento 1, reparación de humedades en oficinas, arreglo en fachada exterior, reparación en pluviales y desagües, reparaciones varias en bancadas del Partido Nacional, reparación de humedades en bancada grande. Cada factura era por un monto de entre $ 124.000 a $ 175.300 (la más cara).
Relató que en el reverso cada factura tenía en forma manuscrita anotada una cuenta del BROU que pertenece a Facundo Sánchez, hijo del edil José Luis Sánchez (presidente de la Junta entre 2020 al 2021). Vaz explicó que en lugar de pagarle a Ramón Sosa, el dinero de las supuestas obras fue a la cuenta de Facundo Sánchez.
Al declarar en fiscalía, Sánchez hijo afirmó que "en determinado momento su padre le pidió el número de su cuenta porque así la junta le pagaba dinero por servicios que prestaba como edil. No le llamó la atención ya que el padre trabajaba en la junta", leyó Vaz.
Sin embargo, dijo que luego de un problema familiar que tuvieron confrontó a su padre y el edil le admitió que "era una maniobra por servicios que no se hacían" y que el dinero "se repartía, en teoría, con otras personas".
Vaz aclaró que mediante levantamiento de secreto bancario y tras acceder a los estados de cuenta verificaron que Sánchez hijo envió ese dinero a su padre.
En tanto Infante (presidente entre 2023 y 2024) dispuso el pago de un supuesto hidrolavado del edificio por $ 115.400 que se le pagaron a Javier Gutiérrez, quien declaró que le pidió trabajo al blanco y que presentó una factura de la empresa Ramón Sosa para cobrar. Además, el propio Infante presentó un audio en el que Sánchez le pedía agilizar el pago de una factura de $168.000, también a nombre de Ramón Sosa y que se depositó en la cuenta de Facundo Sánchez.
La investigación probó que en total el edil Sánchez recibió $1.307.000.
Por su parte, Ramón Sosa declaró que conoce a Sánchez de San Carlos, que tiene un servicio de reposeras en la playa y el edil tenía un quiosco pero jamás trabajó en la junta y sostuvo que el político le pidió unas facturas en blanco "para cobrar unos trabajos".
El fiscal Vaz relató también que citó a la secretaria general de la junta, a la directora general y al director de mantenimiento y todos coincidieron en que se recibieron las facturas pero no sabían que las obras se hubieran realizado.
Vaz hizo especial hincapié durante su relato en que se violaron las normas de la administración pública al no realizarse llamado a precios, en no hacer ningún expediente por las obras, en no publicitarlas sino en realizar compras directas lo que –a su juicio– era un fraccionamiento irregular del gasto.
El debate con la defensa sobre si las obras se hicieron o no
Los defensores Posada y Garcé aseguraron en la audiencia que las obras se realizaron y apuntaron contra el fiscal por tomar parcialmente lo declarado por otros jerarcas de la Junta.
"Se quiere hace ver que las obras no se hicieron. Se hace referencia a que las personas no confirmaron que las obras se hicieron. Me pregunto en qué momento dicen qué testigo estas obras no se hicieron. Dijeron ´no me consta´, ´no vi´, la carga de probar que las obras no se hicieron es de fiscalía", dijo Posada.
En tanto, Garcé dijo que Correa autorizó esas obras porque habían sido recomendadas por el arquitecto Claudio Rodríguez y que constan en una lista que el profesional había realizado durante la pandemia. Además planteó "preocupación" de que se le atribuyera a los testigos cosas que "no dijeron".
En ese sentido, citó palabras textuales del jefe de mantenimiento Gustavo González, de la secretaria general Susana Weim, quien declaró "haber visto vestigios de materiales de obra durante el período". "Ambos dijeron que era común que los trabajos se realizaran fuera de horario para no perturbar el funcionamiento de la junta", añadió.
Recordó también que Correa mostró fotos en las que se ven las obras que se estaban realizando y señalo que la fiscalía no llegó al fondo en esa línea.
Además, Posada dijo que el fiscal basaba su acusación en observaciones administrativas y no en hechos delictivos. El abogado citó una consulta al catedrático de Derecho Administrativo y exministro del gobierno de Luis Lacalle (1990-1995), Augusto Durán Martínez, contratada por la Junta de Maldonado que señalaba que Correa actuó correctamente al ordenar esos gastos. Vaz dijo que se le pagó US$ 18.000.
Según el defensor, el profesor justificó que cada gasto se realizara por separado por responder a diversas necesidades, y que todo fue debidamente controlado por el contador delegado del Tribunal de Cuentas. "En definitiva estamos discutiendo en una audiencia penal cuestiones de resorte administrativo", dijo.
Garcé por su parte, planteó como una causa de nulidad que la fiscalía no haya aclarado las medidas cautelares que pediría previamente, lo que fue rechazado por la jueza Azpiroz quien dijo que eso se discute en la audiencia de formalización de la investigación.
Luego de un intercambio entre fiscalía y defensas que llevó a Posada y Garcé a aclarar que no acusaban a Vaz de mentir sino de tomar parte de los testimonios de los testigos, la jueza falló haciendo lugar al pedido de la fiscalía.
Repercusiones políticas
Ante la imputación de los ediles, el directorio del Partido Nacional resolvió suspender a Correa, Sánchez e Infante en sus derechos partidarios, lo que implica que no podrán ocupar ningún cargo en nombre del partido.
Antes, había tomado la misma decisión la Comisión Departamental del Maldonado del Partido Nacional que expresó “profunda tristeza y pesar” tras las imputaciones contra los nacionalistas.
También había recomendado el “pasaje de todos los antecedentes del caso a la comisión de ética de la departamental nacionalista, así como también al directorio del Partido Nacional, exhortando a los involucrados a que concurran a ese ámbito también para dar las explicaciones que sean pertinentes”.
