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4 de septiembre 2025 - 5:00hs

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) destinó un total de $1.249.947 (unos US$ 31.000) al desarrollo y funcionamiento de su aplicación para celulares. La información fue entregada tras un pedido de acceso a la información pública presentado por el abogado Matías Jackson, en el marco de la ley 18.381.

La aplicación fue desarrollada completamente por personal interno del Departamento de Análisis y Programación, perteneciente a la División Informática.

Los montos se dividen en dos componentes: la compra de una Apple MacBook por $109.350, destinada a generar versiones para iOS, y un pago de $1.140.597 al Centro de Ensayo de Software, empresa contratada mediante llamado público para realizar pruebas de seguridad externa. No se registraron otros costos fuera del presupuesto base institucional, y no se contrataron empresas privadas para desarrollo, diseño o soporte.

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No se asignaron personas fijas al proyecto, sino que el trabajo se organizó por sprints, de acuerdo a la disponibilidad y prioridades internas. Los sprints son una metodología común en proyectos de software; consiste en ejecutar un proyecto en un período corto durante el cual se planifican y ejecutan tareas específicas.

Según estimaciones internas, en 2022 se dedicó al desarrollo un volumen de trabajo equivalente al de casi dos personas durante todo el año. En 2023 y 2024, ese tiempo bajó a poco más de una persona por año. En términos globales, esto representó entre el 9% y el 18% del tiempo total disponible del equipo técnico.

En cuanto al origen del proyecto, la CJPPU indicó que no existió una resolución directa del Directorio que ordenara el desarrollo de la app. La iniciativa surgió de una propuesta realizada por un director en una sesión del directorio el 30 de diciembre de 2021, quien sugirió la conveniencia de contar con una aplicación institucional. Días más tarde, el gerente general pidió al área informática que evaluara la viabilidad del desarrollo, aunque el proyecto no estaba contemplado en el plan estratégico vigente en ese momento.

La inclusión formal del desarrollo en la planificación institucional recién ocurrió en agosto de 2024, cuando el directorio aprobó el Plan Estratégico 2024–2026, que incorporó oficialmente la app como uno de sus proyectos, según consta en el acta 156 del 22 de agosto de ese año. Posteriormente, se aprobaron bases para el llamado a testing de seguridad, y se adjudicó su ejecución al Centro de Ensayo de Software mediante resolución del 14 de noviembre de 2024.

Funcionalidades, uso inicial y servicios disponibles

La aplicación fue publicada en las tiendas móviles el 27 de junio de 2025. En el primer mes fue descargada por 4.562 personas, lo que representa menos del 10% del total de profesionales en ejercicio, estimado en unos 65.000 usuarios potenciales.

En ese mismo período se realizaron 4.796 trámites a través de la app, incluyendo certificados, constancias, pagos y consultas. Los registros indican 3.109 visualizaciones de carrera, 457 certificados de estar al día, 440 historias del afiliado, 243 constancias de registro, 250 actualizaciones de contacto, 61 constancias para convenio con BSE y 193 pagos, por un total de $2.699.851.

La CJPPU indicó que el detalle de la asignación de recursos técnicos por proyecto puede consultarse en las memorias anuales publicadas en su sitio web. Asimismo, se señaló que durante los años previos el área informática priorizó proyectos incluidos en planes estratégicos anteriores y, en 2023 y 2024, enfocó recursos en reformas legales en curso.

¿Fue cara la aplicación de la Caja?

Si bien no se publicó un detalle técnico del alcance funcional de la aplicación, ni tampoco documentación con desglose de horas o tareas realizadas, un experto consultado por El Observador explicó que primero se realizan pruebas funcionales, que verifican que la aplicación cumpla con lo que debe hacer. Luego se efectúan las pruebas de seguridad, donde se simulan ataques o vulneraciones para detectar posibles fallas. Estas últimas, conocidas como pentest, suelen ser realizadas por uno a tres técnicos especializados.

Sobre este punto, señaló que un test de seguridad bien hecho por un equipo reducido puede costar mucho menos, y que un monto cercano a 30.000 dólares es inusual.

Algunos expertos experimentados en el rubro de la ciberseguridad aseguraron que el desarrollo es "caro", al considerar que no se explicita el alcance del trabajo ni el detalle de las pruebas incluidas en el proceso. “No está itemizado ni el testing ni una factura que describa las horas que tomaron”, sostuvo uno de ellos, que prefirió mantener el anonimato.

Otro experto señaló que el bajo nivel de uso en relación al universo de profesionales afiliados hace que el proyecto no parezca "justificable". “Para hacer lo mismo que ya se puede hacer en la web, considerando que la Caja está en crisis desde hace años. No tiene sentido”, indicó.

Situación de la Caja de Profesionales

El desarrollo de la aplicación coincidió con un momento especialmente crítico para la Caja de Profesionales Universitarios, cuya situación financiera se encontraba al borde del colapso. En 2024, los ingresos operativos fueron de $19.924 millones, pero los egresos superaron los $21.308 millones. Ese desequilibrio no fue un hecho aislado: entre 2020 y 2024, la institución acumuló un déficit equivalente a unos US$189 millones, y las proyecciones advertían que las reservas financieras se agotarían en 2025, mientras que las reservas totales —incluidas las no financieras— se agotarían un año después, informó El Observador en marzo.

Frente a esta emergencia, el Parlamento aprobó una ley de reforma en ambas cámaras con el objetivo de estabilizar la caja. La norma implicó ajustes en los aportes de activos y pasivos, además de una inyección de recursos desde Rentas Generales.

Pese al escenario de crisis, la Caja logró pagar en tiempo y forma el 100% de las jubilaciones, pensiones y salarios correspondientes a julio, revirtiendo una posible fragmentación en dos cuotas. Ese cumplimiento fue posible gracias al respaldo financiero del Estado, canalizado tras la aprobación parlamentaria.

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