Stella Rey fue enviada a prisión por el rol que jugó en el desvío de dinero del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Se aprovechó que, como encargada de pagar los sueldos a las 15 o 16 personas que trabajaban en el fondo, tuviera acceso a la cuenta del BROU, para encomendarle que transfiriera sumas de dinero a 14 sindicalistas, disfrazando esos montos como “pagos a proveedores” y otros rubros.
En total llegó a realizar 193 transferencias irregulares por $ 35.627.581 y US$ 17.500 –cerca de US$ 1 millón-. Los destinatarios eran los tres sindicalistas ya condenados en junio: Víctor Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bartolio; pero también otros doce: Carlos Larrosa, Robert Martinez, Juan Ortiz, John Fernández, Alejandro Lyon, Diego Almeida, María Cuello, Viviana Vidal, Andy Raimond, Nicolás Mañana, Miguel Duarte, Pilar Ferreira Cuello.
La investigación, que continúa y en las próximas semanas tendrá más imputados, detectó que esas personas que recibieron el dinero que les transfería Rey se lo entregaban por transferencia o en efectivo a Bertolio “o a una tercera persona” que es indagada en la causa y que la fiscalía omitió mencionar en la audiencia que presenció El Observador.
Según declaró Rey, y este martes lo confirmó en audiencia en la que pidió la palabra, en 2024 pasó por un momento familiar complicado debido a que su hija, de 24 años, que desde hace diez está en tratamiento psicológico, enfrenta un consumo problemático de drogas. Como consecuencia llegaba tarde y la estaba pasando muy mal por lo que Bertolio, que “siempre la apoyó”, le ofreció ganarse un extra si realizaba esas transferencias y fue quien le dio las cuentas a las que debía transferir el dinero. Él negó esa versión.
Como consecuencia del acuerdo con Bertolio, Rey cobraba “semanalmente un dinero” y llegó a recibir $ 3.950.000 (casi US$ 100 mil). Ese dinero fue decomisado y será destinado a la Junta Nacional de Drogas, dijo la fiscal Gabriela Gómez, del equipo de la fiscalía de Delitos Ecomómicos de 3er Turno a cargo de Gilberto Rodríguez. También integran el equipo fiscal Silvia Monzón y Agustín Majó.
Cuando la trabajadora que suplantó a Rey durante la licencia advirtió esos giros llamativos y se le pidió explicaciones, Rey dijo que no tenía los balances porque la tarea administrativa estaba atrasada. Para que no se detectaran los pagos había eliminado los mails que le llegaban del banco con las notificaciones de las transferencias.
Sin embargo, luego de ser indagada aceptó colaborar con la fiscalía y entregar toda la información que permitió comprobar la maniobra, al menos en los aspectos que la involucraba a ella. Eso fue lo que le permitió obtener una reducción de la pena y declararse culpable.
El juez de Crimen Organizado Fernando Islas validó el acuerdo y la condenó por los delitos de apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado en la modalidad de posesión y utilización, como informó El Observador.
La fiscal Gómez relató en la audiencia que “direccionó dinero apartándolo de su fin en provecho propio y de terceros" pero además "formó parte de una organización en la que participaron varios actores con distinto desempeño de roles". Agregó que "algunos transferían dinero, otros determinaban a quien, otros lo recibían, otros lo derivaban a terceros, permitiendo que se consolidara en una ruta diseñada con carácter sólido (…) dando carácter de permanencia y regularidad”.
Por último, dijo que Rey utilizó ese dinero para adquirir bienes por lo que "lo incorporó a su patrimonio" y se configuró el delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y utilización (artículo 31 de la ley de lavado). En total la fiscalía encontró “19 productos financieros”, cuentas o tarjetas de los bancos BROU y Santander a nombre de Rey, entre los cuales mencionó una caja de ahorro en el BROU en la que tenía $352 mil que fue bloqueada y decomisado el dinero.
WhatsApp Image 2025-11-11 at 8.47.50 PM
Rey: "Hace muchos meses que indirectamente vengo pagando por el delito que cometí"
Como habían acordado previamente, los defensores de Rey, Héctor Di Giacomo y Luis Marsiglia, no opusieron reparos a la condena ni plantearon que se sustituyera la prisión (el delito cometido ameritaba prisión) aunque podrían haberlo hecho, ya que ella pidió la palabra al juez en la audiencia para pedir que le sustituyeran la medida al plantear una situación familiar delicada.
