El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Gonzalo Lorenzo, dijo a El Observador que la decisión que tomó el consejo este miércoles de crear un comité de notables para que asesore al Consultorio Jurídico y haga recomendaciones sobre criterios para seleccionar los casos y sobre prácticas docentes, no obedece a la actuación de los docentes como defensores de las víctimas del caso Penadés sino a una preocupación más general sobre el servicio.
Lorenzo dijo que la preocupación que plantearon algunos docentes "viene desde mucho antes" y está vinculada a la notoriedad que tomaron algunos casos mediáticos como Operación Océano, entre otros, pero "no hubo críticas de consejeros al caso Penadés".
El decano dijo que hace dos años se hizo un estudio con el Instituto de Sociología Jurídica para evaluar los criterios con los que se tomaban los casos en el consultorio y que la preocupación de mejora general del servicio se viene conversando desde ese momento. "Si hubo algún comentario sobre casos concretos fue pensado en los estudiantes y las víctimas", agregó.
En la última reunión en la que se aprobó la creación de expertos no se refirió al caso concreto de la defensa de las víctimas del caso Penadés, pero en reuniones anteriores sí manifestó preocupación por la mediatización del caso. En previas reuniones del consejo también se habló sobre la necesidad de que el Consultorio Jurídico explique cómo llegan los casos a Asfavide, la sede donde atiende los casos Juan Raúl Williman y Soledad Suárez.
Si bien el criterio general para tomar asuntos es que las víctimas o los demandantes no puedan pagar abogado particular, hay casos que se toman por "un extremo interés docente" pero aún en esos casos "debe existir algún tipo de criterio general", dijo el decano.
Consultado sobre por qué se toma ahora la decisión sobre el consultorio si el tema venía desde hace dos años dijo que ahora el "elemento determinante" fue la carta del Colegio de Abogados (CAU) planteando aspectos éticos del ejercicio de la profesión. El CAU preguntó “en qué medida se tienen en cuenta los criterios generales del Código de Ética para la abogacía Uruguaya” y cuáles son “los mecanismos de control que ha implementado la facultad” para que esos criterios se cumplan.
Como informó El Observador, a raíz de esa carta este miércoles el consejo de la facultad resolvió crear “un grupo asesor externo de expertos que tendrá entre sus cometidos pronunciarse sobre “los requisitos de admisión de casos”, sobre las “condiciones para atender casos de interés académico” y “mecanismos para instrumentar su admisión”, ”condiciones y formas de comunicación mediática de casos por parte de docentes”, y sobre “la admisión de casos con repercusión institucional”.
El grupo estará integrado por el exdecano de la facultad (2000-2006) Alejandro Abal Oliú, el exdocente de Procesal Rafael Biurrum, y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Leslie van Rompaey.
La resolución fue aprobada por siete votos de nueve, con los votos en contra del consejero Juan Ceretta, que representa al Movimiento Universitario Renovador y es la cara mediática del Consultorio Jurídico, aunque el director es el profesor de Técnica Forense, Hugo Barone. Los dos representantes de Frezelmi por los estudiantes y por los docentes se retiraron de sala para no votar.
Junto a Ceretta (grado 3 de Técnica Forense) que hace años viene teniendo exposición pública por los amparos que ha iniciado contra el Estado por temas de acceso a medicamentos, han tomado notoriedad los docentes Juan Raúl Williman y Soledad Suárez por su defensa de las víctimas de Operación Océano y por defender a Romina Celeste Papasso y a otros denunciantes en el caso de explotación sexual contra el exsenador Gustavo Penadés.
En total hay 23 grupos de técnica forense en los que los estudiantes junto a docentes hacen prácticas del ejercicio de la profesión. El grupo de Ceretta es el Laboratorio de Casos Complejos de Derechos Humanos -se ha especializado en los amparos por temas de salud- y también se desempeña en la Clínica de Litigio Estratégico que lleva adelante juicios colectivos, como el que iniciaron contra el proyecto Neptuno de infraestructura hídrica. A su vez, Williman lidera junto a Suárez, el grupo que asiste a víctimas de delitos que trabaja en convenio con el Ministerio del Interior y Asfavide (Asociación de Familiares de Víctimas de la violencia)
