“Cuando se construye vivienda, se está construyendo ciudad”. La frase que suele repetir el subsecretario de Vivienda, Christian Di Candia, resume el concepto que está detrás del último ajuste que el gobierno decidió hacer al plan Entre Todos. A través de un decreto, el Ministerio de Vivienda decidió limitar a un máximo de 100 viviendas por proyecto las que se pueden construir en zonas que “no cuenten con adecuada conexión a la infraestructura básica (red de saneamiento), equipamiento y servicios urbanos necesarios”.
Es que el gobierno busca ser lo más eficiente posible a la hora de construir viviendas con los recursos ya existentes y que las personas que vayan a esas nuevas construcciones estén cercan de servicios (escuela, policlínica, transporte) que puedan responder a la nueva demanda.
Construir en zonas más alejadas de los centros de las ciudades genera varios problemas. Por un lado obliga a llevar los servicios básicos (saneamiento, luz, agua, etc.) hasta allí y eso hace que la inversión pública tenga que ser mayor a que si se hace en lugares en los que esos servicios ya están disponibles. Por otro, las personas pueden quedar aisladas del resto de la ciudad.
“Le solucionas la vivienda a la gente pero lo complicás la vida porque lo alejás de la escuela, la policlínica y el ómnibus”, graficó una fuente del Ministerio de Vivienda para esta nota. Este es un problema que se plantea muchas veces cuando se realizan realojos de asentamientos porque en general están instalados en la periferia de las ciudades donde los servicios no siempre llegan.
¿Y por qué se plantea un límite de 100 viviendas? Desde el Ministerio de Vivienda señalaron dos motivos: muchas veces en las zonas hay servicios (escuela, CAIF, policlínica) pero si de pronto tienen que recibir a 500 o 600 familias no pueden responder a esa demanda. Y por otro, hacer una extensión de un servicio público como el agua para pocas personas no necesariamente afecta la presión de agua de la zona como sí puede pasar si son cientos o miles de familias.
En diálogo con El Observador, Di Candia mencionó el “drama” que están viviendo con un caso en Paysandú como ejemplo de las situaciones que llevaron a tomar esta decisión. En 2024 el gobierno de Luis Lacalle Pou inició intervenciones en ocho asentamientos de ese departamento por las que más de 500 familias iban a ser realojadas en distintas zonas.
Uno de esos realojos fue el del barrio Parkway Sacra que se previó en dos tandas inicialmente pero que luego se le agregó una tercera. Las dos primeras ya fueron culminadas y las cerca de 120 viviendas están habitadas pero la tercera parte del plan está demorada.
Es que las 61 familias que tenían previsto mudarse a esas viviendas –que ya están prontas– no lo han podido hacer porque la conexión de agua no funciona como debería. Hay problemas de acceso y de presión de agua. Las empresas como OSE suelen trabajar el bombeo y la infraestructura a partir de la demanda y las proyecciones que hacen sobre cómo se puede mover la población.
El diputado sanducero del Frente Amplio, Juan Gorosterrazu, aseguró a El Observador que cuando el Ministerio de Vivienda planificó esta intervención en el período pasado, desde OSE ya le transmitieron que en la zona sur del departamento tenían problemas con la presión de agua.
De todos modos, se realizó el realojo y se encontraron algunas soluciones intermedias –como hacer pozos de agua para complementar el agua que llega de OSE– y con eso se logró dar acceso a las dos primeras etapas del proyecto. Sin embargo, para la última etapa todavía no hay una solución porque ni en la proyección inicial de Vivienda ni en OSE ni en la Intendencia de Paysandú, según el diputado, estaba presupuestado una alternativa que permitiera el acceso al agua.
Ante la falta de soluciones, Gorosterrazu dijo que la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, comprometió una partida de US$ 450 mil para poder instalar un tanque que pueda abastecer esa zona. Sin embargo, aun faltan pasos formales (licitaciones, obras, etc.) y no hay una fecha para que las personas se puedan mudar.
Desde la Intendencia de Paysandú, sin embargo, tienen una visión distinta. El líder del gobierno departamental Nicolás Olivera aseguró en diálogo con El Observador que el Ministerio de Vivienda demoró “un año y tres meses” para resolver algo que tendría que haber definido apenas asumido. Y aseguró que ese tanque siempre estuvo previsto porque OSE lo demandaba.
“La gente se empieza a calentar porque ve que sus casas están prontas pero no las pueden ocupar”, dijo Olivera.
Valeria Alegre, una de las vecinas que espera por su realojo, lamentó la demora para solucionar el tema del agua y aseguró que los organismos públicos “se pasan las responsabilidades”. “Nos mandaron a golpear puertas en OSE. Fuimos, hablamos y nos dijeron que ya habían brindado una solución, pero que faltaba que la Intendencia abonara”, dijo en diálogo con radio Paysandú. Finalmente será Vivienda el que se haga cargo del tema pero no hay fecha para una mudanza.
Licuar los costos
El intendente de Paysandú también tiene dudas sobre el límite de viviendas para los proyectos que estén alejados de los servicios básicos y aseguró que es necesario analizar caso a caso. Muchas veces, dijo Olivera, un terreno grande que permita construir muchas viviendas juntas ayuda a licuar los costos de llevar los servicios hasta ahí.
Cuando no hay terrenos en zonas conectadas, muchas veces es más sencillo y más barato hacer muchas juntas que andar haciendo de a pocas casas, señaló Olivera. “Le estamos poniendo obstáculos a algo que ya viene lento”, apuntó el intendente que agregó que durante el período pasado se intervinieron o construyeron 700 viviendas y que este gobierno viene mucho más lento.
De todos modos, el decreto del Ministerio de Vivienda prevé excepciones al límite de 100 viviendas y dice que serán “consideradas y aprobadas” por el Ministerio de Vivienda cuando sean “debidamente fundadas” siempre y cuando se trate de “proyectos declarados de interés” por la cartera.
Otros cambios
El decreto también establece otros cambios vinculados al programa Entre Todos. Uno de ellos es que cambia el rol de la Comisión Evaluadora Técnica y Asesoramiento (CETA) ya que pasa a ser asesor del Ministerio de Vivienda. Antes esa comisión era la que aprobaba los proyectos y los precios máximos. Ahora será el ministerio.
Además, hasta este cambio la garantía del Estado SIGA se podía utilizar en proyectos sin límites de vivienda. Ahora se cambia para que solo aplique a proyectos con un máximo de 30 casas para priorizar a pequeñas empresas.
