El artículo 140 del proyecto es el que está generando la mayor atención en la cámara de diputados
La Comisión de Hacienda de diputados avanza en el tratamiento del proyecto de ley de competitividad, considerado uno de los prioritarios por parte del oficialismo ya que tiene como objetivo reducir el costo de vida de los uruguayos.
La iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo ya fue aprobada por el Senado con consenso entre los principales partidos y la intención es terminar el año con el visto bueno de diputados, según dijo a El Observador el nacionalista Sebastián Andújar, que preside la comisión.
Andújar señaló que la perspectiva para la aprobación de la ley es positiva y que los legisladores trabajarán en hacerle modificaciones, principalmente a partir de las sugerencias que han recibido de las delegaciones que asistieron al tratamiento.
“Yo aspiro a que sea un trabajo entre todos los partidos”, mencionó y planteó que la comisión comenzará a sesionar dos veces a la semana con el objetivo de atender más planteos.
A su vez, habrá una última ronda con el Poder Ejecutivo en la que el objetivo es discutir los cambios, dado que el proyecto –tal como fue aprobado– deja varios puntos abiertos a la reglamentación.
En este sentido, el principal asunto de debate está siendo el artículo 140, que habilita los “importadores subsiguientes de un mismo producto”. Andújar destacó que el artículo tiene el potencial –a mediano plazo– y a través de la competencia comercial, de ayudar a bajar los precios de algunos productos.
La Cámara de Industrias pateó el tablero y pidió eliminarlo bajo el argumento de que el sector enfrenta costos elevados vinculados a energía eléctrica y combustibles, laborales, logísticos, impositivos y a servicios estatales que considera deficientes pese a la presión fiscal.
A juicio de la gremial, avanzar con el artículo generaría una “competencia asimétrica” ya que las importaciones provendrán de países de la región con “costos de producción más bajos, regulaciones menos costosas y más laxas, y distintos estándares laborales y ambientales”.
De hecho, algunos grupos –como los veterinarios– hicieron planteos en este sentido, ya que están a favor del aumento de la competencia pero entienden que en su caso la disposición afectará el estatus sanitario que tiene el país.
El artículo habilita la existencia de “múltiples proveedores para un mismo tipo de producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo”, y establece un procedimiento de registro simplificado en estos casos, por el cual “no se requerirá información que ya está en poder de la autoridad sanitaria o técnica correspondiente”.
El vicepresidente de la Cámara de Especialidades Veterinarias (CEV), Javier Meilán, dijo la semana pasada ante la comisión que omitir exigencias sanitarias “va a afectar tanto la salud animal como la salud pública”.
Meilán consideró que la normativa vigente ya evita un monopolio y que los cambios que se buscan generarán “el ingreso de lotes de productos sin controles” y será imposible “asegurar la calidad, la responsabilidad técnica y la trazabilidad” de los medicamentos.
Previamente, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) había considerado que el plazo de un año desde el primer registro debería “atender la sofisticación del producto”.
“En productos de desarrollo complejo o alto contenido tecnológico, ese plazo podría ser insuficiente para recuperar la inversión realizada, por lo que se sugiere considerar un plazo mayor para esos casos, según criterios objetivos a definir por la reglamentación”, señaló Rafael Ferber.
La Federación Rural, en tanto, dijo que lo apoyaba, mientras que la Cámara de Mercantil promovió cambios en la redacción.
Otros de los que ya asistieron al Parlamento a manifestar su preocupación por el artículo son los integrantes de la comisión de fitosanitarios de la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay.
El delegado Juan Fernández dijo que les preocupaba “profundamente” el artículo ya que “no resuelve los problemas de competitividad que enfrentan las empresas uruguayas, sino que, por el contrario, puede generar efectos muy nocivos y negativos sobre la inversión, la innovación, el empleo industrial y el desarrollo productivo nacional”.
Fernández promovió su eliminación y sino pidió “que se exceptúen los agroquímicos del alcance del artículo 140”.
Si bien están tomando notas de los planteos, el ánimo entre los legisladores de la comisión no apunta a eliminar el artículo sino a evaluar si son necesarias algunas “excepciones”, según supo El Observador.
En este sentido, el especialista Leonardo Veiga del IEEM de la Universidad de Montevideo consideró que era “casi inevitable” que generara resistencias.
Veiga alegó que el efecto final de las normas que promueven la competencia es reducir el precio para los consumidores y generar productos de mejor calidad, algo que se lograba, básicamente, eliminando o disminuyendo las barreras de entradas y permitiendo que nuevas empresas ingresen al sector.
“¿Cuál es el problema y el gran desafío que tienen ustedes como legisladores? Que los verdaderos beneficiarios inmediatos de la ley no van a pasar por esta comisión”, lo que requería a los legisladores un “esfuerzo mayor”.
A su juicio, se ha planteado una serie de argumentos en contra, pero el único “especialmente atendible” refiere al registro de un producto y las exigencias de “costosos ensayos” que se realizan. “Por ejemplo, a una empresa se le exige que tiene que hacer cultivos por uno, dos o tres años para ver los resultados y recién después lo registra, entonces, una vez que lo registró viene otro y registra el producto cuando el gasto lo hizo el primero. Ese es un argumento atendible y la solución creo que es relativamente sencilla: cada vez que se agrega una nueva empresa que se quiere registrar tiene que pagar la cuota parte del gasto a las que ya están registradas”, propuso.