“Tengo claro que cometí un delito. Si bien en su momento no percibí la gravedad del mismo sino que vine a caer en la cuenta después de que los que habían sido afectados eran los trabajadores de la construcción aportantes y no la empresa para la que yo trabajaba. Hace muchos meses que indirectamente vengo pagando por el delito que cometí", dijo en un tono de voz muy calmo.
Agregó que la trascendencia pública del caso la afectó y la hizo perder "lo único que tenía" que era su reputación y el trabajo de 20 años en el Fosvoc que perdió, ya que en enero pasado, luego de detectada la maniobra, fue despedida.
"Influyeron sobre mí pero yo cometí el delito, yo dejé que influyeran sobre mí", dijo Rey y pasó a contar su dramática situación familiar ya que vive con su madre y su hija en un mismo terreno cada una en una vivienda individual pero dijo que su madre es dependiente por ser sorda y su hija tiene problemas de adicciones. Además dijo que actualmente tiene una orden de restricción hacia mi por una agresión y volvió a agredirla después de esa orden. "A mí me golpeó, me puso un cuchillo en el cuello, no denuncie porque ella se fue y a pesar de todo sigue siendo mi hija".
"Yo quería pedir la posibilidad de tener medidas sustitutivas a la prisión para poder ocuparme de mi madre y no dejarla a merced de mi hija que pierde el control y yo no sé lo que puede llegar a hacer".
Finalmente el juez Islas dejó establecido en el acta que se le pida al INR que se la recluya en una cárcel distinta a la unidad 5 que es la cárcel de mujeres de Colón.
“La investigación sigue abierta para otras personas”
La fiscal Gómez dijo en la audiencia que vienen siendo indagadas otras personas, entre ellos varios de los que recibieron las transferencias por parte de Rey, pero no todos. Según supo El Observador, algunos casos presentan dudas al advertirse que no tenían responsabilidad penal en la maniobra, por lo tanto la fiscalía está ajustando detalles para determinar a cuántos más pedirá imputar.
Si bien en la audiencia la fiscal no mencionó como lo había hecho al condenar a Rivero, Bertolio y Bernaola, que el dinero fue derivado a las finanzas del Sunca y del Partido Comunista,esa sigue siendo la teoría del caso de la fiscalía.
En este caso no ameritaba mencionarlo porque Rey no formaba parte de esa maniobra sino que su accionar estaba por fuera de esa cadena. Como había dicho la fiscal en junio Rey hacía las transferencias y luego el dinero iba a cuentas de lo que la fiscalía denominó "mulas financieras”, dijo.
Las autoridades entienden que el desvío de fondos era algo organizado y como prueba cuentan con documentos en los que se señala cuánto dinero se debía sacar y en qué momento hacerlo.
En el caso de Larrosa, por ejemplo, uno de los indagados que aún no fue imputado, se confirmó que retiró $ 2.469.560 durante 2024 de una cuenta a su nombre del banco BBVA. El monto más elevado fue el 10 de julio, por $ 300.000. Un día después volvió a la misma sucursal bancaria en Tres Cruces y sacó otros $ 263.500.
Pero además, la fiscalía tiene abierta otra indagatoria sobre el manejo irregular de dinero del Sunca. En este caso se trata del desvío del dinero de las horas solidarias, otro fondo del Sunca por el que se entrega dinero a las familias de un trabajador que muere en un accidente laboral.
La fiscalía había pedido a la Justicia el levantamiento del secreto bancario de las cuentas del Sunca por esa denuncia, como informó El País tiempo atrás, luego de que los familiares de un trabajador fallecido que recibió dinero, se dieron cuenta de que se les otorgó una cifra menor a la que debían recibir. Habian recibido unos $180.000 de menos, había informado el semanario Búsqueda.
La fiscalía ya tiene en su poder un informe bancario sobre estas maniobras, por lo que también tiene previsto avanzar en esa indagatoria en las próximas semanas.
Por su parte, tanto en la audiencia como luego a la salida en rueda de prensa, el abogado del Fosvoc Oscar López Goldaracena dijo que aspiran a que "se sigan determinando responsabilidades" en el caso. Y reitero su intención de recuperer el dinero robado. "Veremos por las vías que vamos a accionar. Entendemos que el dinero debe ser resarcido a los obreros de la construcción", dijo más allá de celebrar la condena de la "ejecutora material" y el trabajo de la fiscalía y la policía dijo que falta saber "dónde fue ese dinero".
