El Consejo de la Facultad de Derecho de la Udelar aprobó en su reunión del miércoles la creación de un comité de expertos que asesorarán en el proceder del Consultorio Jurídico de la Udelar, con el objetivo de que recomienden y tomen posturas sobre determinadas prácticas docentes.
La decisión se tomó días después de que el Colegio de Abogados enviara una carta al decano, Gonzalo Lorenzo, cuestionando los lineamientos éticos de los docentes en el manejo de los casos que atienden.
La resolución, a la que tuvo acceso El Observador, establece que se crea “un grupo asesor externo de expertos a efectos de recomendar las mejores prácticas en materia de atención a consultantes del consultorio jurídico de la facultad”.
En cuanto a las tareas que se le encomiendan a este comité de expertos, según detalla la resolución, se le asigna pronunciarse sobre “los requisitos de admisión de casos”. Este punto, especifica, se tuvo en cuenta a partir de las preguntas esgrimidas por el Colegio de Abogados.
Entre otras cosas, también se le pide al nuevo comité pronunciarse sobre las “condiciones para atender casos de interés académico” y “mecanismos para instrumentar su admisión”, ”condiciones y formas de comunicación mediática de casos por parte de docentes”, y sobre “la admisión de casos con repercusión institucional”.
La resolución designa al abogado Alejandro Abal Oliú, que fue decano de la Facultad de Derecho entre 2002 y 2006, Rafael Biurrum, exdocente de la Udelar, y Leslie van Rompaey, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia entre 2002 y 2012.
Si bien el comité de expertos no decidirá oficialmente sobre el quehacer del Consultorio Jurídico, su voz será tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones internas en la Universidad.
La semana pasada, El Observador informó que el Colegio de Abogados había enviado una carta al decano de la facultad, en la que consultaba si se controlaba la ética del Consultorio Jurídico de la Facultad, y cuáles eran los criterios sobre la mediatización de los casos.
Dentro de la facultad hay quienes tienen reparos con la exposición que han tenido los docentes Juan Raúl Williman y Soledad Suárez al defender a Romina Celeste Papasso y otros denunciantes en la causa judicial contra el exsenador Gustavo Penadés por explotación sexual de menores.
La resolución que da forma al nuevo comité de expertos fue aprobada en siete votos de nueve, con los votos en contra del consejero Juan Ceretta, que representa al Movimiento Universitario Renovador y es una de las caras más visibles entre los docentes del Consultorio Jurídico, y el del docente representante de la agrupación Por los Principios.
Se retiraron de sala para no votar los dos representantes de Frezelmi por los estudiantes y por los docentes.
Para argumentar su voto a favor, el decano de la facultad, Gonzalo Lorenzo, dijo que el Consultorio Jurídico, así como otros espacios de la Universidad, son “autocomplacientes”, por lo que es necesario tener una visión externa sobre su funcionamiento. Además, recalcó que se trata de un “grupo asesor” y que no va a “afectar” la “autonomía” ni la “libertad de cátedra”.
Como contrapartida, Ceretta consideró que no correspondía recorrer caminos por fuera de la institucionalidad de la Udelar y que las cuestiones universitarias deben ser debatidas y resueltas en los "ámbitos internos del cogobierno".
Ante esto, Ceretta impugnará la decisión ante el Consejo Directivo Central, órgano máximo de la Udelar.
Las posturas ante la mediatización de casos del Consultorio Jurídico y el caso Penadés
En reuniones anteriores, los integrantes del Consejo de la Facultad de Derecho han manifestado reparos con respecto a la actuación del Consultorio Jurídico de la Udelar, sobre todo a partir del alto perfil mediático que tomó con la defensa de Romina Celeste Papasso y otros denunciantes en la denuncia contra el entonces senador Gustavo Penadés por explotación sexual de menores.
El decano, por ejemplo, ha sugerido la pertinencia de poner límites o requisitos que definan qué casos puede tomar el Consultorio Jurídico y cuáles no, incluso para aquellos que pueden escalar ante organismos internacionales, así como también la necesidad de marcar límites para el manejo mediático de casos que involucran a la Udelar. Como ejemplo, usó la referencia al docente Juan Raúl Williman con la defensa de Romina Celeste Papasso.
En esto coinciden otros consejeros, que plantean que la mediatización de casos expone no solo a la Udelar sino a las propias víctimas que son atendidas.
